El sistema educativo de Costa Rica se asoma al abismo. Tal como ya ocurrió en la década de los años 1980, una nueva generación de estudiantes corre el riesgo de ‘perderse’; es decir, de no alcanzar sus verdaderos potenciales de aprendizaje.
Las situaciones son muy diferentes entre las crisis educativas de ambas épocas. Sin embargo, la coordinadora del informe del Estado de la Educación, Isabel Román, explicó en entrevista con EF que podrían tener efectos muy similares. A fin de cuentas, recordó, la exclusión educativa y los rezagos de aprendizaje tarde o temprano se traducen en mayores niveles de desempleo y pobreza.
En 1980 Costa Rica normalizó la exclusión de estudiantes que abandonaron o nunca llegaron a las aulas, por un contexto económico que los desalentaba tanto a nivel nacional como de sus propios hogares. La apuesta del país por la educación era menor, y también la de las familias.
Ahora el sistema educativo tiene altos índices de cobertura, que alcanzan hasta el 94% en primer ciclo, el 84% en segundo ciclo y el 75% en tercero; pero también se enfrenta a un cóctel de fenómenos que amenaza todos esos logros alcanzados.
Ese cóctel se compone de cuestiones estructurales que ya se mencionaban en los últimos años, como la carencia de sistemas adecuados de evaluación docente y problemas de infraestructura en muchos de los centros de enseñanza; pero ahora también se potencia con los efectos de una pandemia que pausó gran parte de las evaluaciones formales del país, dejó “desconectados” a miles de estudiantes que no tuvieron acceso oportuno a clases virtuales y redujo las parrillas de estudios de manera significativa.
También se acumula a esa lista el desgaste anterior de dos años (2018 y 2019) que ya habían quedado marcados por huelgas o manifestaciones estudiantiles, las cuales también propiciaron rezagos en el aprovechamiento de dichos cursos lectivos.
Según el último informe del Estado de la Educación, todas estas componen una nueva forma de exclusión: el rezago en el aprendizaje.
Además, las consecuencias económicas de la pandemia (que aún ni siquiera son las definitivas) ponen en riesgo a miles de estudiantes que ya estaban o quedaron en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los contextos más difíciles casi siempre golpean los niveles de cobertura educativa, y Costa Rica recién pasó de contabilizar un índice de pobreza del 21% de su población en 2019 a 26,2% en 2020.
Un amplio rezago
A pesar de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) asegura que menos de 20.000 estudiantes fueron excluidos del sistema educativo en 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, Costa Rica corre riesgos profundos. Las irregularidades en los ciclos lectivos de 2018 a 2021 han dejado rezagos importantes de aprendizaje.
“Lo que nos pasa es que los estudiantes están formalmente inscritos en el sistema, ahí están; pero no están aprendiendo y esa es una forma de exclusión”, afirmó la investigadora Isabel Román.
El rezago es tan grande que solo en 2020 e inicios de 2021 el MEP priorizó el despliegue de clases virtuales ante los riesgos de contagio del coronavirus; sin embargo, todavía para marzo de 2021, 426.000 de los más de 1,2 millones de estudiantes de primaria y secundaria en el país decían mantener problemas de conexión para acceder a ese tipo de espacios.
Asimismo, el MEP impulsó métodos de aprendizaje a través de mecanismos como guías de trabajo autónomo y programas de televisión que nunca fueron formalmente evaluados, a través de mecanismos estandarizados, un hecho que según la investigadora Jennyfer León permite decir que el país hoy “opera a ciegas”.
“La respuesta del MEP se dio para asegurar la continuidad del ciclo y no necesariamente para garantizar los aprendizajes (...) Hubo un popurrí de recursos, pero no sabemos si funcionaron o no”, señaló.
Todos estos problemas contrastan con la capacidad instalada de un Ministerio de Educación que es el mejor alimentado por el presupuesto nacional. Para este 2022, según el plan recién presentado por el Gobierno al Congreso, la cartera recibiría un 6,4% del PIB el próximo año; es decir, unos ¢2,56 billones. Ese monto es más del doble de lo presupuestado para el régimen de pensiones y en toda la iniciativa solo es superado por el pago de la deuda pública.
Con este panorama de por medio, el temor es que se abra paso a un grupo de estudiantes de todos los ciclos que sea impulsado abandonar su progreso educativo o que continúe en él pero no pueda aprovecharlo del todo.
Según Isabel Román, este es el mismo escenario que en los años ochenta enfrentaron miles de costarricenses que luego no lograron insertarse al mercado laboral o que lo hicieron, pero en condiciones mucho peores de las que hubiesen podido.
“El riesgo está precisamente en que los daños temporales se vuelvan permanentes, y eso en términos concretos de resultados sociales se traduciría en un incremento de la pobreza y de la desigualdad por razones educativas. Podríamos seguir teniendo ese problema estructural, que aún hoy tenemos, en el que buscamos atraer inversión extranjera para buscar una mano de obra calificada que simplemente no está”, subrayó la investigadora.
Movimientos urgentes
El Informe del Estado de la Educación de este 2021 llama a realizar un grupo de medidas urgentes. La primera de ellas es retornar a la presencialidad, ante la imposibilidad que se ha certificado de garantizar una educación de calidad virtual para todos.
También asegura que el MEP debería realizar diagnósticos para determinar la profundidad del deterioro que han dejado los últimos años en materia de aprendizaje y enfocar algunas de sus estrategias en la atención de los estudiantes más vulnerables al desaliento.
El informe señala a un grupo estimado de 297.000 estudiantes de primaria y secundaria que estarían en condición de pobreza extrema. Este grupo, según el documento, habría aumentado en más de un 59% (111.000 niños y jóvenes) con la pandemia del coronavirus.
El grupo de investigadores del informe también señala que Costa Rica debería implementar acciones inmediatas para recuperar el terreno perdido en materia de aprendizajes. En caso contrario, se corre el riesgo de convertir en un lastre permanente los efectos de cuatro años sin ciclos lectivos completos, aunados a los viejos problemas estructurales que ya se arrastraban desde mucho antes.
“En los próximos años el país va a tener que remontar esta situación, porque al final lo que estamos teniendo es una pérdida de conocimientos y habilidades, muy alejada del perfil esperado por el país para esta generación y que no está logrando”, comentó la investigadora Román a EF.
Costa Rica acumula 16 meses entre pausas educativas, suspensiones de clases y modalidades virtuales pobremente evaluadas.
El rezago de aprendizaje es latente. Por ejemplo, el Estado de la Educación identificó “una significativa contracción de aprendizajes en Matemáticas” solo en 2020: las coberturas de aprendizaje apenas alcanzaron un 57% y un 62% en los currículos de sexto año de primaria y undécimo año de secundaria, respectivamente.
Asimismo, en materia de comprensión lectora, el grupo investigador asegura que es posible que existan estudiantes de hasta 10 años que todavía sean incapaces de comprender textos. Todo esto en medio de un contexto costarricense que ya de por sí carecía de mayores habilidades lectoras, en comparación con países más desarrollados.
El diagnóstico de Matemática de la Universidad de Costa Rica para estudiantes de primer ingreso ya confirmó algunos de los temores. Un 96% de los casi 4.000 estudiantes que aplicaron la prueba la reprobaron (solo 153 obtuvieron notas superiores a 70 y la calificación promedio fue de 33), según informó La Nación.
Ante este panorama, el llamado es a una estrategia general que atienda todas estas inquietudes. Según la investigadora Katherine Barquero, “habrá que prestar atención a la exclusión educativa y en especial a los estudiantes que enfrentaron más desventajas” en los últimos años.
Las universidades públicas ya trabajan en planes de nivelación para los alumnos que recibirán en los próximos meses de secundaria, según comentó a EF el coordinador de vicerrectores académicos del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Randall Hidalgo. No obstante, el Estado de la Educación llama a un trabajo conjunto.
“Esto requiere de una estrategia nacional en la que participen todos los actores posibles, hablamos de una crisis”, puntualizó Román.