La situación de explotación orera ilegal en Crucitas lleva más de 10 años sin resolverse. Tras intentos fallidos de gobiernos anteriores, el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, quiere proponer una solución “final, real y verdadera”.
Los ecologistas hablan de un desastre ambiental del cual, señalan, hay poca información que constate la magnitud y gravedad del daño en el ecosistema. Este sector subraya que será necesaria la limpieza del mercurio y aprobar reformas legales para despejar la vía de una explotación legal, en caso de que esa sea la propuesta gubernamental.
Paralelamente, Costa Rica sigue a la espera de la resolución definitiva que cierre el arbitraje internacional entre la empresa Infinito Gold y el Estado. Sobre esto, también hay diferencias entre Gobierno y ambientalistas.
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Una solución para Crucitas
En entrevista a EF, el jerarca de Ambiente manifestó que la administración está valorando alternativas para presentar una “solución final” para Crucitas, aunque se reservó los detalles al respecto.
“Estamos contemplando una serie de alternativas. No puedo decir nada. Pero estamos contemplando una solución final, real, una verdadera solución. Lo que tenemos ahora no es una solución. Pienso que está bastante mejor que hace cuatro años, pero hay explotación ilegal y sabemos que hay contaminación”, dijo Tattenbach.
A falta de información gubernamental, ¿qué debería contemplar una solución final para Crucitas? EF acudió a dos ambientalistas para conocer sus criterios.
Para Gabriela de San Román, abogada y consultora ambiental, la solución debe pasar por la Asamblea Legislativa tomando en cuenta que en 2010 se aprobó una reforma al Código de Minería que declaró a Costa Rica como país libre de minería a cielo abierto.
“Ojalá sea una actividad que pueda generar algo para cubrir los gastos de protección y de descontaminación”
— Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía.
La consultora aboga por una ley que garantice tres elementos que considera básicos. El primero de ellos es fortalecer la supervisión y capacidad técnica de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
El segundo es establecer una normativa concerniente a los pasivos ambientales que incluya la limpieza del mercurio. Esta es una sustancia que se usa para extraer el oro que resulta tóxica para el ser humano y contamina el agua y la tierra.
El último punto tiene que ver con cómo distribuir los impuestos de la actividad orera, con el fin de promover un beneficio para todo el país y también a ciertas comunidades en específico.
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En 2020, un estudio del geólogo Allan Astorga cifró el yacimiento de oro en Crucitas en 64 toneladas, en un área que abarca casi 126 hectáreas (casi el doble del parque La Sabana), y con un valor de cerca de $2.500 millones para ese momento.
El ministro Tattenbach, que evitó dar una cifra del valor del oro localizado en ese lugar, reconoció que podría traer beneficios económicos para el país, pero acotó que conlleva costos ambientales, sociales y de imagen.
Además, omitió decir si la explotación del oro está en el menú de opciones que baraja el Ejecutivo.
“La lógica pensaría que las coyundas tienen que salir del mismo cuero; que ojalá sea una actividad que pueda generar algo para cubrir los gastos de protección y de descontaminación”, comentó.
San Román es partidaria de que se explote el oro de forma legal, pero enfatizó en que el foco debe estar en el cómo y con algunas condiciones. Entre ellas está que considera un error meter al Estado en la extracción del oro, a quien le asigna más bien un rol de supervisión.
Opinión contraria tiene Álvaro Sagot, ecologista, abogado y profesor del Posgrado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica (UCR) y quien ha presentado varios procesos legales contra el Estado por este caso.
Sagot coincide en que eso requerirá una modificación legal que, en su opinión, podría ser “regresiva” y contraria a la imagen verde que el país promociona al turismo. “Ponerse a extraer y permitir los tajos inmensos no sería lo más oportuno para un Estado que vive y se promociona con el turismo ecológico”, aseguró.
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En su lugar, comentó que desde el sector ecologista se ha propuesto expropiar las fincas y crear un parque geológico minero que exponga la biodiversidad y permita una mejor fiscalización.
Sagot agregó que la limpieza del mercurio y el incremento del recurso humano en el Minae deben ser parte de la solución. Para el académico, Costa Rica podría tener apoyo internacional bajo diversos acuerdos existentes en el proceso de la remediación, pero señaló reticencia del Gobierno para tocar puertas
El ministro, por su parte, admitió que Crucitas es un proyecto grande y que va a requerir una solución que, en las condiciones actuales, rebasa la capacidad del Minae.
El mercurio
Tattenbach mencionó que limpiar el mercurio de la zona tiene que ser parte de la solución final.
Definir quién, cómo, cuándo limpiará el mercurio aún está pendiente. Además, San Román acusó que faltan estudios que dejen conocer la profundidad del mercurio. Otra pregunta es con qué recursos se hará.
“Podríamos estar generando contaminación a Nicaragua”
— Álvaro Sagot, ecologista y profesor de la UCR.
El ministro comentó que, bajo el Convenio de Minamata, que habla sobre la eliminación del uso del mercurio y Costa Rica ratificó, se podrían captar recursos internacionales. Ambos ambientalistas coincidieron en que esto es factible, pero objetaron la intención por diferentes razones.
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San Román ve complicado acudir a esa convención a solicitar fondos cuando Minamata aboga más bien por la erradicación del uso del mercurio, algo que se sigue utilizando en el país. Otra opción que avizora la consultora es que los futuros concesionarios, en caso de que se habilite la explotación legal del oro, se encarguen de esa tarea.
Sagot mencionó que algunos geólogos han expuesto otras formas de descontaminar, más allá de la extracción del mercurio, a través de procesos químicos. Pero, de nuevo, la cuestión del costo resurge. Además, el panorama se agravaría si se constata que hay contaminación transfronteriza.
“Partiendo de que la quebrada Infiernillo y la Crucitas desaguan en el río San Juan, podríamos estar generando contaminación a Nicaragua. No veo una solución a mediano ni a corto plazo”, afirmó el profesor.
Proceso abierto
Costa Rica y la empresa Infinito Gold, quien iba a tener la concesión en Crucitas, mantienen desde 2014 un proceso abierto de arbitraje internacional en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington.
En 2021 este organismo falló a favor de Costa Rica al decir que el país no debía pagar a la empresa una indemnización, originalmente de $94 millones pero elevada hasta los $400 millones, por los beneficios que dejó de percibir. No obstante, Infinito Gold pidió la nulidad de ese laudo, lo que extendió el proceso.
Según Tattenbach, en noviembre podría finalizar esta nueva etapa del arbitraje o seguir en una batalla legal.
“Creemos y esperamos que finalice porque sería exitoso para Costa Rica. Si hablo más perjudico eso”, declaró el jerarca.
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No obstante, ambos ambientalistas aseguraron que el proceso en el CIADI es paralelo y no está relacionado con la situación actual en Crucitas, que se agravó tras la terminación del acuerdo con Infinito Gold.
“Nada tiene que ver con el desastre ambiental que está ahí, del cual Infinito Gold no es responsable. Es la gente que entró y sigue entrando y que el Estado no pudo controlar”, aseveró San Román, quien pidió avanzar en un planteamiento para abordar la situación existente.
“Todos los días la gente contamina y se contamina”
— Gabriela de San Román, abogada y consultora ambiental.
Plan remedial
En el entretanto, el Gobierno está ejecutando un plan de contención “con inspecciones cada tres meses en la zona”, aseguró Tattenbach.
El documento, enviado a la Sala Constitucional el 29 de agosto del 2022 y firmado por los ministros de Ambiente y de Salud, contempla el seguimiento de acciones iniciadas entre 2017 y 2018 y otras nuevas.
Algunas de ellas son la evaluación y monitoreo de las áreas invadidas y de la presencia de mercurio, la demolición de túneles y pozos, entre otras.
“Debido a la contaminación difusa en la zona y la magnitud de área, resulta imposible pensar en la remoción del mercurio”, indica el documento. Asimismo, los ministerios señalan limitaciones como falta de recurso humano y económicas, relacionadas a gestión de viáticos y capacidad de los vehículos disponibles.
Para Sagot, ese plan remedial es insuficiente para cumplir con la resolución de la Sala Constitucional del 2021 que pedía medidas técnicas de remediación y reconocía la responsabilidad estatal en Crucitas ante el desarrollo de actividades ilegales de explotación de oro, tala del bosque y contaminación. Esa resolución se dio en respuesta a un recurso de amparo del 2019, presentado a través de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecón).
Más recientemente, la Fecón solicitó una petición de desobediencia contra los ministros de Ambiente y de Salud por lo que considera un insuficiente plan remedial, al cual deben contestar ambos jerarcas y cuyo plazo vencía en la última semana de setiembre.
Tras más de una década, Crucitas sigue esperando por una solución definitiva. Viendo en retrospectiva, San Román fue tajante al valorar la decisión del país.
“Para mi fue un fracaso la prohibición de Crucitas. No solo no tenemos a quién responsabilizar, sino además hay un drama humano. Todos los días la gente contamina y se contamina”, afirmó.