57 allanamientos despertaron a Costa Rica este 14 de junio. El motivo: una megaoperación policial coordinada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público para investigar una supuesta red criminal, conformada por funcionarios públicos y empresarios de las más importantes constructoras del país, para la gestión de obra pública a través de sobornos.
La operación ha sido extensa. Incluso seis de los 57 allanamientos seguían activo hasta este martes 15 de junio al mediodía, según confirmó a EF el Ministerio Público.
Como parte del proceso se detuvo a 30 personas, las cuales están todavía a la espera de que se les dicten medidas cautelares. A todas se les tomó declaración este 14 de junio.
Entre las empresas allanadas estuvieron los gigantes de la construcción Meco y H Solís. También a la empresa Cacisa.
EF le resume lo que se sabe del presunto caso de sobornos en la gestión de infraestructura pública que investiga el Poder Judicial.
¿Qué investiga el OIJ?
Una denuncia recibida en 2018 alertó al Ministerio Público sobre supuestos sobornos en la gestión de obra pública, según indicó este 14 de junio el director del OIJ, Walter Espinoza, a la prensa.
La denuncia derivó en una serie de pesquisas, incluidas intervenciones telefónicas, mediante las cuales el OIJ supo de presuntos sobornos para acelerar el financiamiento de obras relacionadas con empresas constructoras en específico.
¿Qué espacios fueron allanados?
Los allanamientos se realizaron en residencias privadas, empresas y recintos públicos. Entre ellos estuvieron casas de personas involucrados; despachos de Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); e instalaciones de empresas como las constructoras Meco, H. Solís y Cacisa.
Cinco de los 57 allanamientos se mantienen hasta este martes 15 de junio: uno en dos en oficinas de Conavi, uno en el MOPT y tres en las empresas antes citadas.
¿Qué se ha probado?
Por el momento no existe prueba conclusiva. Es decir, el Ministerio Público tiene una hipótesis de investigación por la que realizó todas estas operaciones, pero ahora busca prueba suficiente para solicitar la apertura de juicio.
El caso se investiga bajo el expediente 19-000025-1218-PE, por los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado, entre otros.
¿Cuál es la hipótesis del OIJ?
El OIJ señaló que, de sus pesquisas iniciales, determinó que empresarios adjudicatarios de obras importantes en el país habrían girado todo tipo de sobornos para favorecer sus operaciones particulares.
Entre esos sobornos, el OIJ encontró prueba preliminar sobre pagos de dinero, provisiones de vehículos, traspasos de terrenos, regalos de viajes y hasta favores sexuales, según detalló Espinoza.
Las autoridades judiciales dicen tener suficiente prueba sobre la comisión de 35 actos delictivos relacionados con relaciones entre empresarios y empleados públicos.
“Este es el enlace típico de la corrupción que se ha manifestado en otros países, también en Costa Rica, en la que un grupo de empresarios o empresas privadas que tienen intereses muy pero muy fuertes, y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, les ofrecen dádivas o regalías, y afectan la integridad y la probidad de las personas”, dijo.
El Ministerio Público aseguró que la investigación se realiza contra “un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Conavi”.
¿Cuál es la magnitud del supuesto daño?
Peritajes provisionales del OIJ presumen una malversación de al menos ¢78.000 millones, en favor de las empresas que habrían gestionado los sobornos y en perjuicio de proyectos manejados por otras empresas, solo entre 2018 (momento de la denuncia) e inicios de 2020.
Es decir, los recursos que correspondían inicialmente a otras obras viales se habrían utilizado para dotar de financiamiento a los proyectos de determinadas compañías o empresas, en favor de sus actividades comerciales.
Espinoza calificó esto como una ‘laguna financiera’ en favor de particulares y que algunas de sus obras también se habrían encarecido, según estima el OIJ.
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¿Quiénes resultaron detenidos?
Aunque inicialmente se habló de 29 detenidos, este 15 de junio el Poder Judicial amplió el número a 30 personas. Entre ellos están funcionarios públicos, empresarios y trabajadores privados.
Entre los funcionarios públicos destacan el vicepresidente del Tribunal Administrativo de Transporte, Mario Quesada. También se mencionan mandos de Conavi como el exgerente financiero, Carlos Solís; la directora de Proveeduría, Carmen Madrigal; el director financiero José Rojas; el jefe de Tesorería, Sergio Lobo; y la gerente de de Adquisición y Finanzas, Marcela Monge.
Entre los privados están el presidente, el gerente general y el representante legal de Constructora Meco, Carlos Cerdas, Abel González y Alejandro Bolaños; la dueña de H. Solís, Mélida Solís; el presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos ITP S.A., Óscar Martínez; el gerente de Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles (Diccoc), Alister Cervantes; el presidente de la Constructora Montedes, Edwin Castro; y el gerente general de Constructora Herrera, William Herrera, entre otros.
Entre las personas que se investigan pero no fueron detenidas están el director del Conavi, Mario Rodríguez; y el asesor del presidente Carlos Alvarado, Camilo Saldarriaga. Este último negó cualquier acto ilegal y presentó su renuncia al cierre de la tarde, según informó Casa Presidencial, para afrontar el proceso.
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¿Qué ha dicho el Gobierno?
En un corto pronunciamiento público, al filo de la tarde de este 14de junio, el presidente Carlos Alvarado aseguró que la noticia le generó “indignación, molestia y rabia”. También señaló que los comportamientos investigados son “inaceptables” y que las personas involucradas, tanto corruptores como corruptas, “deben ser sancionadas”.
“Como presidente, me duele mucho que el enorme esfuerzo que hemos hecho por modernizar la obra pública se vea empañado por estos bochornosos actos”, aseguró a través de sus redes sociales.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, se refirió a lo sucedido este lunes y aseguró que condena la la conducta de aquellos funcionarios que en el ejercicio de sus deberes “hayan traicionado la confianza en ellos depositada”.
“Sobre quienes hayan actuado dolosamente debe de recaer todo el peso de la ley, sea quien sea. Será el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia los que establezcan las responsabilidades correspondientes. Para ello desde antes y desde ya cuentan con la plena disposición a colaborar de mi parte y de los órganos y entes del Sector de Obras Públicas y Transportes”, señaló el jerarca del MOPT, también en un pronunciamiento público.
Según el jerarca, algunas de las actuaciones fueron presentadas por parte de su propio Ministerio al Poder Judicial, a inicio de sus gestiones. En ese momento se le comunicó de la existencia de la causa ahora pública.
¿Qué pasa ahora mismo con las construcciones adjudicadas a investigados?
Nada por el momento. El MOPT indicó, ante la consulta de EF que todos los proyectos “siguen en marcha con normalidad”. “Recordemos que hay contratos firmados que las empresas deben de cumplir”, indicó el equipo de prensa de la cartera.
Las empresas tampoco han informado al Ministerio sobre planes en dirección contraria.
La Constructora Meco, por ejemplo, tiene a su cargo la rehabilitación del puente sobre el Río Virilla, conocido como el ‘Saprissa’; mientras que H. Solís actualmente desarrolla obras en consorcio como Circunvalación Norte, los pasos a desnivel en Cartago, la ampliación de la Interamericana Norte (entre Barranca y Limonal) y el trayecto de La Angostura, entre otros.
¿Qué dicen las principales empresas involucradas?
Pese a las detenciones de altos directivos suyos, las constructoras Meco y H Solis evitaron referirse sobre los hechos ante la consulta de EF. Dijeron que colaborarán con el proceso, pero que por tratarse de un caso en investigación no darán mayores detalles.
Ambas empresas continuaron sus operaciones con normalidad.
¿Y ahora?
La investigación debe continuar su curso. Una vez se concluya la recolección de prueba, se procederá a solicitar o no la apertura de juicio en contra de las personas físicas o jurídicas que se estime necesario.
También se deberá girar medidas cautelares a las personas detenidas, en los casos en los que corresponda.