La pandemia de COVID-19, que aterrizó en Costa Rica en marzo del 2020, asestó un golpe histórico al empleo en el país, pues destruyó los trabajos creados en los últimos ocho años.
Este es uno de los hallazgos más contundentes del Informe Estado de la Nación (IEN) 2021, dado a conocer este martes 16 de noviembre. “Tanto la producción como el mercado laboral se deterioraron, pero comparativamente el golpe en las oportunidades laborales fue mayor”, afirma el documento elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN).
La contracción económica que vivió el país durante el 2020 trajo consigo la pérdida neta de puestos de trabajo más grande desde que se tienen registros: desaparecieron 237.000 empleos, lo que equivale a los puestos generados durante los últimos ocho años, desde el 2012.
Antes de la pandemia, el país ya registraba una tasa de desempleo que rondaba el 12%, pero con la emergencia sanitaria esa cifra llegó a un histórico 24,4% en los meses de mayo, junio y julio de 2020.
Desde entonces, la tasa viene a la baja y la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) arrojó un desempleo del 15,3%, lo que significa que el país aún no llega a los niveles prepandemia.
La destrucción de empleos que se registró en el 2020 profundizó la trayectoria estructural de pérdida de oportunidades laborales que venía experimentando la economía costarricense desde la crisis de los años 2008 y 2009, la cual no se había recuperado una década después.
Impacto desigual
El golpe al empleo a causa de la pandemia se registró de forma más intensa en algunas poblaciones y en ciertas regiones del país.
Según el IEN, los grupos de población más afectados fueron tres: las personas con baja calificación educativa, los jóvenes y las mujeres.
“Este golpe afectó con mayor profundidad a grupos de población que enfrentaban difíciles condiciones de vida y acumulaban menos capacidades para sortear la contracción de los ingresos”, afirma el PEN en su informe.
A nivel de regiones, la Huetar Norte y la Huetar Caribe registraron un mayor impacto en la reducción de jornadas y de ingresos laborales. No obstante, el desempleo fue más intenso en la Chorotega y Pacífico Central, mientras que la región Brunca reportó menos afectación.
Los hallazgos evidencian que el 54% de los hogares del país (unas 866.209) percibieron alguna afectación por motivo de la pandemia, según recoge el IEN con base en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de julio de 2020.
La reducción de jornadas o afectación económica fue el principal factor que incidió en el 33,4% de los hogares. Le siguen la reducción de ingresos, en 50% o más, y el desempleo.
Además, el PEN también desagregó esta afectación con base en la clase social. Por ejemplo, identificó una —a la que catalogó como “pequeños propietarios”— que fue la más perjudicada, pues el 78% de ellos tuvo algún daño.
Las categorías de “otros trabajadores”, “obreros industriales” y “de servicios” también se vieron perjudicadas, todas con cifras alrededor del promedio nacional del 43%.
Bono Proteger
El PEN desarrolló también un estudio de los perfiles de la población que solicitó el Bono Proteger, con el fin de tener otro insumo para determinar quiénes fueron los más afectados con las reducciones de jornadas, la reducción en los ingresos y el desempleo.
Con base en dichas solicitudes, la población más afectada, en términos laborales, corresponde a menores de 45 años, mujeres y personas de bajo logro educativo, pues casi la mitad había cursado la primaria completa o solo parte de ella y un 26% tenía secundaria incompleta.
El PEN identificó tres perfiles de solicitantes: el primero caracterizado por la informalidad laboral; el segundo perfil integra actividades laborales asociadas al sector agropecuario y personas sin ingresos; mientras que el tercer perfil se caracteriza por una mayor calificación y formalidad.
Si se ve por ocupaciones, el sector de servicios, ventas y apoyo administrativo fue el que más solicitudes ingresó.
La pandemia deterioró aún más la situación de las personas en informalidad laboral y en ocupaciones no calificadas. Pero a este grupo se suman otros que desempeñaban trabajos más calificados y que frente a las medidas sanitarias experimentaron suspensiones de contrato y despidos.
“Profesiones que antes no presentaban alta vulnerabilidad como servicios ligados al turismo y profesiones relacionadas con la cultura y el arte, el diseño y el mercadeo se vieron afectadas”, dice el texto.
Según la condición de empleo de las personas, el 60% de solicitantes del Bono Proteger indicó que era independiente o informal, el 30% desempleado o tenía suspensión de contrato y el restante 10% experimentó una reducción de su jornada laboral.
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La búsqueda del Bono Proteger es también consecuencia de una reducción de los ingresos en los hogares.
De acuerdo con la Enaho 2020, el ingreso neto promedio mensual de los hogares fue de ¢891.934 colones, lo que equivale a una caída real del 12,5% con respecto al 2019 (en cifras absolutas representa una disminución de ¢125.000).
Geográficamente, la solicitud del Bono Proteger se concentró en 20 distritos, la mayoría dentro del Gran Área Metropolitana (GAM). La característica común, según el PEN, es que son zonas que desde antes de la pandemia registraban problemas de vulnerabilidad social.
Los 20 distritos pertenecen a los cantones de San José, Desamparados, Alajuelita, Goicoechea, Heredia y Alajuela. Además, se identificaron otros en Sarapiquí, Pococí y Pérez Zeledón.
“Se trata de territorios que requieren de atención prioritaria porque poseen múltiples factores de exclusión social”, indica el PEN.