Presuntos sobornos de empresas constructoras detonan operativo de allanamientos; OIJ estima ‘laguna financiera’ de ¢78.000 millones

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público desarrollan la mañana del lunes 14 de junio 57 allanamientos , tras una investigación preliminar que determinó presuntos sobornos por parte de empresas constructoras de obra pública en Costa Rica.

La información la confirmó el director del OIJ, Walter Espinoza, quien aseguró que la policía judicial trabaja casi por completo en estas labores.

La investigación, afirmó el Ministerio Público, se dirige contra “un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi)”.

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Las operaciones incluyen la detención de 19 funcionarios públicos y 13 personas allegadas a las empresas. Se investigan delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa, en perjuicio del Estado, entre otros delitos.

Al menos otras 40 personas estarían implicadas; sin embargo, se abordarán de manera paulatina, indicó el OIJ.

Según Espinoza, la investigación apunta a una malversación de fondos en favor de empresas específicas que generó un déficit de ¢78.000 millones para otros proyectos, solo entre 2018 e inicios de 2020.

Explicó que este déficit correspondió a recursos que inicialmente estaban destinados a otras iniciativas que finalmente se utilizaron para dotar a los proyectos de determinadas compañías o empresas de recurso económico que les permitiera continuar el desarrollo de su actividad comercial.

“Esto generó una especie de laguna financiera”, detalló Espinoza en un vídeo remitido por las autoridades.

En medio de los allanamientos, el director policial aseguró que la mayoría de operaciones se realiza en Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo de Transporte Público (CTP), el Conavi y otras localidades de Santa Ana, Pavas, Escazú, San Carlos, Heredia y Desamparados, incluidas oficinas de empresas vinculadas.

“Nosotros además hemos logrado identificar a otro grupo de personas que secuencialmente van a ser trasladados a los tribunales para efectos de que la actividad operativa y sobre todo la parte judicial sea lo más ordenada posible”, dijo, en declaraciones a medios televisivos.

La investigación se tramita bajo el expediente 19-000025-1218-PE. Además, el periódico La Nación confirmó que entre las personas detenidas están empresarios de Meco y H. Solís, de apellidos Cerdas y Solís.

La investigación, dice la Fiscalía, comenzó desde 2018, luego de que se alertó sobre los hechos.

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Sobornos de todo tipo

Espinoza comentó que la investigación encontró la supuesta comisión de sobornos de todo tipo, en cuenta pagos de dinero, provisiones de vehículos, traspasos de terrenos, viajes y favores sexuales.

“Este es el enlace típico de la corrupción que se ha manifestado en otros países, también en Costa Rica, en la que un grupo de empresarios o empresas privadas que tienen intereses muy, pero muy fuertes, y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación se acercan a funcionarios públicos, les ofrecen dádivas o regalías y afectan la integridad y la probidad de las personas”, agregó.

El OIJ actualmente afirma haber determinado aproximadamente 35 eventos delictivos probables.

“Este esquema representaba un asocio delictivo que estaba provocando muchísimos daños al país, que eventualmente incrementaba el costo de las obras y que evidentemente es ilegítimo, irregular y delictivo, desde el plano de la hipótesis de investigación”, dijo Espinoza.