La gestión de las aceras de la red vial cantonal será potestad exclusiva de las municipalidades a partir de la publicación de la Ley de Movilidad Peatonal, aprobada en la Asamblea Legislativa el 10 de marzo bajo el expediente 21.318.
La ley propone darle un impulso a la infraestructura para los peatones y colocarlos en el primer lugar en la jerarquía de la movilidad, pero uno de los puntos de más controversia ha sido la facultad que le da a las municipalidades de cobrar por las aceras que el gobierno local construya.
Los argumentos en contra sostienen que falta claridad en el cobro, mientras los representantes municipales aducen que son recursos complementarios.
La nueva legislación da un plazo de 18 meses a partir de la publicación de la Ley en el diario oficial La Gaceta para que cada municipio elabore su propio reglamento.
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Nuevo cobro
De acuerdo con el artículo 13 de la nueva ley, las municipalidades podrán cobrar el costo de la acera más un 10% de utilidades.
Esa suma se cobrará proporcionalmente entre todos los contribuyentes del distrito en el que se desarrolle la obra, según el valor de cada propiedad.
Ese mismo artículo estipula que se cobrará solo la mitad de la tasa cuando el inmueble constituya el bien único de la persona física y cuyo valor sea máximo el equivalente a cuarenta y cinco salarios base (unos ¢20,8 millones).
Para Kathya Araya, abogada especialista en derecho público y ambiental de Dentons Muñoz, este cobro va en contra del principio del derecho urbanístico de la adecuada distribución de las cargas y los beneficios, que se refiere a que un usuario pague en proporción al beneficio que percibirá.
“Es un traslado general por un servicio colectivo. No es específicamente la acera frente a mi casa la que voy a pagar, sino que es un cobro general sobre la construcción de aceras”, comentó Araya.
La abogada también mencionó que las municipalidades ya reciben ingresos de dos fuentes para este fin: el impuesto de bienes inmuebles y los recursos de la Ley de Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal (9.329) que transfiere a los municipios el 22,25% de los fondos del impuesto único a los combustibles para la atención de la red vial cantonal.
Esta ley indica en su artículo 12 que las aceras se consideran parte de la red vial cantonal, así como otros elementos como las ciclovías, las áreas verdes, entre otros.
La directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras, comentó que este cobro le da a las municipalidades “recursos complementarios”, pues los existentes provenientes de dichos impuestos son insuficientes, según dijo.
“Esos recursos (de la ley 9.329) son directamente para caminos. Se amplió la posibilidad de poder invertirlos en aceras, pero el tema es que esos recursos nunca han alcanzado”, manifestó Porras.
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La directora de la UNGL –organismo que agrupa a unos 70 entes entre municipalidades, concejos y federaciones– agregó que trabajan en un convenio para habilitar el uso de recursos provenientes del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) destinados al mantenimiento de aceras.
Para Federico Cartín, economista y planificador urbano, falta claridad en la ley sobre el proceso de cobro y los estándares de aceras que las municipalidades estarán obligadas a construir y por las que cobrarán a los usuarios.
“El costo debería ser el costo administrativo, no veo por qué el 10% de utilidad”, manifestó Cartín.
La Ley obliga a las municipalidades a notificar al propietario del inmueble cuando proyecten realizar labores de nuevas aceras. Además, las autoriza para que establezcan facilidades de pago de dicho cobro.
Asimismo, el gobierno local podrá eximir de este cobro a los usuarios que demuestren que carecen de los recursos económicos suficientes para hacerle frente al pago.
Cuando se trate de una edificación nueva, los propietarios mantienen la responsabilidad de la construcción de la acera frente a la propiedad, siguiendo los lineamientos establecidos por el respectivo municipio.
También queda por cuenta del propietario realizar las modificaciones necesarias para habilitar el acceso a la vía pública desde su inmueble, pero sin afectar la acera construida. De lo contrario, podría enfrentar una sanción equivalente a medio salario base.
¿Cómo avanzan las municipalidades?
Los gobiernos municipales tienen un plazo de 18 meses para elaborar un reglamento específico para sus territorios.
La UNGL trabajará en conjunto con las municipalidades para la reglamentación de la Ley y generará instrumentos que ayuden a su implementación, según dijo Porras.
La directora precisó que ya se trabaja en conformar una comisión integrada por funcionarios de diferentes municipios y de la misma UNGL.
EF consultó a un grupo de municipalidades para conocer cómo avanzan los planes respectivos, pero al cierre de esta nota se obtuvo respuesta de solo tres de ellas.
En la Municipalidad de Escazú aseguraron que ya trabajan en el reglamento que esperan presentar al Concejo Municipal en dos meses. El esquema de cobro que se aplicará en dicho cantón se detallará en ese documento, afirmó el alcalde escazuceño, Arnoldo Barahona.
“La Ley nos va a permitir generar espacios peatonales de manera masiva, bien construidos y uniformes”, dijo Barahona.
El alcalde agregó que su municipalidad publicará una contratación para el diseño de las “veredas urbanas” y que existe una partida inicial de ¢400 millones para ejecutar este proyecto de aceras.
Por su parte, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, aseguró que su municipalidad advirtió que era “complicada” la aplicación de la ley y reclamó que no se consultó a ese cantón sobre la misma.
“Nada le garantiza que usted va a hacer una obra y que el propietario le va a pagar inmediatamente. Se va a tener que ir a una gestión administrativa vía judicial que puede significar años”, dijo Redondo.
La Municipalidad de Cartago abandonó la UNGL en agosto del 2020 y Redondo manifestó que no se tomó en cuenta a los municipios fuera de la Unión.
No obstante, aseguró que están presupuestando ¢100 millones para la gestión de aceras durante “los próximos meses del año” y que tienen un equipo trabajando en el tema con el fin de ofrecer a los vecinos del cantón tarifas a “costos razonables”.
Mientras tanto, desde la Municipalidad de Desamparados manifestaron a través de su encargada de prensa que conocen de la ley, pero no se ha analizado a detalle a lo interno del municipio por lo que no podían dar una declaración.
Impulso a la movilidad peatonal
El tema de las aceras es solo uno de los aspectos que abarca esta nueva ley que pretende crear las bases del marco jurídico para regular la infraestructura peatonal y además declara de interés público la movilidad peatonal integral.
La ley le establece al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) un plazo de 18 meses para elaborar un plan nacional de movilidad peatonal que integre principios como los de movilidad inclusiva, pacificación vial, entre otros.
Además, promueve la inclusión de espacios peatonales internos y externos en los proyectos inmobiliarios.
Para Cartín, la Ley va en la dirección correcta de colocar al peatón en el centro de la movilidad, pero también apuntó vacíos.
Más allá de la priorización, el planificador urbano considera que debieron establecerse criterios de estándares de aceras según la tipología de las vías. Por ejemplo, en calles urbanas se debería contemplar necesaria la arborización.
“Hay otros elementos que hacen que la movilidad urbana sea agradable y posible”, dijo Cartín.
Para la abogada especialista, la Ley carece de parámetros técnicos o científicos que delimiten la discrecionalidad de las decisiones urbanísticas y el rango de acción de las municipalidades, lo que espera que se incluya en el reglamento.
Aún así, Araya considera que se trata de una ley de vanguardia porque plasma principios y un marco jurídico que no existía en el país y que nos acerca a una movilidad moderna, pero queda por ver la capacidad de aplicación de los municipios.
Por su parte, Cartín comentó que la norma sigue la tendencia mundial de considerar a las aceras como dominio público, algo en lo que el país ha estado rezagado.
“No podemos pretender que las vías públicas como las aceras sean responsabilidad de los propietarios”, aseguró Cartín, quien agregó que sí debe mantenerse la excepción cuando se trata de una casa o edificio nuevo.
Según la directora de la UNGL, con la nueva legislación se llenan vacíos jurídicos que existían en torno a la construcción de aceras y confiere mayor autonomía a los gobiernos locales.
Porras espera que sea un impulso para una movilidad peatonal más ágil, accesible e inclusiva.