El Partido Acción Ciudadana (PAC) finalmente abonó solo una cuarta parte de los ¢100 millones que debía cancelar en agosto de su arreglo de pago con la Procuraduría General de la República (PGR), entidad encargada de hacer valor los intereses del Estado en la condena por estafa que pesa sobre la agrupación política.
La agrupación, sin embargo, consiguió renegociar su arreglo de pago y ahora queda sujeta a cuatro tractos más, los cuales deberá realizar entre diciembre de este año y junio de 2026, según comunicó.
El presidente del Partido, Fabián Solano, afirmó a través de un comunicado de prensa que el arreglo de pago permitiría al PAC “cumplir con sus obligaciones y asegurar su permanencia en la política nacional”.
El PAC esperaba grandes donaciones para cumplir con su pago de los ¢100 millones pactado para agosto. El llamado a realizar aportes estuvo en boca del fundador, Ottón Solís; y de los expresidentes Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. No obstante, la agrupación requirió de replantear el acuerdo.
Consultado sobre el pago de los ¢100 millones, Solano decía hasta este jueves que el PAC corría para “cumplir los plazos” y que no se haría mayor referencia sobre el tema hasta el martes 16 de agosto, fecha límite para cancelar. Finalmente el partido requirió el cambio en los montos y su calendarización.
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Nuevo acuerdo
Aparte del desembolso de ¢26 millones de este mes de agosto, el nuevo arreglo de pago establece otros cuatro tractos que debería girar el PAC en la siguiente distribución:
- El primero, por ¢26 millones, el 16 de diciembre de 2022
- El segundo, por ¢100 millones, el 16 de diciembre de 2023
- El tercero, por ¢100 millones, el 16 de enero de 2025
- El cuarto, por ¢137 millones, el 29 de junio de 2026
La nueva distribución acordada con la PGR, como abogada del Estado, es mucho más ventajosa de la que tenía el PAC hasta ahora.
Esta implicaba la concentración de todos los pagos antes de febrero de 2024.
La estafa fue determinada judicialmente por el uso de contratos simulados en la campaña electoral de 2010. Por dicho proceso también se condenó penalmente al tesorero de la agrupación de aquel entonces, Maynor Sterling, y al colaborador Manuel Antonio Bolaños.
Como parte del arreglo de pago, el PAC ya pagó ¢200 millones en 2021.
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Multiplicidad de deudas
El PAC enfrenta un escenario en el que sus cuentas están duramente comprometidas. Sin acceso a deuda política por su fracaso electoral de este 2022, que le negó cualquier cargo en los poderes Ejecutivo y Legislativo, la agrupación apenas va acomodándose para operar con el mínimo de recursos posible y una acumulación de ¢1.200 millones en deudas.
Además de las obligaciones con el Estado, el PAC todavía adeuda ¢770 millones a otras entidades, según sus estados financieros entregados al TSE, al mes de marzo. De ellos, la mayoría corresponde a una reestructuración con el Banco Lafise, por ¢669 millones, y el monto restante a deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Coopealianza y otros.
El panorama del PAC es complejo y, ahora mismo, el partido se refugia en la esperanza de donaciones cuantiosas que lo salven.
‘Subsistencia’
En un reciente comunicado de prensa avalado por el fundador y los expresidentes de la República del partido, el PAC aseguró que pagar sus obligaciones es “un imperativo moral y legal”, incluida la deuda que actualmente tiene con el Estado tras la condena por estafa.
Su presidente Fabián Solano, además, aseguró en una reciente entrevista con EF que “la subsistencia del partido política y éticamente” depende de honrar las deudas. “Más allá de la legalidad, son temas de principios y valores nuestros”, apuntó.
Esas declaraciones se enmarcan en términos políticos y no meramente electorales.
De hecho, el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, Ronald Chacón, explicó que “el impago de una agrupación política de sus obligaciones con el Estado no condicionaría o impediría –en principio– su participación en los procesos electivos”.
Un vivo ejemplo de ello es la situación del partido Movimiento Libertario, el cual fue condenado a pagar ¢209 millones, en 2015, y llegó a caer en un cierre técnico tras su debacle electoral de 2018; pero este año logró participar de nuevo en elecciones nacional. Así lo hizo, a pesar de que registraba para 2020 un endeudamiento con el Estado que ya ascendía a los ¢400 millones entre el principal, los costos procesales, los daños sociales y los intereses.
No obstante, sus resultados fueron pobres. Dicha agrupación solo alcanzó un 0,1% de los votos en la carrera presidencial de primera ronda y se ubicó en el último puesto de preferencia, por debajo de otras 24 candidaturas.
Al pago de la deuda por la estafa al Estado, al PAC se le suman sus crisis internas, con una identidad que se mostró excesivamente fragmentada, en el proceso de precampaña pasado. Divergencias principalmente relacionadas con la visión económica para el país partieron a la agrupación en dos, entre las visiones de los exdiputados Welmer Ramos (ganador del proceso interno, crítico a la más reciente gestión del expresidente Carlos Alvarado) y Carolina Hidalgo (que ofrecía una visión continuista).
Para eso, el Partido asegura que se plantea realizar un nuevo Congreso Ideológico, el tercero en sus más de 20 años de historia.
La historia sigue cuesta arriba para el Partido que hasta hace unos meses todavía gobernaba y tenía 10 diputados en el Congreso, y ahora apenas queda con cuatro gobiernos locales de más de 80.