La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que pedirá llevar a juicio a Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica entre 2014 y 2018, y a otros miembros de su administración, por presunta influencia contra la hacienda pública, en el caso del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
Se les acusa de realizar maniobras para afectar el Presupuesto Nacional y realizar transferencias a Bancrédito cuando la entidad estaba a punto de cerrar.
Este banco cerró definitivamente sus operaciones en diciembre de 2017, pero su cese técnico se había declarado el año previo debido a problemas de liquidez. Una vez consumado este proceso, fue absorbido por el BCR.
Hoy, casi cinco años después de los hechos, el tema vuelve a salir a la palestra por esta acusación. Estos son los puntos clave sobre el caso que usted debe saber.
¿Qué sucedió?
Una denuncia planteada por la Contraloría señala que en el gobierno de Solís Rivera se habría ordenado realizar inversiones de corto plazo en Bancrédito en 2017, con el fin de inyectar la liquidez suficiente para evitar su cierre. La operación carecía de sustento técnico y la posibilidad de obtener réditos era remota.
Esos recursos habrían comprometido el flujo regular del presupuesto del país y complicado las finanzas públicas al agrandar el déficit fiscal de ese año.
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Un punto clave es que la mala situación por la que atravesaba el Bancrédito había encendido las alarmas de varios sectores, incluidos los diputados que urgían tomar medidas.
Bancrédito llegó a tener un nivel de irregularidad de 3, producto de sus constantes periodos presentando pérdidas.
Aun y conociendo estos problemas, el gobierno de turno continúo con las inversiones.
Desde entonces, el caso ha estado abierto y ha tenido varias intervenciones y allanamientos para recolectar evidencia.
Bancrédito fue el segundo banco estatal que cerró operaciones, el primero fue el Anglo a mediados de los años 90.
¿Quiénes son los involucrados?
Además de Solís Rivera, la investigación señala a otros miembros del gobierno en aquel momento:
- Sergio Alfaro - Exministro de la Presidencia
- Helio Fallas - Exjerarca de Hacienda y exvicepresidente
- Martha Cubillo - Antigua Tesorera Nacional y exviceministra de Egresos
- Mauricio Arroyo - Tesorero Nacional en aquel gobierno.
¿Qué le pasó a Bancrédito?
Este banco era una entidad del estado. Fue creada en 1918 y justamente a poco de cumplir los 100 años de operación fue cerrada.
Su crisis empezó a agudizarse en 2016 producto de una planilla elevada, créditos considerados malos y un aumento exponencial de clientes morosos, que poco a poco fueron mermando los recursos del banco.
Además, existieron proyectos de ley que pretendían reformar al banco para convertirlo en uno de fomento o de “segundo piso”, pero no prosperaron.
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Finalmente Bancrédito fue sometido a una intervención, pero la administración de Solís la calificó como ilegal.
¿Qué dijo el ex presidente sobre la acusación?
Luis Guillermo Solís afirmó mediante sus redes sociales y comunicados que lo sorprendió enterarse de la denuncia en su contra, pero que la recibió “con serenidad”, al tiempo que aseguró que acudirá a tribunales para demostrar la legalidad de todas las actuaciones.
“Rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan. Desde el Gobierno de la República, siempre actuamos apegados a derecho, buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores. Demostraremos que, gracias a nuestra actuación, logramos un cierre ordenado del banco”, escribió el exmandatario Solís en su cuenta de Facebook.
¿Pueden ir a la cárcel estos involucrados?
Las acusaciones que enfrentan los ex funcionarios en este proceso podrían acarrear penas de cárcel.
De acuerdo con el artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, serán penados con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la hacienda pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin.
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Por el momento, Solís Rivera indicó que por tratarse de un caso judicializado no hablará más, sino que será su equipo legal el que se encargue de la situación.