El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) exoneró a Costa Rica de pagar una indemnización por cerca de $400 millones a la empresa canadiense Infinito Gold Ltd tras la cancelación del proyecto minero Crucitas.
Infinito escaló el caso hasta el tribunal internacional en el 2014 basado en el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”.
Carlos Alvarado, presidente de la República, celebró la decisión del tribunal internacional.
🇨🇷 no deberá indemnizar a Infinito Gold Ltd. por cancelarle la concesión del proyecto Crucitas, según tribunal del arbitraje intl. Gracias @comexcr por liderar la defensa, la cual detallará, y @CRMinae por apoyar el proceso. Debemos seguir siendo libres de minería a cielo abierto
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) June 4, 2021
El fallo determinó que Costa Rica no le negó justicia al inversionista canadiense y que los tribunales nacionales brindaron a Infinito el acceso necesario para la defensa.
También indicó que es legítimo que el país se declare libre de minería metálica a cielo abierto como un objetivo soberano para defender el medio ambiente. Sobre este punto el fallo indica que:
“Al tomar esa decisión, se tenía que considerar la posible existencia de trámites en curso relacionados con la obtención de un permiso de exploración o explotación minera, y resguardar su situación. Al omitir hacerlo, se violaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad que la Administración Pública debe respetarle a todos los Administrados, incluyendo los inversionistas”.
Pese a esa situación, Infinito no demostró que la omisión le hubiese causado un daño, por lo que no corresponde al país pagar ninguna indemnización.
“Este ha sido, posiblemente, el caso más complejo enfrentado por Costa Rica en materia de arbitraje de inversión internacional. El resultado evidencia, una vez más, que los tratados de inversión y la seguridad jurídica que otorgan son sumamente importantes para defender nuestros intereses nacionales. También confirma que las garantías al debido proceso que la legislación costarricense otorga a nacionales y extranjeros por igual, se aplican con efectividad”, manifestó Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior.
El equipo de defensa costarricense estuvo liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y estuvo integrado por funcionarios de varios departamentos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). También contó con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), y peritos en los campos del derecho administrativo y finanzas.
Para el proceso también se contrató a la firma legal internacional Arnold & Porter Kaye Scholer para coordinar la defensa legal y obtener apoyo técnico y jurídico durante el proceso.
