El pasado martes 25 de mayo Costa Rica se convirtió en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La membresía anual le costará al contribuyente unos 1,8 millones de euros (alrededor de ₡1.360 millones). Además, los contribuyentes debemos pagar, durante los primeros cuatro años de membresía, 1 millón de euros (unos ₡754 millones) al año adicionales por concepto de un cargo transitorio.
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Una de las razones de quienes hacen alharaca defendiendo el ingreso de Costa Rica a la OCDE aluden a la asesoría que esta nos puede brindar para mejorar nuestras políticas públicas con el fin de impulsar el desarrollo económico y social. Como dijo Carlos Alvarado: “El primer acto de corrupción, es aceptar un cargo público para el que no se está preparado”. Aquel político costarricense que necesite de la asesoría de la OCDE para saber qué hacer, no merece ocupar ningún cargo público.
Ya la Economía, la historia y la evidencia empírica es clara y nos enseña que solo con el respeto a la libertad individual y económica se logra el desarrollo económico y social. No hace falta la OCDE para descubrir el agua tibia. Además, en Costa Rica sobran los estudios sobre lo que hay que hacer. Lo que hace falta es la ejecución de las políticas que ya sabemos deben tomarse.
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No se requiere de la OCDE para comprender que la caída del Muro de Berlín en 1989 puso en evidencia el fracaso del socialismo, de la planificación centralizada, de la existencia de empresas públicas, del proteccionismo y del burócrata como instrumentos para alcanzar el desarrollo económico y social.
No se requiere de la OCDE para entender los principios básicos de la Economía que nos enseña que para alcanzar el desarrollo económico y social no debe haber empresas públicas (como los bancos estatales, el INS, o Sinart), ni monopolios creados por ley (como el de Recope, Fanal o Riteve), ni doble tributación (como las ganancias de capital e impuestos a los dividendos), ni aranceles, ni proteccionismo, ni regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, ni monopsonios creados por ley (como el que tiene el ICE en el mercado de la generación eléctrica), ni colegios profesionales creados por ley, ni registro de accionistas, etc. También la Economía y el sentido común nos dicen que los salarios del sector público deben ser inferiores al del sector privado.
No se requiere de la OCDE para saber que debemos cerrar entidades públicas que no cumplen ninguna función social ni económica como el Ministerio de Planificación (Mideplan), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Ifam), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), el Consejo Nacional de la Producción (CNP), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Ministerio de Comunicación, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura (Icecu), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), la Junta de Protección Social (JPS), Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), la Comisión de Energía Atómica (CEA), la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), etc. Además, en esta era digital y donde los gobiernos insisten en “quedarse en casa”, bien se podrían cerrar casi todas las embajadas y consulados y que estas operen de manera remota.
La ODCE es una entidad burocrática que vive de los impuestos desangrando al contribuyente. Su propósito, en la práctica, es igualar al alza los impuestos y las regulaciones para impedir que las empresas migren de países desarrollados hacia países con menos impuestos y menos regulaciones. Esta es una entidad que, al igual que otras entidades burocráticas internacionales como el Banco Mundial, el FMI, y el BCIE, deben cerrarse por el bien de los contribuyentes y de todo aquel que se gana el pan con el sudor de su frente y no con el del prójimo.
Como toda entidad burocrática internacional, la OCDE sirve para darle un cargo público a los “pegabanderas” y a los fieles cómplices de los “líderes” políticos que viven de los impuestos.
En fin, el ingreso de Costa Rica a la OCDE es otro privilegio más para la clase política y burocrática que se financiará a costa del esfuerzo de aquel que produce.