Por: María Fernanda Cisneros.   3 julio

El Gobierno de la República apostará por fusionar el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) con el Banco de Costa Rica (BCR) para poner fin a la deteriorada situación financiera del banco cartaginés.

Esto debe pasar por la corriente legislativa y en caso de aprobarse, no habría necesidad de ejecutar la garantía del Estado que se había solicitado en febrero.

Para lograrlo, el Gobierno propone adoptar el proyecto de ley que presentó Ottón Solís el año pasado, cuando era diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC). El texto plantea que sea el Banco de Costa Rica (BCR) el que absorba lo que queda del banco cartaginés.

Así lo afirmó Marco Hernández, interventor titular de Bancrédito, quien además explicó que el banco continúa deteriorándose a la espera de una solución.

Desde diciembre del 2017, este banco cursa una intervención ordenada por el Consejo Nacional de Supervisión de Entidades Financieras (Conassif) por acumular cinco meses de pérdidas y entrar en grado de irregularidad tres.

Poco más de seis meses después, los gastos de la entidad no cesan, sus ingresos son ínfimos y la solución a su situación todavía es inexistente.

Los costos operativos mensuales del banco cartaginés rondan los ¢604 millones, monto que contempla los ¢34 millones que se cancelan cada mes al equipo de intervención.

Además, se debe mantener una planilla de 175 funcionarios (eran 400 personas en agosto 2017) que dan atención a procesos como el cobro de la cartera y de los impuestos de salida por cuenta del Ministerio de Hacienda, contabilidad, entre otros.

En la actualidad, todos estos costos son financiados, principalmente de las recuperaciones que se efectúan de sus activos (en su mayoría cartera crediticia).

Al lado de un nivel de egresos elevado, está un negocio inexistente de un banco que ya no opera y que solo se dedica a recuperar sus activos, que también se deterioran e impactan negativamente al patrimonio.

A mayo del 2018, las pérdidas de Bancrédito acumulan los ¢4.497 millones, explicadas por el detrimento de sus activos. Esto da como resultado un patrimonio total de ¢35.894 millones.

Según Hernández, “es urgente” que los actuales diputados puedan tramitar y aprobar con la mayor prontitud posible, el proyecto de ley que propone una fusión por absorción con el BCR.

Esto permitiría rescatar el patrimonio de la entidad y detendría el deterioro.

La solución: BCR absorbería Bancrédito

La interventoría levantó la voz en febrero de 2018 para solicitarle al Gobierno que aplicara la garantía del Estado con Bancrédito. ¿La razón? Para el banco es imposible hacerle frente a sus obligaciones financieras, dada la falta de liquidez.

Sin embargo, esta medida también perjudicaría al Estado, al ser el principal acreedor del banco por una deuda de más de ¢131.000 millones. Este pasivo, entonces, tendría que ser asumido por el Gobierno.

¿En qué consistiría hacer efectiva la garantía del Estado? Esto implicaría una “operación seca” para el Gobierno, denominada así porque no existe una erogación real de recursos.

Lo que se generaría es una compensación del pasivo que tiene Bancrédito con Hacienda, de modo que el estado asumiría esa deuda y pasaría a ser el principal acreedor.

Ante esto, otro camino empezó a llamar más la atención de los involucrados.

  • El Gobierno decidió: 
  • 1. Acoger la recomendación de la Sugef de fusionar Bancrédito con uno de los dos bancos comerciales del Estado como una solución integral, con la cual, inclusive, no habría necesidad de ejecutar la garantía estatal antes mencionada. 
  • 2. Tomar como base el proyecto de ley (expediente 20.366) propuesto e incluido como parte de la documentación que la Sugef envió a la Asamblea Legislativa, con copia a las autoridades del Gobierno en ese momento; para fusionar a Bancrédito con uno de los bancos comerciales del Estado.
  • 3.  En esa misma línea, aprovechar el manifiesto interés del Banco de Costa Rica de absorber a Bancrédito e incorporarlo de inmediato esa propuesta de ley. 
  • Fuente: Interventoría

El Gobierno decidió acoger la recomendación hecha por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en marzo del 2018.

En ese momento, el ente regulador -entonces al mando de Rocío Aguilar, ahora ministra de Hacienda- afirmó que el mejor camino para Bancrédito era unirse a otro banco público e inclusive, resaltó que la desgastada situación financiera de la entidad iba en detrimento de su capital, que pertenece al Estado.

La Sugef también recomendó utilizar como base el proyecto de ley ya propuesto por el exdiputado Ottón Solís para que la operación del banco cartaginés la absorbiera el BCR, seleccionado por contar con menor tamaño, en comparación con el Banco Nacional de Costa Rica, explica el expediente 20.366.

Ese es precisamente el texto que se analiza en la Asamblea Legislativa actualmente y que hace fila en el puesto 43 del total de expedientes que debe analizar la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Mientras la solución espera a ser atendida en la corriente legislativa, el proceso de intervención sigue con el único propósito de administrar el Banco mientras se aprueba esa iniciativa.

Esta propuesta, además, se alinea con los planes del BCR, que mostró interés en absorberlo desde abril del 2017.

Desde ese mes, el BCR suscribió un convenio con Bancrédito para evitar un mayor deterioro de su operación e iniciar un proceso que le permitiría absorberlo mediante un proyecto de ley.

Ese pacto, según Hernández, ha permitido que el BCR efectúe la debida diligencia que se requiere antes de concretar una fusión ya que el banco necesita conocer los procesos que se realizan en Bancrédito y prever situaciones para cuando se ejecute la fusión.

Inclusive, se ha dado la oportunidad de trasladar al BCR algunos negocios que tiene Bancrédito, aunque el proyecto de ley no ha recibido el visto bueno.

Esos negocios son el cobro de los impuestos de salida por cuenta del Ministerio de Hacienda y la atención de las tiendas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en los aeropuertos.

En el caso de la atención de las tiendas del IMAS, esa última Institución tramita una autorización por parte de la Contraloría General de la República para que se puedan ceder en forma completa los convenios suscritos al BCR, conforme lo establece el artículo 217 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

En el caso del cobro de los impuestos de salida, el BCR se encuentra coordinando y negociando con el Ministerio de Hacienda y con la Interventoría la forma en que asumirá ese servicio por cuenta de ese Ministerio.

Así, el proceso de absorción avanza a la espera del permiso para que la fusión sea oficial.

Mientras, Bancrédito acumula pérdidas y debe pagar mes a mes al equipo de intervención, dinero que al final es parte del capital del Estado.