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Los investigadores enfatizan en que aún en los mejores escenarios de virtualidad existen pérdida de aprendizajes y no se logra sustituir la presencialidad. (Fotografía: Albert Marín/Archivo)
La pandemia de COVID-19 encontró al sistema educativo público de Costa Rica con desafíos de larga data sin resolver y rezagos significativos.
Meses de lecciones perdidas por diferentes causas antes de la emergencia sanitaria, se sumaron a una nueva suspensión de clases y una adaptación a la virtualidad que, lejos de lograr más inclusión, ha provocado una nueva forma de exclusión, según advierte el octavo Informe Estado de la Educación 2021, elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN).
Las consecuencias de estos cuatro años de interrupciones persistirán en el futuro, pues una generación arrastra vacíos de conocimientos que empiezan a percibirse en resultados de pruebas internacionales y que podría dificultar su acceso y desempeño en la educación superior.
Ciclos interrumpidos
Durante los últimos cuatro años, desde el 2018, los estudiantes de centros educativos públicos han tenido 16 meses de lecciones interrumpidas, según recopila el PEN en su informe.
En el 2018, una huelga de educadores en oposición al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) se extendió por cuatro meses en los que los estudiantes no tuvieron lecciones.
Cuatro años de interrupciones
Desde el 2018, el PEN contabiliza 16 meses en los que las lecciones se suspendieron o se impartieron de forma virtual, pese a las carencias de conectividad de 426.000 estudiantes.
FUENTE: PEN || INFOGRafía/ EL FINANCIERO.
Una situación similar se vivió al año siguiente, en el 2019, cuando otra huelga intermitente de sindicatos y estudiantes aglutinó no solo la oposición a la ley 9.635, sino también a otros proyectos. En ese año, el tiempo de lecciones que los estudiantes perdieron fue de dos meses.
Lo peor llegó en el 2020, cuando la pandemia obligó a suspender clases en todos los centros educativos del país por tres semanas, en un primer momento, por lo que el ciclo lectivo se alargó hasta el 23 de diciembre.
No obstante, la situación epidemiológica se prolongó y las clases presenciales se suspendieron por todo el año, pasando entonces a la virtualidad. En el 2021, aunque se retomaron al inicio del año, posteriormente hubo otra interrupción de las clases presenciales por mes y medio.
“El efecto más significativo de la pandemia fue el cierre total de los centros educativos en el 2020 que, de hecho, ha sido el más prolongado de la historia reciente y uno de los más largos del mundo”, indica el informe.
En este contexto, el PEN llama la atención sobre dos condiciones que considera “preocupantes” que enfrenta la educación preescolar, general básica y diversificada.
Por un lado, está el agotamiento del bono demográfico. La población económicamente activa (PEA) debería ser mayor que la dependiente, pero en Costa Rica, y en otros países, se está transitando hacia el fenómeno contrario.
Las generaciones jóvenes son cada vez más pequeñas, lo que tendrá implicaciones sobre la educación y el desarrollo del país, y exige mejoras rápidas y generalizadas en las oportunidades educativas, pues Costa Rica tendrá que enfrentar sus necesidades de desarrollo con menos personas jóvenes.
Un segundo aspecto es el agravamiento de la crisis en las finanzas públicas y las políticas restrictivas implementadas para atenderla, pues el PEN considera que tiene como consecuencia una reducción en la capacidad del país para sostener o aumentar la inversión educativa.
Además, ya antes de la pandemia existían deudas pendientes en temas como la cobertura, la infraestructura y la calidad, sumado a la persistencia de problemas de discontinuidades entre los ciclos educativos.
Sin olvidar el golpe económico de la pandemia que también incide en las oportunidades de educación. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), la cantidad de estudiantes en pobreza extrema creció de 186.000, en el 2019, a 297.000, en el 2020, lo cual representa un incremento del 59%.
Nueva forma de exclusión
El informe del PEN apunta que las brechas tecnológicas y sociales agudizadas por la pandemia generan una nueva forma de exclusión educativa, ligada a la poca o nula conectividad a Internet.
Como resultado, surgen “estudiantes desconectados”: aquellos que formalmente permanecen en el sistema, pero sin las condiciones necesarias para tener continuidad en el desarrollo de procesos de aprendizaje de calidad.
El informe señala que, para marzo de este año, 426.000 estudiantes carecían de conectividad o tenían problemas de acceso a recursos tecnológicos.
Esta realidad tiene sus matices por quintiles y regiones.
Por ejemplo, las familias con menores recursos económicos presentan mayores dificultades para acceder a una educación remota de calidad, con respecto a sus pares con mejores condiciones.
El 78% de los estudiantes de 5 a 18 años, pertenecientes al quintil de mayor ingreso, tenían acceso a una buena conectividad, mientras que entre los del primer quintil ese porcentaje se reducía al 40%.
Entre regiones también persisten brechas. En la región Central, cerca del 64% de la población del mismo grupo de edad tenía conexión a Internet de buena calidad, en contraste con regiones como la Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte, donde entre el 49% y el 54% se conectaba por medio del celular.
Rezagos
Las constantes interrupciones en los ciclos lectivos han provocado omisión de lecciones y rezagos en los contenidos de los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública.
El PEN encontró que, en el 2020, las plantillas de aprendizaje abarcaron, en promedio, el 52% de las habilidades matemáticas propuestas en los programas de estudio de primaria y el 54% en el caso de secundaria.
Sin embargo, la situación se agrava pues ya desde el 2018 los programas de estudio no se cumplían por completo debido a la pérdida de lecciones en esos años.
La omisión de contenidos tiene consecuencias en la capacidad de los estudiantes en áreas como la lectura y las matemáticas.
En este último campo, los resultados de las pruebas PISA del 2018 mostraron que un 60% de los estudiantes costarricenses que participaron estaban por debajo del nivel 2, el cual se considera el mínimo para la sociedad del conocimiento.
Ese año, Costa Rica obtuvo un puntaje promedio en matemáticas de 402, mientras que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue de 494.
Con las recientes interrupciones a causa de la pandemia, el informe advierte que el puntaje del país podría retroceder a 370, si el país no revierte los vacíos en el aprendizaje.
Asimismo, el PEN apunta un estancamiento en la capacidad lectora. El informe indica que casi la mitad de las personas estudiantes dijo que muy rara vez o nunca leen libros.
Esas condiciones podrían tener consecuencias a largo plazo, pues los estudiantes entrarán a la educación superior con baches de conocimientos que desafiarán su estadía e inclusive permanencia en el sistema.
