Por: José Joaquín Fernández.   19 febrero

Dice el adagio que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Esto aplica no solo para nuestra vida privada sino para las políticas públicas. Como seres humanos, a algunos nos duele ver el sufrimiento del prójimo causado por la falta de comida, agua potable, techo, vestido, atención médica, o educación básica. Muchas personas, unas con buenas intenciones pero con mala preparación académica y otras perversas, abogan que el gobierno debe desempeñar un papel esencial en la solidaridad.

Algunos consideran que las fallas de la administración pública que vivimos todos los días obedecen a factores coyunturales y no estructurales. “El problema son las pulgas, no el perro”, dicen quienes defienden a las entidades gubernamentales. Algunos piensan que, eligiendo a mejores políticos, o bien, reformando las leyes, las entidades del gobierno (sean empresas públicas, instituciones autónomas o gobierno central) logrará, finalmente, llevar un mayor bienestar del que se puede lograr mediante la libre competencia y la libertad económica. Esto es un mito.

Debemos entender que el gobierno es ineficiente per se y, por ende, incapaz de contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales. No solamente es ineficaz, sino que no es más solidario de lo que es el sector privado.

El funcionario público no sufre las consecuencias de sus malas decisiones administrativas y siempre tiene el incentivo y la posibilidad de trasladar sus errores, negligencia o actos de corrupción, al contribuyente o al consumidor.

El funcionario público administra recursos que no son fruto de su esfuerzo, sino de terceros que desconoce. Dice otro adagio que nadie cuida mejor aquello que lo propio. Un funcionario púbico o un sindicalista, cuyo salario no depende de la eficiencia del uso de los recursos, jamás podrá igualar el sano juicio de aquel que maneja activos obtenidos con su propio esfuerzo. Nadie administra peor que aquel que recibe un dinero de un desconocido para que sea gastado en otro desconocido. Peor aun si quien administra recursos de terceros para terceros, cobra por el servicio.

En resumen, el funcionario público carece de incentivos sanos y necesarios que lo motiven a ser eficiente y no hay legislación posible que pueda corregir esta nociva realidad que se encuentra arraigada en la raíz misma del gobierno.

Esto se explica con mayor detalle en el apartado The Fallacy of the Welfare State que se encuentra en el capítulo Cradle to Grave del libro Free to Choose del economista Milton Friedman.

Peor aún, los incentivos bajo los que opera estructuralmente el funcionario público no solo promueven la ineficiencia e ineficacia, sino que incentiva la corrupción. Dado que los jerarcas de las entidades públicas, colocados ahí por el gobierno de turno, estarán en su cargo durante el breve periodo de tiempo, el incentivo es a aprovecharse de todo lo que se pueda.

Podemos concluir entonces que la corrupción, la ineficiencia y despilfarro del sector público no es consecuencia de la falta de voluntad política, o de la mala elección de los gobernantes sino de la naturaleza misma del burócrata que administra recursos que no se han adquirido con el sudor de su frente. Como dice otro adagio, “en arca abierta, hasta el justo peca”.

Según la ciencia económica, y en particular lo que nos enseña James Buchanan, quien fuera galardonado con el Premio Nobel en Economía por el desarrollo de su teoría del public choice, es que todo ser humano, sin importar su condición sea de funcionario público, empresario, sindicalista, consumidor, político, etc., busca primero su propio bienestar, antes que el bien común. Esto no es malo, ni es ser egoísta, sino todo lo contrario. Velar por nuestro bienestar es moralmente bueno y necesario. Si cada uno de nosotros no vela por su propio bien, ¿entonces quién? Lo que es incorrecto, inmoral y censurable es velar por nuestro bienestar a costa del prójimo violentando su libertad individual sea por medio del engaño, la estafa, el robo, el fraude, los impuestos o de la explotación del consumidor impidiendo la libre competencia.

El funcionario público no solo tiene los mismos valores como cualquier otro agente económico privado, sino que, a la vez, es tan imperfecto como su homólogo privado. El funcionario público no es ningún santo ni mucho menos un ángel en busca del bien común sino un ser humano normal que persigue su propio bienestar y responde dando prioridad a sus propios intereses como cualquier otro agente económico privado. Es decir, el burócrata y el sindicalista tienen el mismo interés en el lucro que cualquier agente privado. El burócrata es tan egoísta, tan solidario, o tan virtuoso como cualquier agente privado.

Por lo tanto, para Buchanan, es erróneo asumir la visión maniquea que el agente privado es avaro y se interesa solo por el lucro mientras que el burócrata está lleno de virtudes. Para el public choice, todo ser humano posee, de manera universal, la misma naturaleza sea consumidor, empresario, sindicalista, extranjero o burócrata. Si creemos que no podemos confiar en la iniciativa privada para lograr la solidaridad porque esta solo busca el lucro, entonces debemos decir lo mismo de la iniciativa púbica. Como norma general, el burócrata actuará primero en beneficio propio como cualquier otro ser humano.

Una vez entendida la naturaleza del funcionario público, comprendemos fácilmente por qué cayó el Muro de Berlín como expresión del fracaso de la planificación central, de la ingeniería social y de la intervención estatal. Una vez estudiada la naturaleza del funcionario público comprendemos por qué la mayor parte del gasto público se destina a salarios, pluses y privilegios y solo una humillante migaja a la atención de los más necesitados. Una vez comprendida la naturaleza del funcionario público se explica fácilmente el por qué tenemos en Costa Rica más de 333 entidades públicas donde la mayoría no cumple función social o económica alguna, sino que solo sirven para favorecer a grupos de presión.

El socialista, con ese odio que le caracteriza hacia la iniciativa privada, nos quiere hacer creer que las personas que laboran en el sector privado no creen en la solidaridad pero que el sindicalista y el funcionario público sí. ¡Nada más alejado de la realidad! El funcionario público no es ni más ni menos solidario que la persona que labora en el sector privado. ¿Por qué habría de serlo si es el mismo ser humano? Si ser funcionario público nos convierte en seres solidarios y generosos, entonces sería mejor cerrar las cárceles y darles un cargo público a los delincuentes.

La historia corrobora lo que nos dice Milton Friedman y James Buchanan. Los estudios empíricos demuestran que el incremento del gasto público que se dio a partir de la segunda mitad del siglo XX para dotar de recursos al mal llamado Estado Benefactor no se ha traducido en mejoras ni en los indicadores sociales ni económicos. Así concluye Vito Tanzi y Ludger Schuknecht en el libro Public Spending in the 20th Century. Por el contrario, según los estudios empíricos (ver, por ejemplo: The Size and Functions of Government and Economic Growth), el mayor gasto público se ha traducido en una reducción sistemática de las tasas de crecimiento, en aumento en las tasas de desempleo y en una desaceleración del crecimiento de los salarios. Por eso dice James Buchanan en su libro Democracy in Deficit “Los recursos utilizados por el gobierno son menos productivos que los recursos utilizados por el sector privado, un traslado a un sector público cada vez más grande reduce la productividad general en la economía”.

Por las razones anteriores es que el gobierno debe ser mínimo. La historia nos dice que, a mayor gasto público, a mayores cargas sociales y mayores los impuestos como porcentaje de la producción, el resultado es inequívoco: menor es el crecimiento de los salarios, mayor es la tasa de desempleo, menor la inversión, menor es la productividad, menor el crecimiento económico sin mejora significativa sobre los indicadores sociales.

Los incentivos que genera el sector público no conducen a la solidaridad ni al bienestar económico sino a un crecimiento permanente del gasto público como porcentaje de la producción en beneficio de la burocracia misma y a los grupos de presión.

La diferencia entre el sector privado y el público no es que unos son egoístas y otros solidarios sino en las motivaciones que rigen a cada sector.

Empresas públicas

Por lo expuesto, es que ninguna empresa pública logra ni la eficiencia ni objetivos sociales superiores a aquellos que alcanza la libre competencia.

Según los sindicalistas, la ineficiencia de las empresas del sector público se explica por la cantidad de controles a los que está sometido el sector público, pero del que está exenta el sector privado. Según esta postura, la reducción o eliminación de controles, como por parte de la Contraloría General de la República, la Ley de Contratación Administrativa, etc., le permitirían a las entidades del gobierno actuar con mayor agilidad y eficiencia. Con ello, las instituciones autónomas estarían en capacidad de ofrecer a los costarricenses los bienes, servicios, niveles de calidad y precios del primer mundo. Según esta tesis, (haciendo eco del sentir de muchos sectores del país), mientras existan los controles, las instituciones públicas serán como “burro amarrado contra tigre suelto”.

Muchos han sido los intentos de pasar por encima de estas regulaciones siendo la más reciente, la creación de fideicomisos.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el sector público, trabaja con fondos públicos, con recursos que el funcionario público no se ha ganado con esfuerzo propio y que no sufrirá las consecuencias de una administración ineficiente. Los funcionarios públicos no son ángeles y, por lo tanto, los mecanismos de control son necesarios para evitar, en el peor de los casos la corrupción, y en el mejor de los casos para evitar una mala administración.

Las entidades públicas hacen inversiones multimillonarias en compra de equipo, en arrendamiento de edificios, o construcción de edificios y los controles, procedimientos y regulaciones son necesarios para garantizar el uso eficiente de los mismos y con el fin de prevenir que tales contrataciones se asignen: (a) como parte de un pago de favor político, (b) por razones de parentesco o (c) con criterio político antes que por razones de capacidad de desempeño.

En otras palabras, la razón de ser de los controles a las instituciones o empresas públicas no es obstaculizar su labor sino de evitar la corrupción y buscar un uso sano y eficiente de los recursos públicos. En teoría, a mayor control, menor es la probabilidad de corrupción.

Si por mejorar la eficiencia del sector público entendemos otorgarle los instrumentos jurídicos necesarios para que las instituciones o empresas públicas puedan realizar transacciones sin necesidad de que sean auditadas o revisadas por la Contraloría General de la República, y a otras instancias de control, entonces el resultado no será una mejora en la calidad de servicio al cliente, sino que será la corrupción, y con ello el empobrecimiento y la miseria económica.

Costa Rica ya ha vivido la experiencia de empresas públicas libres de las ataduras de la regulación pública. ¡Ese experimento se llamó Codesa! El resultado ha sido uno de los peores experimentos económicos y sociales, y uno de los mayores actos de corrupción en la historia de Costa Rica.

Los controles son como porteros que pretenden “atajar” la corrupción, pero tienen el inconveniente de reducir la agilidad y la flexibilidad necesaria para que las entidades públicas puedan ajustarse a los cambios que exige la dinámica económica en un mundo cada vez más competitivo y globalizado.

Por eso, como lo demuestra la evidencia empírica, es que las empresas y entidades públicas son ineficientes, ineficaces y no mejoran los indicadores sociales ni económicos, no sólo en Costa Rica sino que en cualquier parte del mundo, y su reforma es una ilusión y carece de sentido. Cualquier reforma legal o constitucional que supuestamente pretenda modernizar al sector público y hacerlo eficiente está destinada al fracaso; pues no hará más que reubicar al Estado en algún punto dentro de los extremos de la más alta corrupción, o entre la parálisis, obsolescencia, ineficiencia, precios elevadísimos y mala calidad del servicio.

Solo la libre competencia genera los incentivos necesarios para promover el sano uso de los recursos. Solo la libre competencia estimula (de manera natural y sin necesidad de legislación) la contratación del más hábil y del más talentoso sin importar su género, su preferencia sexual, credo, color de piel o nacionalidad. La libre competencia premia al eficiente y castiga a quien discrimine. Solo la libertad económica premia al que ahorra, al que se esfuerza más, al que trabaja mejor y al innovador. Solo con libre competencia garantizamos que se produzcan aquellos bienes y servicios que el consumidor demanda. ¡Lo anterior es bueno! Así debe ser.

Por eso hay que acabar con los monopolios creados por ley, quitar las regulaciones excesivas en los mercados oligopólicos (pocos participantes por los impedimentos que impone el gobierno) y permitir la libre entrada en cualquier mercado. La meta debe ser estimular al máximo la libre competencia para generar los incentivos que promuevan el desarrollo económico y social.

Debe estar de más afirmar que es demagógico el discurso de cualquier político que nos venga a decir que el tamaño del gasto público, los pluses, o las más de 333 entidades públicas no son problema alguno. Es síntoma de falta de preparación, o de perversidad tiránica, cuando el político nos dice que el problema del sector público es de eficiencia. Por todo lo expuesto, debe quedar claro que no es posible que el contribuyente reciba valor por el pago de sus impuestos.

¡El gobierno es ineficiente e ineficaz per se y por eso debe ser mínimo!