El presidente Carlos Alvarado deja la Presidencia de la República con una calificación negativa por parte de la ciudadanía. Según los estudios de opinión que realiza periódicamente la Universidad de Costa Rica (UCR), por cada persona mayor de 18 años que le asigna una valoración positiva a su mandato, uno más lo califica de manera neutra y tres más lo reprueban.
El impopular jerarca, sin embargo, lega diversas reformas con las que buscó remediar el estado de las finanzas públicas y aliviar la presión presupuestaria del pago de intereses de la deuda en el largo plazo. En esa tarea, Alvarado afirma haber empeñado el exiguo capital político con el que fue elegido.
Frenar el desajuste del erario público ha sido una tarea compleja, pospuesta o inviable políticamente, a lo largo de la historia costarricense. Ya desde 1994 lo advertía el entonces presidente del Banco Central (BCCR), Carlos Manuel Castillo (QEPD), quien por entonces lo definía como “un problema crónico que, desde hace más de tres décadas, se agravaba cada cuatro o cinco años”.
Alvarado empujó reformas estructurales alentado por la urgencia, pero también cuando ya no era tanta la necesidad de ellas para la subsistencia de su administración. La reforma tributaria y la regla fiscal aprobadas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) fueron el primer gran objetivo de su administración, ante una amenaza de crisis que incluso obligó al Ministerio de Hacienda a solicitar recursos de emergencia al Banco Central recién en septiembre de 2018. Pero también acometió la Ley Marco de Empleo Público (10.159), para consolidar la recuperación fiscal y frenar el crecimiento acelerado de los pagos en remuneraciones estatales en años siguientes.
Que estas reformas sean suficientes o no, se verá con el paso del tiempo y sus frutos dependerán en gran medida de la continuidad que les den las nuevas administraciones. También de si se refuerzan con nuevas reformas estructurales.
En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que Costa Rica tendrá en este 2022 su primer superávit primario en más de una década. Un superávit primario es la relación positiva entre ingresos y gastos, sin contar el pago de intereses, clave para reducir el peso de la deuda pública.
Apuntalar el ajuste también dependerá de que las nuevas autoridades y diputaciones no desajusten el equilibrio fiscal que se avecina creando nuevas obligaciones al Estado, sin una fuente adecuada de financiamiento. Esa es una inadecuada costumbre histórica del país. También se deberá evitar abrir portillos para nuevas exoneraciones tributarias sin fines estratégicos reales. A fin de cuentas, se sabe que un “problema crónico”, como el que ya definía Castillo los 1990, urge de un tratamiento permanente.
Corrección de rumbo fiscal
Carlos Alvarado asumió un mandato complejo en 2018. Su predecesor, Luis Guillermo Solís, renegó de realizar grandes ajustes fiscales al inicio de su administración y apenas avisó de la urgencia de nuevos ingresos o recortes de gasto hacia la mitad de su paso por Zapote. Así lo hizo, a pesar de que la expresidenta Laura Chinchilla ya había encendido las señales de alarma hacia el cierre de su cuatrienio.
Chinchilla incluso había impulsado una reforma fiscal que, al igual que otra que ya había intentado Abel Pacheco, naufragó en la Sala Constitucional.
El resultado de la inacción de Solís fue su anuncio, en agosto de 2017, de que el país encontraba frente a una “crisis de liquidez” que comprometía la capacidad de pagar obligaciones y garantizar los servicios esenciales. Esto generó un cambio de posición de ese gobierno que, recién al cierre de su mandato, ya reconocía y defendía en todos los foros posibles la urgencia de aplicar una reforma.
Alvarado llegó a la Presidencia con las cartas puestas sobre la mesa. A diferencia del expresidente Solís, señaló que impulsaría la reforma tributaria y finalmente, con la voz mandante de la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, alcanzó la aprobación en el Congreso de los nuevos impuestos y las restricciones al gasto público, vía regla fiscal. Esa fue una tarea que a la final de cuentas, según dice en entrevistas, le abrió grietas a su gobierno con diversos sectores de la población, incluidas representaciones sindicales y empresariales.
“Decidí resolver este problema fiscal y económico convencido de que es la principal traba para nuestro desarrollo y el principal riesgo para nuestra gente”, dijo el mandatario, en su discurso final de rendición de cuentas ante el nuevo Congreso, este 2 de mayo. “Lo hice sabiendo las limitaciones que imponía y los costos políticos que pagaría”, añadió, ante los 57 diputados de los que el oficialismo no logró colocar uno solo tras su gobierno.
La palabra “resolver”, sin embargo, parece aventurada.
Aunque la economía costarricense apunta a una recuperación gradual, según estimaciones de organismos nacionales e internacionales, mucho de ello dependerá de la aplicación de restricciones de gasto público y de nuevas decisiones de política pública. La administración actual será relevada y ya no podrá incidir en el resultado final del acuerdo con el FMI, del que quedan reformas pendientes por aprobar y por aplicar.
También dependerá, por supuesto, de que los daños colaterales de la guerra en Europa del Este o los shocks de oferta de múltiples materias, que ya se registraban desde antes de ese conflicto, no golpeen aún más a una economía que creció 7,8% en 2021, pero que había caído un fatídico 4% un año antes.
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La figura histórica del Partido Liberación Nacional (PLN) y ahora presidente de la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, reconoció como un “hito positivo” del mandato de Alvarado la recuperación fiscal mostrada por el país hasta el momento. Pero también llamó la atención sobre el papel crucial que jugaron otras fuerzas políticas.
“Sin intentar sacar provecho político de las ciertamente impopulares, pero apremiantes medidas de ajuste presupuestario, soportaron la vela con los vientos en contra y respaldaron los ajustes que fueron necesarios para evitar que el país se fuera por la borda”, declaró en la misma sesión solemne de este 2 de mayo, en un tono casi idéntico al de Alvarado.
El balance histórico
Sobre el balance final de las labores del gobierno saliente, ni siquiera Rodrigo Arias, con sus 75 años en las espaldas, se atrevió a adelantar un criterio.
Entre otros logros de peso, muchos sectores también le reconocen al gobierno de Alvarado una atención de la pandemia con una tasa de letalidad del coronavirus similar a la de países desarrollados y el impulso de una campaña de vacunación que permitió cubrir a la mayor parte de la población. También se le reconoce concretar la adhesión del país al club de 38 países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y haber mantenido el posicionamiento del al país como referente en materia ambiental.
Sin embargo, quedan también manchas y algunas de ellas incluso reconocidas por el propio Alvarado. Entre ellas, están los altos índices de desempleo, exacerbados por la pandemia en 2020 (13,3% a febrero), y la precaria situación educativa del país, tras múltiples interrupción de lecciones en el sector público y la desatención de una desgastada infraestructura física y digital.
Según dijo Arias al presidente saliente Alvarado, este 2 de mayo, “dar un juicio definitivo de su paso por la Presidencia de la República corresponderá a la distancia emotiva que la historia impone para dar sus veredictos”. Así despidió el político con más de cuatro décadas en la arenas política del presidente más joven de la Segunda República, que deja el puesto con poco más de esos mismos 40 años.
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Sobre su mallada popularidad, Alvarado afirmó en una reciente entrevista con este medio que nunca consideró que fuera “una buena brújula” para sus acciones. “Muchas veces la respuesta a qué es mejor para Costa Rica termina siendo un camino difícil”, evaluó.