El Poder Ejecutivo expuso este lunes 24 de enero una serie de “preocupaciones” en materia de salud y seguridad públicas en torno a la ley de cáñamo y cannabis medicinal, aprobada en la Asamblea Legislativa el 13 de enero, lo que significa que descarta, por el momento, firmar el texto.

La ministra de la Presidencia, Geanina Dinarte, insistió en que no se trata de un veto y que el Ejecutivo acuerpa el proyecto, pero puntualizó que han existido advertencias que deben ser solventadas.

Las preocupaciones del Gobierno giran en torno a dos puntos de la ley: el autocultivo y el límite de 1% de tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo de las plantas Cannabis, presente en mayor medida en la marihuana.

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El ministro de Salud, Daniel Salas, comentó que su ministerio está consciente de que el texto ofrece una posibilidad de reactivación económica y una oportunidad para pacientes que requieren de un tratamiento alternativo por su dolor crónico, pero recalcó que un medicamento conlleva cuidados.

“Lamentablemente el proyecto como está tiene un capítulo de autocultivo para autoconsumo (...) El paciente no tiene la capacidad de extraer el componente activo (...). Puede exponerse a sobredosis o consumir toda la planta”, explicó Salas.

El artículo 26 de la ley aprobada legaliza el cultivo doméstico “de una cantidad limitada de plantas de cannabis psicoactivo, para ser utilizadas, única y exclusivamente, en el tratamiento de la persona paciente con fines médicos o terapéuticos”.

Para eso, la persona debe ser acreditada como paciente y se le asigna al Ministerio de Salud la tarea de definir la cantidad máxima de plantas que podrán autorizarse y “las demás condiciones técnicas y de seguridad de esta actividad”.

Además, en caso de existir alguna irregularidad, esa institución está facultada para decomisar las plantas. Pero Salas advirtió que no existe un “parámetro lógico” para tomar esa decisión.

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Esta preocupación la comparte también el Ministerio de Seguridad. El jerarca de esta cartera, Michael Soto, acusó que hay carencias en los mecanismos de control y que, por su experiencia, es difícil diferenciar entre una planta de cáñamo y otra de marihuana.

La hipótesis de Soto es que el crimen organizado podría conseguir dictámenes médicos falsos y lograr así que personas cultiven plantas, con el fin de crear una red de sembradíos en casas.

Salas también lanzó críticas contra el límite del 1% de THC con el que la ley define el límite entre cannabis psicoactivo (cuando es mayor) y cannabis no psicoactivo (inferior a 1%).

El ministro expresó que eso podría llevar a sobredosis y recordó que ese porcentaje es de tres a cuatro veces más de lo permitido en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A ellos se sumó el director del Instituto Costarricenses sobre Drogas (ICD), Sergio Rodríguez, quien agregó que esta ley contraviene compromisos que el país ha adquirido a través de diversas convenciones internacionales sobre drogas.

Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, admitió que ven oportunidades de negocio, pero llamó a “no levantar falsas expectativas a los productores” y afirmó que el país carece aún de una industria de extracción.

Con todos estos cuestionamientos, ahora el Ejecutivo preparará una propuesta que llevará a los diputados con el objetivo de solventar esos temas.

“Estamos terminando el análisis técnico para presentar una propuesta”, aseveró Dinarte.

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Roce con Asamblea

La respuesta del Ejecutivo al texto aprobado por la Asamblea Legislativa significa un roce con los legisladores que impulsaron la iniciativa.

La diputada independiente Zoila Rosa Volio lamentó los argumentos que se usaron para evitar la firma de la ley.

“Los argumentos que utilizan son muy lamentables, como que no se puede diferenciar una planta de la otra cuando hoy tenemos tecnología para hacerlo hasta en un teléfono”, afirmó.

Además, aseguró que el proyecto evita que se den sobredosis pues la dosis debe ser indicada por un médico.

El liberacionista Roberto Thompson expresó su pensar a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

“Tres años después de un debate intenso, audiencias, acuerdos y consensos (...), el Gobierno ausente cuestiona el proyecto”, publicó.

Los ministros, por su parte, reclamaron que no fueron llamados a comisión y que, aunque estas advertencias se hicieron con anterioridad, no se tomaron en cuenta en la redacción final.

Mientras tanto, Dinarte se mostró confiada en que todavía hay tiempo para presentar una solución.