Los diputados aprobaron dos créditos internacionales por $600 millones que estaban pendientes de autorización legislativa desde 2020. Ambos se manejaron en un mismo expediente legislativo (22.214) y corresponden a dos acuerdos por $300 millones, cada uno, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los dineros se destinarán a tres tareas en específico: $270 millones del crédito con el BCIE irán a financiar el Fondo de Avales y Garantías que se planteó desde agosto de 2020 para ayudar a empresas afectadas por la COVID-19; y otros $270 millones del crédito con el BIRF, brazo del Banco Mundial, irán al pago de deuda pública.
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Los créditos se aprobaron de manera unánime, con 46 votos a favor: ocho más de los requeridos para aprobar endeudamiento externo, según establece la Constitución Política.
Inicialmente el crédito del BCIE únicamente se destinaría al Fondo de Avales; sin embargo, finalmente se agregó una cláusula para que un 10% vaya a fortalecer las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), como también se planteó en el caso del crédito del BIRF.
En total, la CCSS recibirá los $60 millones restantes.
El Fondo de Avales y Garantías aún no es una realidad, pues no se aprueba la ley necesaria para su fundación. Los diputados aún tienen dudas sobre el mecanismo legal que usarán para dicho fideicomiso.
No obstante, la autorización legislativa da un plazo de 18 meses para que ese Fondo se concrete o, en detrimento, el dinero se utilizará para amortizar deuda pública.
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Ambos empréstitos se presentaron para su aprobación desde el 2020; sin embargo, el Congreso no avanzó con su trámite por distintos motivos hasta ahora.
De hecho, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, debió pedir una prórroga del crédito con el Banco Mundial, la cual se le otorgó al país en marzo pasado, y aplazó su vencimiento hasta este 15 de junio (la semana próxima).
Silvia Hernández, actual presidenta legislativa y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del año legislativo, aseguró semanas atrás a EF que el trámite de ambos créditos tuvieron una marcha lenta no solo porque se vieron aplazados por otras iniciativas o por la necesidad de avanzar con el propio andamiaje legal del Fondo de Avales (que requiere su propio proyecto), sino también porque estuvieron desconvocados por parte del Poder Ejecutivo varias semanas.
Ambos créditos ofrecen condiciones blandas, con tasas inferiores al 3%. El crédito con el BIRF se negoció a 34,5 años plazo, con cinco de gracia; mientras que el del BCIE a 20 años, también con cinco de gracia.
Llena vacío
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró a este medio que el avance con estos créditos llena necesidades pendientes de 2020, pero que no son recursos que sumen a las necesidades de financiamiento de este 2021. Es decir, no abonan a las necesidades de endeudamiento externo de este año, que su cartera estima entre unos $1.500 millones y $2.000 millones.
Parte de esas necesidades el Gobierno las espera llenar con la aprobación del acuerdo de financiamiento por $1.778 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por tres años; del cual recibiría el país los primeros $592 millones este año.
El restante provendría de otros créditos en proceso de confección, negociación o en camino a presentación al Congreso.
También hay un financiamiento por $80 millones, para refinanciar parcialmente el pago de vacunas contra la COVID-19.
Con estos créditos, el Gobierno pretende evitar tener que acceder a endeudamiento interno, hasta tres o cuatro veces más caro en el pago de intereses, según las autoridades de Hacienda y del Banco Central (BCCR).