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Dos gigantes de la construcción en Costa Rica son parte de las entidades implicadas en los allanamientos efectuados, este 14 de junio, por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), relacionados con una investigación por supuestos sobornos en la gestión de obra pública.
Entre las 29 personas detenidas estuvieron los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, representantes de las constructoras Meco y H. Solís, respectivamente.
Ambas empresas son parte de las más recurrentes en las contrataciones estatales.
En años recientes, Meco desarrolló, sola o en consorcio, trabajos como el viaducto de las Garantías Sociales, la construcción del nuevo puente sobre el Río Virilla (conocido como el puente del ‘Saprissa’), el puente binacional en Sixaola y la rehabilitación de la carretera entre Cañas y Liberia.
Además, ahora mismo trabajará en una rehabilitación del mismo puente del ‘Saprissa’; y recientemente se le adjudicó el diseño y la construcción de un paso elevado vehicular en Hatillo 4.
Por su parte, H. Solís se encarga en este momento de varias obras, también de manera individual o en conjunto con otras empresas. Entre ellas destacan las ampliaciones en Circunvalación Norte, los pasos a desnivel en el ingreso a Cartago, la ampliación de la carretera entre Barranca y Limonal, el tramo de La Angostura y un tramo de las obras impostergables sobre la ruta San José- San Ramón.
La mayoría de estas obras se financian, o se financiaron, con recursos de entidades internacionales; y en conjunto rondan $800 millones.
Estas empresas también han sido recurrentes adjudicatarias de los contratos para mantenimiento y rehabilitación de vías, que se negocian periódicamente.
Las empresas afirmaron a EF que no se referirán a la investigación pues el proceso está en desarrollo.
La investigación preliminar el Ministerio Público apunta a que empresas del sector construcción habrían girado dádivas a funcionarios públicos.
Las pesquisas apuntan a un movimientos de fondos en favor de empresas específicas que generó un déficit de ¢78.000 millones para otros proyectos de infraestructura, solo entre 2018 e inicios de 2020.
Decenas de allanamientos
Los allanamientos relacionados con presuntos sobornos por parte de empresas constructoras de obra pública iniciaron este lunes 14 de junio en horas de la mañana, tanto en las residencias de personas involucradas como en distintas instituciones públicas, incluidas Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
La investigación se tramita bajo el expediente 19-000025-1218-PE.
Desde ambas empresas constructoras se señaló que al tratarse de una investigación en curso no pueden dar mayores detalles y que pondrán a disposición de las autoridades la información que se requiera.
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“H Solís se encuentra colaborando con nuestras autoridades, poniendo a su disposición toda la información que las mismas así requieran para que todo sea aclarado con transparencia y de manera oportuna. La empresa continúa operando con total normalidad”, señaló Carlos Carmiol, vocero de H Solís.
Desde Meco señalaron que las operaciones de la empresa continúan en su curso normal y que se encuentran en la mejor disposición de colaborar con el Ministerio Público, facilitando y entregando la información y la documentación requerida sobre el caso.
La investigación también incluye a la empresa Cacisa, empresa contratada en el 2012 por el Conavi para la supervisión de la ruta 1856, conocida como “la trocha”; así como a la Constructora Herrera.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, informó este 14 de junio que investigaciones preliminares determinaron que empresas habrían realizado al menos 35 actos delictivos en beneficio de su participación en proyectos de obra pública.
Espinoza comentó a la prensa que la investigación encontró la supuesta comisión de sobornos de todo tipo, en cuenta pagos de dinero, provisiones de vehículos, traspasos de terrenos, viajes y favores sexuales.
La investigación en curso que se dio a conocer este lunes inició dos años atrás, luego de denuncias particulares e informaciones confidenciales que llegaron al organismo.
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