Por: José Joaquín Fernández.   21 febrero
José Joaquín Fernández, autor del blog La Riqueza de las Naciones.
José Joaquín Fernández, autor del blog La Riqueza de las Naciones.

No es cierto que el acuerdo con el FMI sea indispensable para mejorar nuestra imagen ante los mercados financieros internacionales.

Revisemos las siguientes cifras.

1) Las pensiones con cargo al presupuesto: ₡1,148 billones (3.7% del Producto Interno Bruto [PIB]).

2) El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES): ₡524.000 millones (1,5% del PIB).

3) El salario escolar: ₡163.000 millones (0,46% del PIB).

Si acabamos con los tres rubros anteriores, más adelante detallo como hacerlo, tendríamos una reducción del gasto público equivalente al 5,23% Producto Interno Bruto (PIB)

Por otra parte, durante el 2020 los ingresos fiscales cayeron ₡586.000 millones (1,7% PIB). Es decir, con la simple aprobación de políticas económicas que incentiven el crecimiento económico, luego detallo cuales, podemos reducir el déficit fiscal en 1,7% del PIB adicionales.

Sumando la reducción del gasto propuesto más el incremento de la recaudación, tenemos una reducción del déficit fiscal equivalente al 6.90% PIB

Si a lo anterior le agregamos la venta de empresas públicas y el congelamiento y no reemplazo de las plazas públicas que queden vacantes, bien podríamos alcanzar, no solo superávit fiscal, sino que también lograríamos mejorar nuestra imagen internacional y a la vez contribuir con la equidad y la justicia social. Con un superávit fiscal, la política económica a seguir sería reducir impuestos, en vez de subirlos.

Propuesta de reducción del gasto público

1. Pensiones con cargo al presupuesto: Uno de los principales problemas de las finanzas públicas de Costa Rica es la partida para el pago de pensiones con cargo al presupuesto que para el 2021 suma ₡1,148 billones. Esto representa un 3,7% del PIB. Este monto está creciendo año con año, de manera alarmante a un ritmo muy superior a la inflación. Si no lo resolvemos ahora, muchos que hoy cotizan, se quedarán sin recibir pensión.

Una pensión acorde con la justicia social debe ser el resultado de la suma de las cotizaciones (ahorro), más los rendimientos generados por dicho ahorro. Quien reciba menos, está siendo estafado. Quien reciba más, le está robando al contribuyente. ¡Esto es lo justo!

En Costa Rica, todos los regímenes de pensiones son con cargo al presupuesto de la República, es decir, con cargo al contribuyente, incluyendo el de la CCSS. La solución no es unificar los regímenes de pensiones en el de la CCSS porque este es injusto. Peor aún, el régimen de la CCSS se basa en un esquema Ponzi (piramidal) que, por definición, está condenado a la quiebra sin importar las reformas que se le hagan.

Solo con los regímenes de pensiones de capitalización individual, al estilo chileno, el pensionado recibe lo que le corresponde. Solo los regímenes de pensiones de capitalización individual son solventes, autofinanciables y no requieren de un solo céntimo por parte del Estado.

La solución es eliminar todos los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto y trasladarnos a un régimen de capitalización individual siguiendo el modelo chileno.

2. Eliminación del FEES. El FEES es un subsidio para las universidades públicas que se financia con los impuestos del sector productivo. Este fondo ha venido creciendo de manera significativa sin que por ello haya habido un aumento correspondiente en la matrícula. El presupuesto del FEES para el 2021 es de ₡524.000 millones (1,5% del PIB)

Según el Quinto Informe Estado de la Educación, el 50% de los estudiantes de las universidades estatales provienen del 40% más rico del país. Tan solo un 22,6% de los estudiantes de las universidades estatales pertenecen a los hogares de menores ingresos. Es decir, el FEES se destina, principalmente, a subsidiar a estudiantes ricos. Esto quiere decir que el FEES es un instrumento que deteriora la distribución del ingreso.

Dado que las universidades públicas tienen una larga trayectoria y un prestigio creado, no habría problema alguno en eliminar el FEES y sustituirlo con aumento en el cobro de la matrícula. Esta propuesta debería contar con el apoyo masivo de los socialistas que piden a gritos que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres.

No está de más comentar que dicha propuesta no tiene por qué afectar el programa de becas de las universidades estatales. Así como las universidades privadas financian sus programas de becas con el ingreso que obtienen de la matrícula de quienes la pagan en su totalidad, de igual manera las universidades públicas seguirían financiando sus programas de becas.

3. El salario escolar. Los salarios promedios del sector público casi duplican los del sector privado. Lo correcto es que los salarios del sector público sean inferiores a sus homólogos del sector privado. El sector público no ha sufrido las consecuencias del pésimo manejo de la pandemia del covid-19 basado en restricciones a la libertad y el cierre forzado de negocios. La eliminación del salario escolar sería tan solo un pequeño sacrificio del burócrata al ajuste fiscal.

Si acabamos con los tres rubros anteriores tendríamos una reducción del gasto público equivalente al 5,23% Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la reducción del gasto público no debe limitarse a esas tres acciones.

4. Venta de todas las empresas públicas. Emitamos acciones de cada una de las empresas públicas y traslademos de manera gratuita el 49% de las acciones a manos de cada costarricense mayor de edad. El restante 51% se sometería a subasta pública por medio de licitación. Simultáneamente, con el traspaso de acciones, se abriría totalmente el mercado pertinente a la libre competencia.

Como bien dice el Banco Mundial en su informe “El Estado como empresario”: “… el Estado es menos eficaz que el sector privado.” Dicha ineficacia, “… perjudican el crecimiento económico y hacen más difícil que la genta supere la pobreza.”

Algunas de las empresa públicas que debemos privatizar son: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), la banca estatal (Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Internacional de Costa Rica y el Banco Popular), Radiográfica Costarricense, Correos de Costa Rica, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), las universidades públicas (incluyendo la UTN), etc.

Así como en la medicina no hay nada que justifique la ingestión de cianuro, de la misma manera no hay nada en la economía que justifique la existencia de empresas públicas. Es decir, la promoción del desarrollo económico y social requiere que no exista ni una sola empresa del gobierno de turno, independientemente de la situación fiscal del gobierno.

Aprobación de políticas de crecimiento económico.

Una de las mejores políticas para incrementar la recaudación fiscal consiste en impulsar el crecimiento económico. Según cifras oficiales del ministerio de Hacienda, durante el 2020 los ingresos fiscales cayeron ₡586 mil millones (1,7% PIB). Es decir, con la simple aprobación de políticas económicas que incentiven el crecimiento económico, podemos lograr más recaudación que lo que se espera recaudar con la propuesta del gobierno de crear nuevos y más impuestos.

Para reactivar la economía podemos:

1. Levantar todas las restricciones sanitarias. Recordemos que estas violan las libertades garantizadas en la Constitución Política.

2. Romper los monopolios de Recope y de Fanal y romper el monopsonio que tiene el ICE en el mercado de la generación eléctrica.

La Economía nos enseña que todo monopolio creado por ley (o restricción a la libre competencia), esté donde esté, perjudica el desarrollo económico y social, explota a los consumidores, la inversión en la industria es menor, produce un aumento en la tasa de desempleo, la calidad del producto es menor, los precios son más altos y hay una pérdida del bienestar cuantificable.

3. Eliminar el Encaje Mínimo Legal con el fin de reducir las tasas de interés.

4. Introducir un impuesto de renta plano (Flat Tax), sin excepciones del 15% para toda persona física y jurídica.

El flat tax ha logrado lo que ninguna policía fiscal ha logrado: el pago voluntario de los impuestos. El principio del flat tax es muy simple: una tasa de impuesto de renta baja y única (sin exoneraciones) para todos. El resultado ha sido que el flat tax desalienta la evasión y estimula la inversión (generación de empleo), lo que se traduce en un incremento en la recaudación de impuestos superior al crecimiento de la economía.

Unido a la propuesta del flat tax, está el concepto de la “Curva de Laffer” que establece que al bajar los impuestos, la recaudación se incrementa porque se estimula la inversión y se desincentiva la evasión.

La reducción de impuestos como mecanismo para incrementar la recaudación y disminuir el desempleo no es solo teoría. El último país en seguir esos principios fue los EEUU que en diciembre del 2017 aprobaron una reducción del 35 al 21% en el impuesto sobre la renta, y en tan solo un año la tasa de desempleo cayó en su nivel más bajo en 50 años.

Es demagogia afirmar que sin acuerdo con el FMI se agravaría aún más la crisis por la que atraviesa Costa Rica.

Mientras no corrijamos de raíz nuestros problemas fiscales, Costa Rica no saldrá de la crisis en la que se encuentra. Las propuestas aquí planteadas no requieren de ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; solo voluntad política.

El Gobierno nos quiere hacer creer que el acuerdo con el FMI es indispensable para mejorar nuestra credibilidad internacional. ¿Acaso los países que colocan deuda soberana a bajas tasas de interés en los mercados internacionales, que tienen bajas tasas de desempleo y niveles altos de inversión obedece a que tienen firmado un acuerdo con el FMI? La confianza de los mercados internacionales se logra con políticas económicas correctas y no por tener un acuerdo con el FMI.

Tanto el presidente del Banco Central de Costa Rica como el ministro de Hacienda nos dicen que lo más importante del acuerdo con el FMI, no es el préstamo, sino la confianza que eso genera en el inversionista. Si esto es cierto, ¿para qué entonces tramitar el préstamo? ¡Que se tramite el acuerdo sin préstamo entonces!

Los inversionistas no son tontos y ellos saben que los proyectos de ley que propone el gobierno no van a mejorar el ambiente económico. Es por esta razón que las calificadoras de riesgo dicen que un acuerdo con el FMI no necesariamente va a mejorar la calificación de Costa Rica. Todo lo contrario, la propuesta de más y nuevos impuestos ahuyentará a muchos inversionistas, desacelerará el crecimiento económico y aumentará el desempleo.

El acuerdo con el FMI no contiene ningún proyecto de ley que venga a reformar estructuralmente el gasto público. A lo largo de la historia, ningún acuerdo con el FMI no ha logrado que ningún país pobre deje de serlo. Las políticas que promueve el FMI se caracterizan por alcahuetear a gobiernos irresponsables que no desean realizar las reformas indispensables para salir del subdesarrollo. Es decir, el acuerdo con el FMI solo le sirve a la clase política vividora para patear la bola y seguir financiando la irresponsabilidad fiscal, los privilegios y sus gollerías.

La razón que dio origen al nacimiento del FMI desapareció el 15 de agosto de 1971 cuando los EEUU abandonaron la convertibilidad del US Dólar con el oro. En ese entonces, el FMI debió cerrar sus puertas y enviar a todos sus funcionarios para sus casas. Sin embargo, como todo ente burocrático, siguió abierto sin razón alguna y viviendo a costa de los contribuyentes.

Costa Rica no requiere de más empréstitos y el problema fiscal debe resolverse en un 100% por medio de la reducción del gasto público.