El proyecto de Ley de Impuesto sobre la Renta Global Dual (22.393) venció su plazo para la presentación de dictámenes en la comisión de Asuntos Hacendarios, este 18 de octubre. Esto implicará que los diputados no puedan discutir a fondo las 26 propuestas de enmienda que ya existen sobre el proyecto (ni presentar otras nuevas) y que deban decidir, sin mayor consenso político alrededor de estos cambios, si el texto avanza para su discusión en el plenario.
El reto de este escenario para los proyectos no consensuados en comisión es que que pueden bloquearse una vez que lleguen al plenario, pues se abre la puerta para que los 57 legisladores de todas las fracciones presenten todas las propuestas de cambio que quieran para la iniciativa y, más aún, si la comisión no atendió mayores observaciones.
Pese al vencimiento del plazo, la iniciativa tiene un pequeño ‘colchón’ de tiempo por delante para su discusión técnica. El proyecto se ubica en el lugar número 29 de la agenda de la comisión de Asuntos Hacendarios, y eso quiere decir que solo se deberá conocer y votar hasta que los legisladores del foro lleguen a ese punto de la lista.
Eso, según la presidenta del foro, Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), podría dar algún tiempo para que la comisión continúe conociendo el proyecto y escuche en audiencia el criterio de algunas entidades y sectores involucrados.
Los legisladores no podrán presentar más propuestas de cambio, pero sí obtener insumos para realizar propuestas en plenario y para votar las que ya se presentaron en las próximas semanas.
El Gobierno de la República define el proyecto de renta global dual como uno de los más complejos que se incluyeron en la propuesta de ajuste fiscal convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así lo indicaron los ministros de Hacienda y de la Presidencia, Elian Villegas y Geannina Dinarte, en entrevistas recientes con EF. Ellos consideraron que el texto debería tener una discusión más pausada que el resto.
La iniciativa es la que tendría un mayor impacto en materia de nuevos ingresos de todas las que se presentaron. Pretende incrementar la recaudación tributaria costarricense en un 0,43% del PIB; es decir, en unos ¢170.000 millones anuales.
¿Y ahora?
El artículo 80 del Reglamento de la Asamblea Legislativa da un plazo máximo de 120 días hábiles a las comisiones legislativas para que presenten sus informes finales de los proyectos de ley bajo su conocimiento.
Una vez que concluye ese período, el reglamento indica que los diputados ya no pueden presentar más propuestas de cambio a las iniciativas que estudian y que solo podrán votar aquellas que ya habían sido presentadas.
Una vez votadas todas esas mociones, los foros tienen que someter el proyecto a discusión y decidir si lo remiten o no para su avance al Plenario legislativo.
Sin embargo, este trámite no es expedito.
Todo esto se debe aplicar hasta que el proyecto está en conocimiento de la comisión, según el orden de su agenda. Esto puede ser más o menos rápido, dependiendo de las decisiones que tomen el Poder Legislativo (en sesiones ordinarias) y el Poder Ejecutivo (en sesiones extraordinarias) en relación con ese listado.
Por ejemplo, la comisión podría adelantar su conocimiento con una moción de orden, o el Gobierno podría sacar de agenda otros proyectos para obligar a que se adelante.
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Por el momento, la Comisión de Asuntos Hacendarios es la que tiene el control sobre su agenda y no tiene la intención de apresurar el trámite de la iniciativa. Por el contrario, la diputada Delgado aseguró a EF que su intención es programar las audiencias pendientes con sectores interesados en las próximas semanas, aprovechando que el orden del día de la comisión aún tiene otros 28 proyectos por delante.
No obstante, la legisladora recordó que la comisión ha tenido y tendrá que seguir priorizando los presupuestos ordinario y extraordinarios, por mandato constitucional, cada vez que se presenten.
La comisión tiene pendientes audiencias del proyecto con la Contraloría General de la República (CGR), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y colegios profesionales.
El Gobierno tomará el control de la agenda legislativa a partir de noviembre, con el inicio del último período de sesiones extraordinarias del Congreso este año.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, evitó adelantar qué acciones específicas tomará la Administración al respecto; pero aseguró a EF que el Gobierno espera que el proyecto se pueda conocer con prontitud.
“La idea es que se pueda discutir en estas semanas en que todavía estamos en sesiones ordinarias (con la agenda legislativa en poder del Congreso), y que en sesiones extraordinarias sea uno de los proyectos que se procure poner en conocimiento de la comisión de Hacendarios durante el mayor tiempo posible”, comentó.
La diputada Delgado señaló que el Gobierno ya solicitó a los asesores parlamentarios involucrados un espacio para realizar una presentación técnica sobre el proyecto, en la cual participarían representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Amplios efectos
El proyecto de reforma de renta global dual supone un cambio sustancial para el cobro de los impuestos sobre las rentas del trabajo.
Por un lado, gravaría todos los ingresos laborales de cada persona bajo una misma escala. Por otro lado, reformaría la base mínima no gravable para trabajadores asalariados e independientes.
En el caso de los trabajadores asalariados, reduciría la base mínima no gravable en unos ¢140.000 mensuales; mientras que en el caso de los trabajadores independientes se espera un efecto contrario.
Este último sector no paga un impuesto sobre sus rentas netas (ganancias sin deducciones), sino que actualmente apenas tiene exoneradas sus rentas brutas (con deducciones) por hasta ¢3,74 millones anuales (¢310.000 mensuales).
Según el Ministerio de Hacienda, el sistema de renta global brindaría mayor justicia tributaria porque equipararía el tratamiento para trabajadores asalariados e independientes en materia de renta.
Por ejemplo, una persona hoy puede tener un salario de ¢700.000 mensuales y ganancias adicionales por trabajos independientes de ¢300.000 mensuales, pero no pagar impuesto de renta (al gravarse cada actividad por separado); pero una persona con un salario único de ¢900.000 sí tiene que pagar el gravamen.
A pesar de que el mínimo exento se reduciría para trabajadores asalariados, estos podrían aumentar su “mínimo vital” no gravado por distintos motivos.
Podrían subirlo en ¢250.000 anuales, cuando su conyugue o conviviente obtenga rentas inferiores al mínimo personal (¢702.000 mensuales); en ¢150.000 anuales, por cada menor de edad dependiente (o hasta los 25 años, cuando estudie); en ¢100.000 anuales adicionales para la compra de material escolar para cada menor de edad de entre cinco y 17 años; y en un 25% anual por cada hijo dependiente en condición de discapacidad, sin importar su edad.
Un proyecto complejo
El proyecto de ley de renta global no tendrá mayor debate para propuestas de modificación en la comisión de Hacendarios, a pesar de que el Gobierno de la República y los mismos diputados han subrayado en distintas ocasiones que se trata de un texto complejo.
Los actores coinciden en que una modificación de este tipo requieren de un mayor análisis, por tratarse de una reforma de peso en la tributación más regular que realiza la población: la que hace por sus salarios.
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Los meses que el proyecto estuvo en comisión de Asuntos Hacendarios hasta el momento apenas permitieron la realización de algunas audiencias con los jerarcas de Gobierno, de corte exploratorio, y poco más.
A pesar de esto, el Gobierno realizó diversas propuestas de modificación al proyecto de ley original. Esas mociones fueron respuestas a observaciones realizadas por los legisladores y sectores sociales, a través de publicaciones en la prensa y encuentros bilaterales.
Por ejemplo, el proyecto inicialmente también pretendía reformar el pago de renta de las personas jurídicas; sin embargo, finalmente se prescindió de esta parte. Asimismo, el Gobierno inicialmente pretendía un “mínimo vital” exento de ¢683.000 mensuales, pero finalmente envió su moción para subir ese mínimo a los ¢702.000 que se impulsan ahora.