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El Gobierno de la República informó, este 9 de septiembre, de que reducirá sus ambiciones recaudatorias con la reforma que plantea para imponer un sistema de de renta global para personas físicas.
La decisión se toma para dotar de mayor viabilidad política al proyecto de ley, con un menor impacto sobre las personas asalariadas y trabajadores independientes.
Según detalló el Ejecutivo, el piso mínimo exento que dejaría la reforma ahora sería de ingresos mensuales por ¢702.000; es decir, unos ¢19.000 más alto que el que hasta ahora estaba propuesto.
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El proyecto de Ley de Impuesto sobre la Renta Global Dual (22.393) plantea reformar de manera integral la manera en que las personas físicas pagan el impuesto sobre la renta : cada persona debería indicar a la administración tributaria todas sus ganancias, con excepción de sus ganancias de capital, en un mismo paso y estas serían tasadas a partir de una misma escala.
Las ganancias y rentas de capital seguirían tributándose por aparte. Estas rentas son las que se obtienen de actividades como rendimientos de inversiones, dividendos o alquileres, entre otros.
Con el alza del monto exento, el MInisterio de Hacienda busca convencer a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios para que dictaminen afirmativamente el proyecto. Este deberá ser votado en este foro antes del 18 de octubre, por los plazos que dicta el reglamento legislativo.
Este proyecto de ley es parte de la agenda de iniciativas convenidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte del programa de financiamiento por $1.778 millones en tres años que se negoció con la entidad. Este se plantea como objetivo que Costa Rica logre equilibrar sus finanzas públicas en el corto plazo.
Mínimo igual cae
El monto mínimo exento para los ingresos mensuales de trabajadores asalariados o independientes de ¢702.000 igualmente implicaría una reducción del que actualmente se utiliza para los trabajadores empleados formalmente.
Actualmente, el mínimo exento para trabajadores asalariados es de ¢842.000 mensuales.
En el caso de los trabajadores independientes, estos dejarían de tributar con su sistema actual, el cual no utiliza como referencia sus ingresos brutos mensuales o anuales sino sus utilidades. El cobro se realiza de manera escalonada, a partir de los ¢3,74 millones anuales.
Con el proyecto 22.393, si una persona trabaja como asalariado y factura trabajos por cuenta propia ahora pagaría el impuesto por ambos montos en un mismo cálculo y no por separado, como en la actualidad.
“Se va a gravar la capacidad contributiva total de la persona”, explicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios el director de Tributación, Carlos Vargas; quien señaló que esto brinda mayor progresividad al pago de impuestos.
Para reducir la base sobre la que se puede calcular el impuesto, el proyecto de ley otorga créditos o deducciones por distintos motivos.
El trabajador podrá reducir su base imponible en ¢250.000 anuales cuando la persona cónyugue o conviviente obtenga rentas inferiores al mínimo personal (los ¢702 mensuales). Además, podrá rebajar ¢150.000 por cada descendiente menor de edad o de 25 años, cuando estudie, y ¢100.000 por concepto de material escolar para hijos menores de entre 5 y 17 años.
Si la persona tiene un hijo con alguna discapacidad, sin importar su edad, se incrementa el mínimo exento en un 25%.
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La iniciativa, tal como se encuentra actualmente, establece una escala de entre 10% y 27,5%. Estos porcentajes se cobrarían sobre el exceso del mínimo exento, una vez que aplique las deducciones que corresponda.
El cobro sería de un 10% hasta los ¢5 millones en ganancias adicionales al mínimo exento; un 15% entre ¢5 y ¢12 millones; un 20% entre ¢12 y ¢19 millones; un 25% entre ¢19 y ¢29 millones; y un 27.5% a partir de ¢29 millones.
Las rentas y ganancias de capital continuarían con sus tarifas y modelos de pago actuales.
Pese a la disminución del mínimo exento, el Ministerio de Hacienda asegura que un 70% de los asalariados se mantendría exonerado y que el monto base igualmente sería superior que el de países de referencia como Chile, Uruguay, Colombia o Panamá.
Medida de impacto
El proyecto de renta global es el que tiene un mayor impacto, de toda la agenda convenida con el Fondo Monetario, en materia de nuevos ingresos. Sin contar los cambios que ahora plantea el Ejecutivo, Hacienda estimaba que el texto mejoraría la recaudación en un 0,43% del Producto Interno Bruto (PIB) anual.
No obstante, la iniciativa –al igual que la mayoría de las que se proponen como parte del convenio con el FMI– parece tener un panorama complejo por delante en el Congreso.
La mayoría de diputados de las fracciones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del Partido Restauración Nacional (PRN) y del bloque independiente Nueva República, entre otros, han manifestado en distintas ocasiones que no están anuentes a respaldar textos que impliquen aumentos de gravémenes.
Pese a ello, el Gobierno asegura que continuará buscando las mayorías necesarias para aprobar el proyecto, a partir de los cambios que sean necesarios en la iniciativa. Así lo afirmó la ministra de la Presidencia, Geannina DInarte.
Para esto serán esenciales las posturas que finalmente tomen los diputados de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y de la misma bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC).
El proyecto de renta global ya ha recibido modificacioes sustanciales, más allá de las que ahora se proponen para conocimiento de los diputados.
Por ejemplo, se enviaron textos sustitutivos para eliminar referencias en materia de pensiones, herencias y zonas francas, por citar algunos casos. También se desistió de aplicar un sistema de renta global para personas jurídicas, un movimiento que se perseguía en la primera versión del proyecto.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró en audiencia con la Comisión de Asuntos Hacendarios que el 90% del impacto del proyecto recaería sobre el quintil de mayores ingresos.
En total, el Gobierno promueve cinco proyectos enfocados en acercar nuevos ingresos a las arcas estatales. Ellos representan un tercio del ajuste fiscal que se persigue, en conjunto con el FMI.
Los dos tercios restantes corresponden a la aplicación de la regla fiscal, medidas de contención de gasto de corte ejecutivo y la aplicación del proyecto de ley marco de empleo público, cuyo trámite está actualmente suspendido a la espera de que la Sala Constitucional emita su sentencia completa sobre el mismo.
