Que estamos expuestos a que los datos públicos que hay de cada uno de nosotros nos beneficien o nos afecten quedó más que demostrado esta semana, cuando se dio a conocer que la Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado por un hombre divorciado cinco veces.
El recurrente pretendía que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solo mostrara su último estado civil. Argumentó haber perdido oportunidades laborales y que se ha sentido discriminado a lo largo de su vida después que alguien realiza una consulta de su estado civil.
Los magistrados rechazaron la petición y argumentaron a su vez que la información a la que se tiene acceso desde la página electrónica del TSE es de carácter público, se refiere a datos vitales y básicos de una persona, y que esa información no lesiona derechos fundamentales.
Y sí, la consulta en línea al sitio del Registro Civil —que se puede hacer desde un móvil— es más usual de lo que uno puede pensar. Está tan a la mano de cualquier delincuente como de una posible pareja de alguien que quiera verificar con quién se está metiendo.
El mismo Registro Civil brinda un servicio privado denominado Sistema de Verificación de Identidad (VID) que permite a las empresas confirmar si la persona que está solicitando un crédito u otro servicio es quién dice ser.
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En nuestra sociedad, la exposición de la información personal va más allá de las redes sociales. Cada vez que solicitamos un servicio debemos aportar nuestra información y confiamos que sea utilizada solamente con el propósito específico para el cual se aporta, que no vaya a dar al mercado negro de datos, que esté protegida y que tampoco sea utilizada para fines distintos al indicado y autorizado.
Las grandes firmas tecnológicas (Amazon, Apple, Facebook y Google) son cuestionadas actualmente no solo por la amplia cantidad de empresas que controlan directamente bajo sus conglomerados. También hay dudas sobre la cantidad de información que tienen de todos los terrícolas, así como sobre el uso que le dan a esos datos. No es un problema político menor. Tampoco lo es a nivel personal.
Como en todo hay dos caras para cada moneda.
Todos reconocemos que hay ventajas de la disponibilidad de los datos. Siempre hemos reclamado cómo es que las instituciones tienen nuestros datos y cada vez que uno va a un departamento o sección distinta, así sea que se encuentre al lado, hay que repetirles la letanía de informaciones personales e ir varias veces a las oficinas para llevarles copia de los mismos documentos que ya tienen.
En redes sociales y buscadores, cuando son eficientes, se supone que uno solamente vería publicidad, amistades y publicaciones que son de interés. Así debería evitarse todo tipo de spam o información, propuestas de contactos y publicaciones no deseadas. Lo admitimos si en los servicios y análisis se utilizan los datos de forma anonimizada.
En los servicios financieros las entidades bancarias y las fintech hoy nos pueden brindar o negar servicios de crédito personal sin hacernos perder el tiempo, con solo rebuscar entre los datos que tienen de nosotros o entre los que nos obligan a darles la autorización para consultar.
El lado oscuro es cuando la clasificación de una persona que ya canceló una deuda en la que se encontraba moroso se mantiene más allá del tiempo de ley o cuando una empresa de gestión de cobros divulga entre amistades, familiares y hasta en el trabajo que la persona está morosa. Precisamente en estos casos hay normas legales establecidas y bastante jurisprudencia, aunque falta mayor profundidad en la protección de datos de parte de las autoridades.
¿Qué ocurre si un dato personal es usado para un fin diferente al que fue autorizado? Lo que le sucede a dos jóvenes en China, que leí en estos días, nos puede ayudar a ilustrarlo.
Son don muchachas de ese lejano país que firmaron un documento de crédito que estaba solicitando un empresario. Una es su hija y la otra era empleada de confianza.
El hombre les hace ver que la firma del documento es un simple requisito que le piden y que no hay peligro alguno porque su intención, objetivo, fin, meta y destino personal es pagar la deuda. Además, es una deuda del negocio; no es un crédito personal. Todo bien, pero cuando el hombre ve que no va a porder cumplir se largó a un país vecino.
El dinero era de un prestamista, que cobra sus inalcanzables tasas de usura, y quien recurrió a los tribunales para intentar recuperar el dinero. ¿A quién y cómo se lo iba a cobrar ahora? El prestamista no pretendía que les embargarán el salario a las “dos fiadoras”, ya que eso era demasiado considerando que era una transacción del mercado negro. Tampoco tuvo que recurrir ni a empresas de gestiones de cobro ni mandó a sus matones. Sólo esperó.
Ninguna conocía quién había brindado el préstamo y ni se imaginaban que esa deuda les iba a caer a ellas. Tampoco fueron convocadas a los tribunales. No les llegó notificación alguna. No sabían nada de nada. Se enteraron de otra forma.
Una de ellas —que era empleada en otra empresa, desde que el patrón desapareció— tenía que hacer una gira de trabajo. Como en China las distancias son tan largas, la mejor opción era viajar en avión. Cuando va a comprar el tiquete aéreo, la app se lo niega. Le extraña. Luego ve qué pasa. Ahora debe resolver cómo viajar. Opta por el tren bala. Tampoco puede adquirir el tiquete. ¿Qué está ocurriendo?
En ese país los ciudadanos son ranqueados en un sistema de puntos según el cual, entre otras cosas, pueden viajar en avión, en el tren bala, hospedarse en determinados hoteles, utilizar ciertos restaurantes y así. Cuando el tribunal falló a favor del prestamista y en contra de ellas, sin estar presentes ninguna de las dos, esa sentencia les hizo perder puntos. Su única posibilidad es viajar en bus. Y no en los de lujo y menos en los mejores asientos. Hasta eso.
Caer en el ranking por cualquier causa también hace peligrar los empleos actuales. Una de ellas renunció antes que, en la empresa en que estaba, se enteraran y la echaran. Vive de la reventa en aplicaciones especializadas al comercio de segunda. A la otra, la empresa la apoya. Pero ninguna de las dos puede aspirar a encontrar un mejor empleo y aumentar los ingresos para pagar la deuda y salir de ella lo más pronto posible. Es un legítimo callejón sin salida.
Ambas estiman que durarían diez años pagando el préstamo, entregando sus salarios completamente.
Al parecer, según la nota de El País de España, no es el único caso. El gobierno mira para otro lado en el caso del contubernio entre jueves y prestamistas (aunque ya los tribunales han tenido que atender a grupos de personas en situaciones similares por la gran cantidad que están apareciendo).
Del ranking y del uso de datos privados nadie dice nada, pese a que el puntaje también afecta hasta las posibilidades de casarse de las dos muchachas, por ejemplo, y al hijo o hija que tengan, pues el acceso a los centros educativos depende del puntaje que tiene la persona.
Ellas le dijeron a los corresponsales españoles que está bien que la información permita castigar a quienes se lo merecen (como también alguien podría decir que la cantidad de divorcios es un indicador para valorar a alguien para un empleo… y sabemos que no necesariamente). Para ambas hay casos en los que se debe hacer un análisis específico. Aquí está el otro peligro: mirar nuestro propio ombligo.
Ni siquiera se dan cuenta del problema que significa el ranking de ciudadanos que discrimina por puntaje (como en otras sociedades o ámbitos se hace por idioma, origen, religión, color de la piel, ingresos, género y a hasta edad) para usar transporte.
El Estado orwelliano perfecto, aquel en el cual sus ciudadanos no ven la necesidad de limitar las atribuciones de propios y extraños para usar la información privada con fines de discriminación personal, lucro comercial, represión política o segregación social. No basta con decir que hay que portarse bien.