Atender la demanda en telefonía móvil, en especial en Internet o datos móviles, así como pasar a un mercado en competencia que sea el que establezca la tarifa al usuario y garantice la rentabilidad de los operadores para responder a esa mayor demanda, son los retos pendientes en el mercado de telecomunicaciones.
Así se explicó este jueves en la mesa redonda sobre el mercado de telecomunicaciones organizada por Ecoanálisis en el Hotel Real Intercontinental.
En el evento Gilbert Camacho, miembro del directorio de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) indicó que la evolución del mercado desde la apertura muestra que hay una alta demanda del mercado de servicios de telefonía móvil y de Internet móvil, así como de mayores velocidades de Internet fijo y móvil.
Además, dijo que la Sutel todavía no ha definido la plena competencia en los 18 mercados relevantes de telecomunicaciones que se han identificado, pues se está haciendo el estudio para determinar si existen las condiciones para tal declaración. "Hemos pasado de uno a 117 operadores", destacó Camacho.
Por su parte, Víctor García, gerente regulatorio de Claro Costa Rica, enumeró los retos existentes en el mercado costarricense: seguridad jurídica, en especial la adecuación de frecuencias; equilibrio para la competencia, un principio básico que existe para consolidar el proceso de apertura; y el fortalecimiento institucional del ente regulador, que le dé la independencia necesaria para actuar técnicamente y que no sea contaminado por factores políticos.
El cuarto reto, y en el cual García se enfocó, es lo que denominó "la libertad del usuarios a elegir".
Según García el actual esquema tarifario -que para su concepto arrastra criterios propios de la época anterior a la apertura e incluso se basa en pliegos tarifarios que vienen desde hace más de 10 años- no refleja la realidad existente en el mercado, limita la posibilidad de innovación comercial a los operadores, afecta la rentabilidad de las compañías para atender la demanda de servicios móviles y restringe las opciones para que un usuario pueda escoger, al homogenizar el mercado.
"Debería ser la competencia la que establezca los precios y no la regulación de las tarifas", dijo García. "El actual esquema (de una tarifa techo) es una camisa de fuerza que limita la innovación, no da margen para la segmentación y establece condiciones obsoletas de operación".
Agregó que tanto el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos como la misma ley de telecomunicaciones establecen que los precios se determinen por medio de la competencia.
Precisamente este jueves la Sala IV realizó la audiencia para conocer la posición de las partes ante un recurso de amparo contra la propuesta de establecer tarifas por descarga en datos móviles.
Distorciones y rezago
Por su parte, José Luis Navarro Vargas, director de la dirección de relaciones regulatorias del ICE, indicó que efectivamente hay un rezago y una serie de distorciones tarifarias que están afectando a los operadores y en la práctica también perjudica a los usuarios.
Navarro recordó que en la década anterior la Aresep no aprobó nuevas tarifas durante varios años, pese a que desde 2006 había un reconocimiento de la misma Autoridad de la necesidad de adecuar los precios, en especial en móviles.
"Las tarifas que teníamos desde el 2001, la Sutel las hizo en máximas para todos los operadores y eso se convirtió en una camisa de fuerza para todos", coincidió.
Agregó que el paso a cobro por descarga hoy se enfrenta a una gran confusión jurídica sobre a quién corresponde determinar cómo se debe cobrar, si a la "Sutel, la Asamblea Legislativa o la Sala IV".
Jorge Abadía, director general de Movistar Costa Rica, señaló que el cambio tecnológico y el avance de las telecomunicaciones es cada vez más acelerado y tiene una dinámica "espectacular".
Abadía enfatizó que la principal brecha que tiene el mercado local es la banda ancha, en relación a otros países y en la cúspide de la pirámide sociodemográfica (donde el 60% tiene banda ancha) versus la base de la pirámide (solo 8% tiene banda ancha).
Indicó que la competencia entre los operadores actuales ha permitido que las tarifas bajen un 75% en banda ancha móvil en los últimos tres años para conexiones de 1 GB, lo que ha favorecido que en el segmento de menores recursos tenga acceso a este tipo de servicios.
"A mediados de 2010, el costo de 1 GB era de unos $20; hoy es de $5", aseguró. "Costa Rica tiene el menor precio en la región latinoamericana. El acceso a la banda ancha móvil ayuda a reducir la brecha digital".
Agregó que en los servicios de prepago se ofrece una serie de servicios más flexibles (por ejemplo, acceso gratuito a Whatsapp por recargas de ₡2.000, en el caso de Movistar) que en postpago, pues en el primer caso hay un esquema de tarifas por descarga. Eso haría, según Abadía, urgente pasar a un modelo de costos similar en postpago.
"La banda ancha móvil es el medio más eficiente, más económico y más útil para reducir la brecha digital, junto con los proyectos de Fonatel", concluyó Abadía. "Todo esto existiendo una flexibilidad tarifaria en postpago para que se pueda tener una mayor penetración de la banda ancha móvil".
Capricho municipal
Abadía indicó que otro de los principales escollos actuales es la decisión de "unos alcaldes y unas alcaldesas" de no permitir la instalación de las radiobases para que los usuarios tengan la calidad de servicio requerida.
"Hay muchas municipalidades que no permiten el despliegue de la infraestructura. No es un tema de regulación, sino de compromiso país y un capricho de esos alcaldes", aseguró.
García, de Claro, dijo que si bien la cobertura no es un diferenciador actual, los opeadores han tenido que ser "creativos" utilizando mecanismos alternos para garantizar el mínimo de servicio.
"Ahí hay una oportunidad para nivelar la cancha. En materia de regulación el mayor problema es el de las tarifas y la distribución del espectro radioeléctrico, la cual es desigual, sobre todo para poder dar servicios de 4G", insistió García.
Navarro, del ICE, indicó que enfrentan las mismas limitaciones -incluso en cuanto al desarrollo de las redes- debido a las decisiones de algunas municipalidades.
"También somos afectados, pese a que ya teníamos las redes instaladas", dijo Navarro. "Tenemos planteados procesos legales contra varias municipalidades por esta situación en que impiden el desarrollo de la infraestructura en sus cantones".
