2023 es el año clave en que el Gobierno de la República tendrá que echar a andarla reforma al empleo público: un reto que le augura trabajo intenso y tensiones políticas.
Los sindicatos del sector público hasta ahora se ha mantenido al margen de mayores enfrentamientos o movilizaciones en contra del Gobierno. Sin embargo, reconocen estar a la expectativa del proceso de reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público (10.159), sobre el cual ya auguran posibles enfrentamientos en estrados judiciales y hasta eventuales manifestaciones en las calles.
El tiempo para la implementación de la norma apremia. A pesar de que existen diversos criterios sobre cuándo debería empezar a aplicarse la ley, cualquier escenario de los que se menciona apunta al próximo año. La reglamentación está en desarrollo, pero con importantes falencias según observó la Contraloría General de la República (CGR)m en un informe de fiscalización sobre el proceso que publicó en este mes de diciembre.
La ley apunta a ser un antes y un después en las relaciones obrero patronales del Estado, y a dejarle importantes ahorros a largo y mediano plazo. Si se implementan sus indicaciones correctamente, se irían eliminando paulatinamente los incentivos monetarios (popularmente conocidos como pluses salariales) que actualmente engordan la masa salarial de las entidades públicas y, también, se impondrían amarras fuertes para restringir el crecimiento del gasto a través de las siempre onerosas convenciones colectivas que se negocian en múltiples entidades del Estado (incluidas aquellas en competencia).
Empleo público apunta a ser un tema político de peso en 2023. Nuevamente.
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La implementación
La Ley Marco de Empleo Público se publicó oficialmente como tal en marzo de este año y, desde entonces, se estableció que regiría hasta 12 meses después de su publicación. Ese momento se cumpliría exactamente el 9 de marzo de 2023; sin embargo, el Ministerio de Planificación (Mideplan) alega que tiene seis meses adicionales para empezar a implementar el texto.
Este criterio se desprende del primer transitorio de la ley, el cual le dio un plazo de seis meses “posteriores a la entrada en vigencia” del texto para que el Poder Ejecutivo emita su respectivo reglamento.
Esta interpretación choca con la de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual escribió en su última revisión sobre el programa de financiamiento ligado a metas fiscales que mantiene con Costa Rica que esperaba la “implementación completa” de la norma a partir de marzo de este 2023 y no de septiembre.
Más allá de eso, el Gobierno dice que trabaja a toda máquina para tener listo el reglamento lo antes posible. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó en una reciente entrevista con EF que se está en conversaciones con personal técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para definir las nuevas escalas salariales y tener todo listo lo antes posible.
Sin embargo, recordó que –aún habiendo transcurrido unos nueve meses desde su aprobación– la conceptualización de las nuevas escalas salariales de la institucionalidad pública es un proceso muy complejo para el Gobierno y demás entidades involucradas. “El profesional 2 de la administración pública va desde un abogado hasta un maestro, actualmente, pasando por un montón de profesiones como psicólogos y otros. La pregunta aquí es si los salarios de estas personas entonces tendrían que ser todas iguales o si deberían de ser diferentes”, observó.
Las autoridades son escuetas a la hora de referirse al proceso de reglamentación e incluso lo fueron con la CGR. En su informe de fiscalización antes mencionado (DFOE-FIP-RF-00001-2022), la entidad dijo no haber encontrado “mecanismos de coordinación formales” entre el Mideplán y la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) “para la emisión de criterios e insumos consensuados entre las partes involucradas”.
La Contraloría también recordó que Mideplán se había puesto la meta de emitir el reglamento de la ley marco en abril de 2023; sin embargo, subrayó que hasta este mes de diciembre no se dispone de datos o indicadores sobre el avance en la materia y existe el “riesgo” de que no disponer con la regulación necesaria a tiempo.
“El no disponer de un reglamento a la entrada en vigencia de la ley representa un riesgo para las instituciones públicas”, observó, las cuales podrían “no contar con la orientación requerida y por ende, no se lleve a cabo la implementación de la misma de forma oportuna”.
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Camino de conflicto
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), también se remitió a los señalamientos de la Contraloría. Sin embargo, él ve en ese factor solo como una pequeña parte de los conflictos que podrían venir.
El representante sindical señaló que, por un lado, es previsible que el reglamento y la misma ley también enfrenten “una lluvia” de recursos de amparo y de acciones de inconstitucionalidad, por cuestiones que no quedaron del todo zanjadas durante su discusión en la Asamblea Legislativa. Además, afirmó que las representaciones sindicales podrían llevar la discusión a las calles de considerarlo necesario.
“Esa ley no tiene un todo armónico, por decirlo de forma corta, y nosotros no descartamos generar acciones de calle. Ya las tenemos contempladas, pero no definidas”, subrayó.
La aplicación de la reforma al empleo público, sin embargo, es considerada vital por el Gobierno, organismos internacionales como el FMI y diversos analistas políticos y económicos, que recuerdan la necesidad de ella para la estabilización de las finanzas del Estado.
El gobierno pasado estimó que la nueva regulación le permitiría ahorrar un promedio del 1,05% del PIB anual, durante los primeros 10 años de aplicación de la norma (más de unos ¢400.000 millones entonces).
Fernando Naranjo, economista y presidente de Consejeros Económicos y Financieros S.A. (Cefsa), señaló que las dudas sobre el proceso de reglamentación incluso podrían suponer un revés para el programa de financiamiento con el FMI en curso; pues se trata de una reforma estructural que el organismo espera ver en acción pronto.
“Eso puede causar algún problema. Primero para el Gobierno, porque es una ley de acatamiento obligatorio y, segundo, porque podría complicar el acuerdo con el Fondo Monetario”, puntualizó.
El acuerdo con el Fondo contemplaba esta reforma como un cambio estructural de cumplimiento obligatorio. En ese sentido, el ministro Acosta dice que las autoridades nacionales mantienen al tanto al organismo.
Las nuevas escalas salariales que impondría la Ley Marco de Empleo Público aplicarían solo para nuevos trabajadores de las instituciones públicas. Los actuales tendrían su salario congelado si es mayor al que se defina o bien, recibirían incrementos regulares de sus incentivos actuales, hasta alcanzar las nuevas remuneraciones, cuando su monto actual sea más bajo.
Las empresas públicas en competencia y los entes públicos no estatales no tendrían que elaborar estas nuevas escalas. Sí tendrán que hacerlo las instituciones del Gobierno y las descentralizadas, aunque aquellas con autonomía administrativa podrán hacerlo por cuenta propia.