El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) comunicó este jueves la suspensión del Censo Nacional de Población y Vivienda programado para el 2022, así como de otros ejercicios estadísticos como el Estudio Económico de Empresas.
La decisión se toma a raíz de restricciones presupuestarias y la entidad achaca la responsabilidad al Ministerio de Hacienda por no dar el aval para presupuestar los fondos que el INEC posee, aseguró la institución mediante comunicado de prensa.
“La institución tiene los recursos suficientes para atender las operaciones propuestas. Sin embargo, la Ley 9.635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) impide la ejecución del gasto más allá del límite establecido”, manifestó el INEC.
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La Ley 9.635 entró en vigencia en el 2019 y determina un límite de crecimiento en los gastos que la institución puede hacer año tras año, lo cual “hace inviable realizar estos proyectos”, según la entidad.
El INEC agregó que son una institución autónoma con proyectos estadísticos anuales y otros de diferente periodicidad, por lo que las necesidades presupuestarias fluctúan cada año. Lo anterior dificulta establecer un límite de gasto, justificó el Instituto.
“El Poder Ejecutivo debe tomar en cuenta que el INEC no está solicitando más recursos, únicamente pide que se autorice lo estipulado en el artículo 53”, aseveró Floribel Méndez, gerente del INEC.
Méndez se refiere a la Ley del Sistema de Estadística Nacional (9.694), la cual, en ese artículo, autoriza al INEC a desarrollar sus proyectos a través de fondos propios como superávit libre o rendimientos que perciba por inversiones financieras.
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La suspensión del censo nacional dejará al país sin información actualizada sobre su población un año más, pues el censo estaba programada inicialmente para el 2021.
Este retraso trae al país consecuencias negativas, consideró el INEC, principalmente porque no se conocerá cuál es la situación de la población de cara a la recuperación económica y tras casi dos años de pandemia.
Además, el sector privado no contará con insumos estadísticos para desarrollar estrategias de negocio e inversiones, dijo el Instituto.
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De cara al proceso electoral y un nuevo gobierno, la suspensión implica que las instituciones seguirán basándose en información desactualizada, pues el último censo nacional de población que se realizó en Costa Rica fue en el 2011.
La institución afirmó que se encuentra buscando soluciones para el largo plazo y busca promover en la Asamblea Legislativa une propuesta de reforma a la ley 9.694.