EscucharLa de Carlos Alvarado ha sido una presidencia de superlativos: llegó al poder como el líder más joven de la Segunda República y se va como el más impopular. En el medio, le ha tocado enfrentar desde una severa crisis fiscal, hasta el hackeo más serio en la historia del país pasando por la pandemia del COVID-19.
Con aspecto distentido y habla pausada, sentado en uno de los salones de Casa Presidencial, Alvarado admite que tiene el 8 de mayo a la vista en su calendario, día en el que dejará su cargo y en el que se cierra un primer episodio del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el Ejecutivo.
EF conversó con Alvarado sobre algunos de los puntos que sellaron su gestión y sobre el futuro que espera para el país, que será liderado por su exministro de Hacienda; para su partido, que enfrentó la peor derrota electoral de un partido oficialista; y para su vida personal, cuyo futuro aún está por definir.
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¿Cómo resumiría en una frase los últimos cuatro años?
—Se puso la casa en orden en cuanto a las finanzas públicas, lo que ha permitido sanear mucho del desarrollo futuro del país. Al mismo tiempo que se hizo obra pública se defendieron los derechos humanos y Costa Rica se posicionó como líder mundial en acción climática.
Usted inició con un gobierno de “unidad nacional” en el que incluyó a figuras de otras agrupaciones, algo que luego se resquebrajó. ¿Qué dice esto de la madurez política del país cuando se trata de gobiernos de alianzas o coaliciones?
—Hubo gente que salió pero otra permaneció, no significa que todo el mundo abandonó. Creo que el ejercicio demostró ser exitoso en virtud de sus resultados. El objetivo no era mantener el gobierno de unidad nacional durante todo el periodo, el objetivo era que las cosas salieran y las cosas salieron.
¿Qué resultados, por ejemplo?
—La aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Si no fuera por eso, hoy no tendríamos los resultados en materia de finanzas públicas: un superávit primario, el crecimiento del gasto de la planilla pública ha sido prácticamente cero sin despedir a nadie y, al mismo tiempo, haciendo lo mismo. Significa que el Estados es más eficiente.
De todas las decisiones que tomó durante estos cuatro años, ¿cuál le pesó más tomar?
—Son muchas. Creo que la fecha para firmar la norma técnica para proteger a las mujeres en caso de riesgo de vida en el embarazo, porque era algo que yo sabía que iba a hacer, el tema era la fecha para hacerlo. Había otros temas complejos en la agenda y eso generaba mucha presión. Más que la decisión de firmar o no, era el cuándo. Eso fue una decisión difícil pero creo que se obtuvieron ambas cosas: se firmó la norma técnica y se sacaron los resultados que necesitaban mayorías en el Congreso.
De los proyectos y planes que quedan en el papel, ¿cuál le genera más frustración no concretar?
—Lo que para mí es más doloroso es que no avanzamos con la alfabetización digital. Costa Rica tiene los recursos en el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para dotar a todos los estudiantes de la educación pública con equipo y conectividad y aun así no lo hemos hecho. Es un fondo que existe desde la apertura de las telecomunicaciones hace más de 12 años. Por eso se planteó una ley pero no hubo manera de que avanzara en la Asamblea Legislativa. La deuda con nuestros estudiantes sigue pendiente.
Usted trabajó con Rodrigo Chaves durante seis meses en los cuales lo pudo conocer mejor. ¿Qué espera usted del próximo gobierno?
—Yo espero que le vaya bien, por el bien de Costa Rica. Yo espero que hagan un buen trabajo y ojalá que no tengan que afrontar crisis como las que a nosotros nos correspondió. Que puedan enfocarse en temas sustantivos para el desarrollo. Lo que espero y les deseo es el mayor éxito.
Usted “contrató” en su momento a don Rodrigo. ¿Por qué lo hizo?
—Liberación Nacional y el resto de la oposición, en aquel momento, dejaron claro que no iban a aceptar a nadie que fuera del Partido Acción Ciudadana. Yo pude haber dicho ‘no me importa’, pero tenía la claridad aritmética de que necesitaba los votos para hacer avanzar una agenda importante que hoy ya es ley como el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), empleo público, teletrabajo, la reforma a la ley de contratación administrativa, entre otras.
Yo en ese momento ya quería para esa posición a Elian Villegas, el actual ministro. Pero poniendo todo eso en la balanza, opté por buscar a alguien fuera del medio y empecé a pedir referencias. Entre esas referencias estaba la que se eligió, que contenía un currículum muy llamativo y coincidía con que don Rodrigo (Chaves) quería regresar al país.
¿De ese currículum que fue lo que más llamó su atención?
—Su formación académica y su trayectoria internacional.
Usted ha sido mencionado como la persona adecuada para reconfigurar y unir al partido luego de las elecciones, ¿tomará ese rol?
—Yo sigo siendo portando la investidura presidencial y, por lo tanto, tengo prohibición para referirme a lo partidario. Eso serán cosas que habrá que dilucidar después del 8 de mayo.
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¿Cuáles son sus planes luego de la Presidencia? ¿Saldrá del país?
—La familia quiere descansar y en este momento estamos viendo opciones. Yo puedo descansar, pero también tengo que involucrarme a trabajar. Yo renuncié y no voy a tramitar mi pensión, entonces, en un plazo no tan prolongado, necesito activarme económicamente. Claudia (Dobles, primera dama) y yo estamos valorando opciones y nuestro proyecto de vida.
En medio del hackeo a entidades públicas, ¿cuán grave es la situación realmente en este momento y hasta cuándo puede el país aguantar esta situación que probablemente le pasará al siguiente gobierno?
—Es un riesgo del mundo actual que no va a acabar. Por eso se ha insistido en la doble autenticación. También hay vulnerabilidades en los sistemas que permiten que penetre. ¿Cuáles son las posibles afectaciones a la ciudadanía? Que se capture información sensible que luego sea divulgada. A esta altura, pareciera que no hay información sensible comprometida, digo pareciera porque falta el análisis posterior. Además, cualquier persona que acceda a ese tipo de información que se está publicando también está incurriendo en un delito. La otra posible consecuencia es que hay una perturbación en los servicios. Cualquier servicio esencial debe ser resguardado.
¿Cuánto considera usted que cambió o que tuvo que redireccionar sus prioridades con la pandemia?
— La pandemia impidió que los resultados (de las reformas realizadas) fueran más fuertes. Por ejemplo, estamos cerrando con buenos resultados económicos. Tenemos las exportaciones más altas en 13 años, los resultados macroeconómicos y fiscales que tenemos, y un crecimiento económico alto.
Nosotros no nos detuvimos y, durante la pandemia, Costa Rica ingresó a la OCDE, que es uno de los mayores procesos de reforma que hemos tenido y vamos a tener. También se aprobó la ley de empleo público, que es una ley transformadora, por poner algunos ejemplos. Nuestra vocación de reforma siguió, aunque no se trate de reformas cuyos resultados se vean de la noche a la mañana. Muchos de los resultados que hoy estamos obteniendo obedecen a algo que aprobamos al inicio de nuestro gobierno (el plan fiscal), con claridad de que había que hacerlo.
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Hace unas semanas la ministra Pilar Garrido, de Planificación, decía que ella lamentaba que la pandemia hubiese obligado a detener proyectos como el de reestructuración de órganos desconcentrados. ¿Usted qué proyectos lamenta más?
—Un proyecto que no se pudo aprobar y que es acorde con Costa Rica fue la prohibición petrolera y de exploración de gas. La ejecución del Plan de Descarbonización proyecta más de $41.000 millones en utilidades para el país al 2050. Yo hubiese deseado que eso quedara, por el bien del país y por el mensaje que da al mundo, pero eso no se detuvo por la pandemia. Eso se detuvo por la política.
¿Le deja algún sinsabor su administración?
—Que yo diga que me voy con un sinsabor, diría que no. Mucha gente dice que el gobierno no tenía rumbo y a mí me parece una afirmación sin sustento. Si uno lee el plan de gobierno, el discurso de mayo de 2018, el plan nacional de desarrollo y si uno ve lo que ha pasado de ahí hasta entonces, encuentra las claves de las diferentes cosas que se han hecho. Es una hoja de ruta que se ha ido cumpliendo rigurosamente.
En ese largo periodo de pandemia, ¿cómo fue su proceso de toma de decisión?, ¿usted, como presidente, cómo tomaba la decisión final?, ¿cuánto delegó y cuánto era decisión suya?
—Yo me involucré directamente. Dediqué mucho de mi tiempo a la conducción de la pandemia, supervisando todas las acciones, con un rol decisorio y de balance. Una medida la puede solicitar Salud, pero debe ser ejecutada por otros ministerios como Seguridad y Migración, con repercusiones para Turismo, por poner un ejemplo. Igual pasa con las cuestiones de comercio. En la pandemia no había decisiones necesariamente de blanco o negro y uno sabía que tomar ciertas medidas tendría un impacto en varias áreas, por lo que había que balancear la salud de las personas y la salud económica.
Mi papá, que fue gerente muchos años, nos dio un consejo a sus hijos. Cuando uno tiene un buen equipo de trabajo muchas veces lo que tiene que hacer es “tirarle” el problema al equipo de trabajo y revisar las soluciones que van emanando en el proceso de discusión. A uno, como líder, lo que le toca es identificarlas y ver los puntos de discordia, para dirimirlos. Esa fue gran parte de mi rol, aunque siempre con una gran disciplina en la parte técnica y sabiendo que, obviamente, muchas cosas pueden generar un “gran pleito”. Pero el valor vida estaba por encima de cualquier cosa.
Uno de los proyectos que marcó su presidencia fue la reforma fiscal que modificó el impuesto de renta, creó el IVA y trajo la regla fiscal. ¿Cuánto más puede permanecer estas medidas sin cambios? ¿Será necesario otra reforma a futuro, con aumento del IVA por ejemplo?
—Hay dos razones por las que uno podría pensar en modificar eso: para acelerar y otra tiene que ver con justicia social; si uno quisiera un sistema de tributos más progresivo, porque no fue tan progresivo como yo hubiera deseado. Pero de la Asamblea sale lo que es posible que salga, no lo que uno desea. Pongo el ejemplo del tributo a casas de lujo. La discusión es como si todos los costarricenses viviéramos en una casa de lujo y estamos hablando del 1% o 2% de la población. Cuando vamos a ciertos barrios en Guanacaste de casas que son muchas de extranjeros, no tributan como lo hacemos el resto. Ahí hay un tema de justicia social. El populismo que dice “no más impuestos” no ve la necesidad de generar esa justicia social.
Yo creo que tiene que haber una regla fiscal, pero yo fui un escéptico de la regla fiscal porque yo decía “un gobierno serio se autopone límites”, pero como dicen hay que confiar más en las leyes que en los hombres. Sí es cierto que la regla fiscal no debería ser un dogma per se, por ejemplo para instituciones que tienen fondos propios.
Si pudiéramos hacer una comparación, ¿cuánto más le va a permitir esta reforma recaudar e invertir al próximo gobierno comparado con lo que pudo hacer el suyo?
—La tendencia a la baja del tamaño de la deuda es paulatina, no va a ser de la noche a la mañana. Sin más reforma, se estima que para el año 2026 es que vamos a estar entrando en un panorama de mayor saneamiento, si no cambia nada. Por eso es deseable acelerar ese proceso. Yo quisiera para Costa Rica es que tenga un Estado robusto. A mí me pasaba en el diálogo con los diputados: por un lado decían “no gaste tanto, no se aun gobierno gastón”, pero por lado le pedían a uno la carretera, el hospital… y todo eso cuesta plata. No hay para invertir en todo. El próximo gobierno va a tener una ventaja que es que su crecimiento presupuestario, en relación con la deuda fiscal, va a ser un poco mayor casualmente por el crecimiento económico del 2021. Por eso es deseable hacer otro tipo de reformas.
Durante su administración se han destapado casos de corrupción como el Cochinilla, Diamante o Azteca. ¿Cargará su administración con esas facturas políticas?
—No importa que haya caído o no en nuestra administración. Lo importante es que cuando don Rodolfo (Méndez, ministro de Obras Públicas) y las personas que estaban en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) identificaron eso, lo pusieron al conocimiento de las autoridades. También es importante que se halló y, preliminarmente, se desarticuló esa estructura de corrupción que, en efecto, parece que tenía mucho tiempo de operar en el país y no arrancó en nuestra administración o en la anterior, con un modus operandi y personas en mandos medios que tenían tiempos de ser “servidores” públicos.
A uno, como presidente, no le gusta que pasen estas cosas en su administración; pero no es un tema de que guste o no. El tema es enfrentarlo y que se tenga que investigar todo lo que se investigue y que caiga el que tenga que caer.
Después de su experiencia, ¿cuál considera que es el mejor camino para construir infraestructura pública?
—Creo que las alianzas público-privadas son una forma relevante. Lo hecho en los últimos años con el fideicomiso de la Ruta 1 permitió al Gobierno poner una primera contraparte y así se construyeron muchas de las obras que ya disfrutamos.
Un modelo positivo de obra público-privado también es el que se plantea para el tren eléctrico de carga limonense (Telca) que es un proyecto rentable por los niveles de transporte que hace y se puede financiar privadamente con los flujos a futuro que produzca el proyecto.
Sí pienso que se debe revisar la estructura del Conavi y del MOPT. Gobernar es decidir. Cuando nosotros llegamos teníamos dos rutas: construíamos o nos metíamos en esa reestructuración de Conavi. La idea del gobierno era construir y, luego, entrar en la reestructuración, pero eso se vio truncado por lo que pasó. Ese sí es un tema que se vio truncado, pero las obras hablan por sí solas y se logró construir mucho.
El panorama en Nicaragua se ha recrudecido y su gobierno ha sido crítico con Ortega. ¿Llegamos al momento en el que no se puede hacer nada más que observar las acciones de Ortega?
—La solución para la situación en Nicaragua es de y para los nicaragüenses. La comunidad internacional tiene el rol de levantar la voz por una serie de valores, porque eso es lo que se puede hacer desde el multilateralismo y desde el respeto al derecho internacional. Lo que sería malo es que dejemos de hacerlo. Lo que está pasando en Nicaragua está mal. No es casual que aquí tengamos más de 80.000 personas solicitantes de refugio. Las elecciones en Nicaragua no fueron ni libres ni transparentes y por eso no las hemos reconocido y por eso no tenemos embajador. No hay que menospreciar esa acción política.
¿La pobre cosecha de votos que tuvo el PAC en las elecciones significa un juicio de los votantes sobre su gobierno?
—No, no creo porque las cifras no dan. Se me ha dicho que ha sido un gobierno no popular, pero si usted compara las cifras de aceptación del Presidente o del gobierno con la intención de voto de los 25 candidatos de la anterior elección, las cifras de aprobación eran superiores prácticamente que la de los 25. Entonces eso es muy relativo.
Usted cierra con la peor percepción ciudadana de cualquier mandatario anterior. Más allá de si le presta importancia personalmente, ¿qué significado tiene para el presidente?
—Este es un fenómeno de muchas características y también se refleja en las elecciones, en el número de partidos. Ya Costa Rica no es la de dos partidos, en la que lo peor que podía pasar era quedar de segundo lugar. Costa Rica es mucho más plural y diversa, y en ese fenómeno es que creo que se ven esos indicadores.
Estos indicadores no son una buena brújula para orientar lo que uno hace. Muchas veces la respuesta a qué es mejor para Costa Rica termina siendo un camino difícil, y lo digo con mucha experiencia. No conozco aún una ruta que diga lo mejor para Costa Rica y que sea un paseo floreado a través de un vergel.
Costa Rica –y eso también hay que decirlo– es un país que tiene sectores fuertes y con privilegios. Si usted identifica muchas de las luchas que nosotros dimos fueron con sectores fuertes. Hablamos de luchas para sostener solidaridad… Las luchas contra las pensiones de lujo, las luchas contra las convenciones colectivas, la lucha del gobierno anterior por el registro de accionistas. Son luchas contra los grupos de poder y, entonces sí, este es un camino empedrado.
