Los diputados aprobaron en primer debate, una vez más, el plan de empleo público. Sin embargo, el proyecto de ley sigue lejos de tener un panorama claro para su aprobación definitiva y ahora deberá ir nuevamente a consulta de la Sala Constitucional, a pesar de que reunió un mayor apoyo que en la primera votación de hace cinco meses.
El proyecto ya había sido aprobado a mediados de junio pasado, pero luego se envió a una primera consulta de constitucionalidad y los magistrados encontraron vicios de fondo en la iniciativa. Esto obligó a los legisladores a realizar correcciones relacionadas con el papel del Ministerio de Planificación (Mideplan) como rector en cuestiones administrativas de otros Poderes e instituciones autónomas.
Esos ajustes se diseñaron en la comisión de Consultas de Constitucionalidad y luego fueron admitidos por la mayoría del Plenario legislativo, a inicios de noviembre; pero no terminaron de convencer a un grupo de diputados, ni a los magistrados de la Corte Plena. Ambos sostienen disconformidades con las formas y con el fondo de las enmiendas que se concretaron.
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Las disconformidades ahora se plasmarán en nuevas consultas de constitucionalidad. Los magistrados de la Sala deberán revisar nuevamente el proyecto y definir si este requiere nuevas correcciones o si puede avanzar a su votación definitiva.
Un punto que sí abre mayor espacio para el optimismo de los propulsores del proyecto es el resultado de su votación de este 7 de septiembre. El proyecto contó con el visto bueno de 36 de 44 diputados presentes en el primer debate: cuatro más que en la primera votación de junio.
Esto implica que el proyecto necesitaría sumar a dos legisladores adicionales (de los 13 que se ausentaron o de los ocho que votaron en contra), en caso de que requiera el respaldo de una mayoría calificada.
Ese es un tema que sigue pendiente de resolver. El Poder Judicial consideró que el proyecto incide en su organización y funcionamiento, y esto obligaría a buscar 38 votos al momento de la votación definitiva; pero la Sala Constitucional podría opinar lo contrario y reducir la necesidad de votos a una mayoría simple (la mitad más uno de los presentes).
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Corte disconforme
El Plenario legislativo acogió una serie de correcciones hechas por la comisión de Consultas de Constitucionalidad del Congreso al proyecto de reforma al empleo público, con base en las observaciones que realizó la Sala Constitucional en el primer proceso de consulta.
Para acatar lo dicho por la Sala, la mayoría de diputados de la comisión optó por dejar dentro de los límites de la ley a todos los Poderes e instituciones autónomas que originalmente incluía la norma, pero agregar también una serie de coletillas para que estas se apeguen a las nuevas restricciones a través de sus propias normativas.
Por ejemplo, podrían definir sus propios salarios únicos para los trabajadores con funciones “exclusivas y excluyentes” de la entidad.
No obstante, estos cambios y las formas en que se realizaron todavía generan dudas entre la mayoría de los magistrados de la Corte Plena y algunos diputados.
Sobre los cambios que se plantearon, la Corte Plena –que reúne a los 22 magistrados del Poder Judicial– señaló que el texto mantendría problemas, por incluir a un grupo significativo de funcionarios judiciales que no realizan funciones “exclusivas y excluyentes” del esa entidad bajo la dirección del Mideplán.
También alegó que persisten indicaciones que hacen al Poder Judicial perder competencias constitucionales de gobierno.
Los magistrados constitucionales se abstuvieron de participar en estas gestiones, con excepción del presidente de la Corte, Fernando Cruz, quien se suele apartar del conocimiento de esta materia en la Sala IV.
La Corte Suprema ya presentó una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto, como le permite la ley. Ya había intentado hacerlo cuando se realizó la primera votación del proyecto, pero envió sus planteamientos de manera extemporánea.
Oposición legislativa
Además de estas y otras diferencias de fondo con el proyecto, diputados opuestos a la iniciativa también alegaron la posible existencia de vicios de procedimiento relacionados con el trámite de la comisión de Consultas de Constitucionalidad.
Por ejemplo, el diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sostuvo que esa comisión se habría extralimitado en sus funciones.
Durante la discusión del proyecto en primer debate, dijo que el foro no debió realizar correcciones relacionadas con la Asamblea Legislativa; pues nunca se preguntó a los magistrados sobre esa institución en específico.
La mayoría de diputados de la comisión de Consultas (todos menos él) consideró que, al tratarse de un Poder de la República, como el mismo Poder Judicial, las indicaciones hechas por los magistrados sobre la independencia de poderes también se podían acoger para la Asamblea.
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Por otra parte, el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio (FA), José María Villalta, planteó que el proyecto no debería votarse porque incide en la organización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y se acerca un proceso electoral.
Villalta alegó que la Constitución Política prohíbe al Congreso aprobar proyectos “materia electoral” a los que se oponga el TSE, dentro de los seis meses anteriores a las celebración de cualquier comicio.
Ese criterio de Villalta lo rebatió el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso. La asesoría parlamentaria señaló que el proyecto se relaciona con materia remunerativa y de organización, y no con cuestiones electorales, ante una consulta de la presidenta legislativa, Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN).
No obstante, el frenteamplista sostuvo su postura.
Ambos diputados, junto con otros 10 congresistas, enviaron su propia consulta de constitucionalidad a la Sala sobre estos y otros puntos del proyecto, este 8 de diciembre.
El trámite
La Sala Constitucional tendrá un plazo de 30 días para responder las consultas de constitucionalidad que reciba oportunamente. Los días se empezarán a descontar a partir del momento en que reciba el expediente legislativo en cuestión.
La Sala tardó mes y medio en emitir su resolución durante el primer proceso de consulta que gestionaron los diputados sobre el texto de ley.
Si tarda lo mismo en este nuevo período de consulta, su resolución podría publicarse en el momento más álgido de la campaña electoral rumbo a los comicios presidenciales y legislativos de febrero.
En la primera consulta, los magistrados además tardaron un mes y medio adicional en enviar la redacción completa de su fallo al Congreso: un paso trascendental para continuar con el trámite de cualquier iniciativa.
Si la Sala Constitucional encuentra vicios de procedimiento, podría anular una parte o la totalidad del trámite legislativo del proyecto; si encuentra vicios de fondo, entonces los diputados tendrían que corregir las observaciones que realicen los magistrados o aprobar el proyecto bajo advertencia de eventuales problemas en su aplicación futura; y si no encuentra problemas, el texto podría pasar directamente a su votación en segundo debate.
El proyecto
El proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) impondría un nuevo sistema remunerativo de salario global, el cual sutituiría al actual modelo de incentivos monetarios.
El informe más reciente de Estudios Económicos sobre Costa Rica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recordó que las instituciones estatalesd disponen de hasta 260 pluses salariales, lo cual “da lugar a grandes diferencias dentro de la misma categoría de trabajo, que en algunos casos puede alcanzar más del 600%”, y hace del sistema salarial una estructura “demasiado compleja, poco clara y sumamente difícil de controlar”.
El proyecto también establece topes de vacaciones, la posibilidad de despido por desempeño deficiente en años consecutivos y restricciones para la inclusión de gastos extraordinarios en convenciones colectivas.
La iniciativa es una reforma estructural incluida en el acuerdo convenido entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y es la principal propuesta en materia de contención de gasto público en ese marco. Su aprobación es “formalmente obligatoria”, indicó el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, en entrevista con EF.
La presidenta legislativa, Silvia Hernández, del PLN, aseguró que la aprobación del proyecto de empleo público nuevamente en primer debate es un paso “trascendental para una mayor eficiencia estatal”; mientras que la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, lo describió como “un texto que termina con los incrementos (salariales) insostenibles sin rebajar el salario a nadie”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Elian Villagas, ha sostenido que el plan de empleo público es esencial para avanzar en el acuerdo con el FMI y para estabilizar las condiciones fiscales del país en el largo plazo.
Según las estimaciones oficiales del Gobierno, la redacción actual de la reforma ahorraría un 1,04% del PIB, en promedio anual, durante el primer período de 10 años de aplicación.
El plan de empleo público es el que ha alcanzado un mayor avance de la agenda convenida con el Fondo. La reforma del impuesto a las casas de lujo, que pretende subir su tarifa, fue dictaminada positivamente pero sigue lejos de convertirse en ley.
El proyecto de renta global también tiene una mayor anuencia para su avance –con el respaldo del Partido Liberación Nacional (PLN)– pero camina despacio. Ese texto pretende estandarizar el pago por rentas del trabajo en un solo sistema y rebajar el mínimo exento para asalariados.
Otros proyectos de nuevos ingresos como el aporte temporal de empresas estatales para el pago de deuda pública y el nuevo impuesto a los premios de lotería se mantienen en pausa; mientras que la inciativa para gravar con renta el salario escolar y subir permanentemente el impuesto de algunas remesas recién reinició su trámite legislativo, tras su rechazo en comisión de Asuntos Jurídicos.