El gobierno se ha excedido en sus funciones y en su planilla. Prueba de ello es que tenemos más de 333 entidades públicas donde la mayoría no cumple función social ni económica alguna. El gobierno está con sobrepeso y hay que ponerlo en línea reduciendo el gasto público como porcentaje de la producción nacional. Un gobierno obeso siempre se traduce en mayores tasas de desempleo, menor crecimiento de los salarios, más corrupción, y menos desarrollo. Aumentar impuestos solo alimentaría la voracidad fiscal y sería una licencia para que el gobierno siga gastando más.
Una manera de poner al gobierno en forma es haciendo lo que se conoce como democratización de la propiedad pública. Esta es una modalidad en el proceso de privatización de la empresa pública donde un 49% de las acciones de dicha empresa pasa a manos de la ciudadanía de manera gratuita. El restante 51% se somete a subasta pública y los ingresos producto de la venta se abonan a reducir la deuda pública y el déficit fiscal. Simultáneamente, con el traspaso de acciones, se abre totalmente el mercado pertinente a la libre competencia.
Los políticos siempre nos han dicho que las empresas públicas como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), la banca estatal (Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Internacional de Costa Rica y el Banco Popular), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), las universidades públicas, etc. son empresas de todos los costarricenses. ¿Es esto es cierto?
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La realidad es que el dueño absoluto de las empresas públicas es el gobierno de turno que dispone de ellas según sus intereses personales. Esto se presta, entre otras cosas, para el abuso o la corrupción y no hay manera de evitarlo. Según el public choice, el político es un ser humano, no un ángel, que busca su propio interés como lo hace cualquier otra persona, sea consumidor o empresario. Por lo tanto, es un error diseñar políticas públicas partiendo de que el gobernante busca el bien común.
Se deduce del public choice que al político le resulta muy conveniente crear empresas públicas porque puede capitalizar las ganancias de manera privada y socializar las pérdidas de estas cuando las trasladan al contribuyente o hacia el consumidor.
También se deduce del public choice que las empresas públicas serán siempre ineficientes e ineficaces per se lo cual explica el por qué ninguna ha podido sobrevivir en mercados libres. La única manera que la empresa pública subsiste es operando en mercados de monopolio u oligopólicos creados por ley. Bien sabemos que cualquier empresa, sea pública o privada, operando en ausencia de libre competencia, generará prácticas abusivas en contra del consumidor o del contribuyente. Ejemplos de estos abusos son las convenciones colectivas, los pluses salariales y los privilegios. Solo en mercados libres, el salario es justo porque es reflejo de la productividad y no consecuencia de la explotación del consumidor o del contribuyente.
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La ineficiencia per se del gobierno lo expongo con detalle en mi artículo: “El gobierno es ineficiente per se y por eso debe ser mínimo”.
Quien es dueño de una empresa tiene una participación en la toma de decisiones, acorde con su participación accionaria. No se puede ser dueño de un bien, sea una casa, un vehículo o una empresa si la persona física no posee un título de propiedad que lo acredite como tal. De igual manera, ser dueño de una empresa significa participar de su capital social. Además, ser dueño de una empresa significa recibir utilidades cuando éstas existan y a la vez poder disponer libremente de las acciones sea para su venta o traspaso.
La idea de democratizar la propiedad pública es hacer realidad que todos los ciudadanos seamos dueños de las empresas públicas.
De manera puntual, la propuesta consiste en:
- Se vende el 51% de las acciones a un solo comprador por medio de subasta pública.
- El 49% restante de las acciones se distribuye gratuita e igualitariamente entre cada ciudadano mayor de edad.
- Una vez hecho lo anterior, y de manera simultánea, deberá: a) Cambiarse la naturaleza jurídica de las empresas públicas para convertirlas en sociedades anónimas regidas totalmente por el derecho privado. b) Se rompe el monopolio, se eliminan privilegios y de eliminan barreras de entrada en dicha industria con el fin de someter a la empresa a la más dura y libre competencia.
La primera pregunta que muchos me hacen ante la propuesta es, ¿por qué no entregar el 100% de las acciones a toda la población en vez de dar una parte a una sola persona jurídica? La respuesta es de carácter práctico. ¿Cómo hacemos para pasar de una administración pública a una privada? Si se repartiera el 100% de las acciones de las empresas públicas a la ciudadanía, es altamente probable que esto causaría incertidumbre ante el futuro incierto de cómo se nombrarían y quienes serían los nuevos administradores. Esto causaría una depreciación innecesaria en el valor de la empresa y esto no tendría sentido. Los problemas mencionados se resolverían fácilmente si el 51% de las acciones se vendiera a una sola persona jurídica.
El ingreso por concepto de la venta del 51% de las acciones se utilizaría para abonar a la deuda pública.
Al distribuir el 49% de las acciones a todo ciudadano mayor de edad, hacemos realidad la idea socialista de que las empresas públicas son de todos los ciudadanos. Una vez que cada persona tenga sus acciones, podrá disponer libremente de ellas, sea conservarlas para recibir dividendos al final de cada periodo fiscal, usarlas como garantía para algún préstamo, venderlas o heredarlas.
Cada persona recibiría 20 acciones por cada empresa pública de modo que se tenga la posibilidad de vender una fracción de la participación accionaria y no la totalidad.
El problema con muchas privatizaciones, como sucedió con el caso de Argentina en la década de 1990, es que se vendieron las empresas públicas sin romper el monopolio y sin someter a la industria a la libre competencia. Esto se hace así cuando el gobierno busca maximizar ingresos a costa del crecimiento y el desarrollo económico.
Una empresa monopólica tiene más valor de venta que una sometida a la libre competencia porque el monopolio permite cobrar precios más altos, con menor nivel de calidad, con niveles de inversión menores y con menos generación de empleo (menores costos). Por tanto, si el gobierno vende una empresa pública sin romper el monopolio y sin someterla a la libre competencia, está maximizando ingresos, pero perjudicando el desarrollo económico, la generación de empleo, la inversión y el crecimiento de los salarios a base de productividad.
Los gobiernos no deben buscar políticas que maximicen el nivel de recaudación fiscal porque el ciudadano no debe vivir para satisfacer cuanto capricho se le antoja al gobierno, sino todo lo contrario. El objetivo del gobierno es que el ciudadano disponga del 100% de su ingreso. Los gobiernos deben limitarse a la razón de su existencia: proteger a los ciudadanos de los delincuentes. Es por esto que los gobiernos deben ser mínimos al igual que los impuestos y la recaudación fiscal.
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Para que sea efectiva la democratización de la propiedad pública, esta debe de venir acompañada tanto del rompimiento de monopolios, como de la eliminación de las barreras de entrada que fomentan la creación de oligopolios.
Tendríamos que abrir los monopolios públicos en fabricación de alcohol etílico, refinamiento y distribución de combustibles, así como eliminar barreras para permitir la libre generación, distribución y comercialización energética por parte del sector privado. También deberán eliminarse las barreras de entrada en el mercado de seguros, telecomunicaciones, servicios financieros, educación y otros.
Esta propuesta permitiría, sin necesidad de la creación de nuevos impuestos, aumentar el patrimonio de todos los costarricenses, mejorar la distribución del ingreso, abonar a la deuda pública, aumentar la inversión privada, beneficiar a los buenos trabajadores de esas empresas públicas porque se los pelearían las empresas que quisieran operar en el país en esas áreas, subir los salarios a base de productividad, generar nuevas fuentes de empleo y beneficiar a los consumidores con mejores productos a precios más bajos.
El fisco también se beneficiaría porque aumentaría la recaudación tributaria por concepto de impuestos de renta y de ventas. Con esos ingresos fiscales adicionales se evitaría la necesidad de crear más y nuevos impuestos. Finalmente, también el mercado de capitales recibiría un estímulo sano para que se convierta en fuente de financiamiento y de ahorro, como lo es en países desarrollados, y alternativo a la banca tradicional.