Se trata de un elemento subjetivo, pero su peso en el desempeño de la economía y del buen clima social del país es fundamental, por esa razón se mide con diferentes indicadores. La confianza es un factor muy importante en el dinamismo de la producción.

La certidumbre de los empresarios y consumidores en el país empezó, hace varios meses, un proceso de erosión sostenido que actualmente se refleja en un reducción del consumo de los hogares y menos inversiones por parte del sector privado para ampliar sus operaciones y generar empleo.

La discusión fiscal que llevó a la aprobación de una reforma tributaria y la aplicación de nuevos impuestos fue uno de los detonantes de lo que Edna Camacho, exministra coordinadora del Equipo Económico del Gobierno, calificó como un “déficit de confianza”, en entrevista con EF el pasado 16 de mayo.

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El sector productivo y los consumidores demandan al Gobierno una serie de acciones para reactivar la economía, crear empleo, reducir la pobreza, fortalecer la consolidación de pymes y simplificar trámites.

Desde la Asamblea Legislativa y desde el Ejecutivo se gestaron respuestas que en otros contextos habrían sido suficiente para poner a caminar la actividad económica del país, pero las condiciones internacionales y la incertidumbre del mercado interno no permiten que las cosas mejoren.

En este contexto: ¿qué puede hacer el Gobierno para superar la sombra de la desconfianza?

Comunicación, la clave

Pensar en una solución o un conjunto de acciones unilaterales para producir confianza y convencer a los agentes económicos con éxito es tan improbable como creer que la economía se puede reactivar en un par de meses cuando todavía los vientos de los resquemores por la reforma fiscal no desaparecen.

“No se puede resolver un problema estructural acumulado durante años, en solo un par de meses”, advirtió Pamela Jiménez, economista e investigadora del Programa Estado de la Nación (PEN).

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Con la confianza ocurre algo similar. Depende del Gobierno y del Congreso generar las condiciones apropiadas para dar señales de seguridad, pero también los consumidores y los empresarios deben recibir esos mensajes de forma apropiada para que se produzcan cambios.

La principal tarea que tiene el Ejecutivo es comunicar mejor el plan de reactivación económica –la tercera versión presentada el 4 de setiembre–, lo que permitiría, por ejemplo, que los empresarios entiendan los cambios para facilitar sus negocios y que los compradores reciban con mayor claridad los detalles de las mejoras para el acceso a crédito.

Una comunicación eficiente, no solo eficaz, puede evitar oleadas de preocupación y episodios de “histeria colectiva” como los que se suscitaron durante los días previos a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) y los que se presentaron durante el primer mes de aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Incluso, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, aseguró que no estaba totalmente conforme con la estrategia de comunicación que se utilizó para explicar todos los cambios que implica la nueva ley fiscal.

“Usted puede tener la mejor medida de reactivación económica, pero si no la comunicó de la mejor manera y no es bien percibida por los consumidores, no va a funcionar porque no mejoró la confianza de los hogares y de los empresarios”, agregó Jiménez.

Cambios y señales

La economía costarricense enfrenta una desaceleración, pero no está en crisis, todavía prevalece un clima de estabilidad monetaria y cambiaria, junto con una agenda de reactivación impulsada por el Ejecutivo y una serie de proyectos de ley que pueden producir mejoras importantes para el sector productivo.

En el Congreso se aprobaron leyes como la de educación dual y la de teletrabajo que ayudan a afianzar los planes de los empresarios. Las dos iniciativas forman parte de la agenda política que promueve la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

Dos proyectos de ley que están en Cuesta de Moras también podrían convertirse en señales positivas para mejorar la confianza de los empresarios, se trata de la reforma al empleo público y la regulación del derecho a huelga.

“Si el proyecto de huelgas sale bien de la Sala Constitucional eso sería una muy buena señal de que el país está cambiando de rumbo y generaría un mayor clima de confianza para nosotros”, indicó Gonzalo Delgado, presidente de Uccaep.

Propuestas para cambiar las jornadas laborales con el fin de hacerlas más flexibles y para reformar el Estado también son vistas con buenos ojos por parte del sector empresarial.

Desde el Ejecutivo existen dos herramientas que bien aplicadas podrían tener mayor impacto sobre la confianza: la simplificación de trámites y la colocación de recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).

El 72% de las compañías del sector privado tiene la percepción de que existen retrocesos en materia de simplificación de trámites, según la última encuesta Pulso Empresarial, pero una parte muy importante de la agenda de reactivación de Alvarado está enfocada en aplicar cambios en esta área.

Mientras que Banca para el Desarrollo es una fuente importante de recursos, pero la colocación de este tipo de créditos no logra dinamizar, pese a que el 97,5% del parque empresarial del país está conformado por pequeñas empresas dedicadas al mercado interno.

“La presentación de la estrategia nos abrió múltiples canales de comunicación con agentes que juegan roles importantes en la reactivación de la economía. Vemos con optimismo el ambiente que se está generando y poco a poco, conforme se van materializando las acciones contenidas en el plan, esperamos recuperar la confianza de los ciudadanos”, comentó Pilar Garrido, ministra de Planificación.

Una de las respuestas políticas en materia económica provino del Banco Central de Costa Rica (BCCR) que redujo el encaje mínimo legal para liberar más recursos para créditos y rebajó la Tasa de Política Monetaria (TPM) para buscar una caída en los tipos de interés en las ventanillas de los bancos comerciales.

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Las dos medidas, en otro contexto de mayor confianza, habrían impulsado la colocación de préstamos y, por ende, el consumo, la compra de bienes duraderos y los planes de inversión de las empresas privadas.

Sin embargo, el alto nivel de morosidad de los hogares aunado a la sombra de incertidumbre se refleja en que la demanda por el crédito no crece en los niveles esperados para provocar atisbos de reactivación.

La sombra del desempleo

Más de 296.000 personas estaban desempleadas en Costa Rica al segundo trimestre del 2019 (11,9%), según los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE).

En una reciente medición de opinión pública realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) se observa que el desempleo es el principal problema del país (34%) para las personas consultadas, quienes, además, consideraron que el rumbo del país era malo (68%), al mismo tiempo que aumentaron su rechazo al presidente de la República Carlos Alvarado de un 36% en agosto del 2018 a un 65% un año después.

El desempleo es un problema estructural del país y se ubicó como el más agobiante para los costarricenses en cuatro de las últimas siete encuestas de opinión aplicadas por el CIEP en agosto de cada año, para el periodo 2013-2019.

Pese a que el Gobierno y compañías privadas hicieron varios anuncios de contratación de personal, ampliación de operaciones y apertura de nuevos negocios en el país durante agosto y setiembre, la percepción de confianza se ve fuertemente marcada por la estela del desempleo.

¿Quiere decir esto que si el Ejecutivo logra fomentar la creación de más empleos, mejorará la confianza? No necesariamente, porque todavía prevalecerán las dudas por la implementación de la reforma fiscal y la incidencia de otros flagelos estructurales como la desigualdad y la pobreza, que a su vez se verían mermados con un aumento en la cantidad de puestos de trabajo.

Uno de los retos más fuertes es cerrar la brecha de desconexión que existe entre la producción y el empleo. Los sectores más encadenados de la economía (régimen de zonas francas) tienen poca capacidad de multiplicar posiciones laborales, mientras que otras actividades como el agro pueden generar más trabajo, pero crecen menos y tienen una menor capacidad de conectarse con otros negocios.

Impulsar políticas como la simplificación de trámites y fluidez para dar préstamos del SBD, podría contribuir con la generación de empleo en el corto y mediano plazo.

Estos instrumentos se vuelven especialmente relevantes en una economía cuyo crecimiento se mantiene por debajo del promedio de largo plazo en la última década y en la que el Gobierno se enfrenta a un presupuesto inflexible en un 90%, con un nivel de deuda que supera el 50% y un déficit fiscal del 6,3% para fin de año.

La difícil coyuntura impide al Ejecutivo recurrir a una vieja herramienta para dinamizar la economía y crear confianza: aumentar la inversión y el gasto público.