La nueva Ley Marco de Empleo Público (10.159) establece una reestructuración total del sistema salarial del Estado costarricense.
La idea es que se aplique una escala salarial única construida y constituida por todas las instituciones del sector público, con excepción de las empresas públicas en competencia, los entes públicos no estatales y el Cuerpo Benemérito de Bomberos. De este modo, se pretenden eliminar las disparidades entre funcionarios que actualmente ocasiona el pago de pluses salariales, como las anualidades automáticas.
EF le explica qué se sabe y qué se desconoce todavía de este nuevo proceso.
El Ministerio de Planificación (Mideplán) estimó que con la norma se logrará ahorrar alrededor de un 1% del PIB, en promedio, durante sus primeros 10 años de aplicación. Esta estimación ya genera reacciones positivas en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y agencias calificadoras de riesgo como Fitch Ratings y Moody’s, entre otros actores.
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¿A quiénes aplicarán los nuevos salarios?
Los nuevos salarios de la Ley Marco de Empleo Público aplicarán para todos los trabajadores de la institucionalidad pública, con excepción de aquellos que laboren para empresas públicas en competencia, entes públicos no estatales (como los colegios profesionales) y en el Cuerpo Benemérito de Bomberos.
La escala salarial y sus grados la establecerán el Mideplán, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), del Ministerio de Hacienda; y la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) para la mayoría de los funcionarios; pero los Poderes de la República con independencia y las entidades con autonomía de Gobierno Central deberán hacerlo por su propia cuenta para los trabajadores con “funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de sus competencias constitucionalmente asignadas”.
¿Cómo se calcularán los nuevos salarios?
La ley establece que el Mideplán, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa deberán establecer una metodología de valoración del trabajo para el servicio público, la cual asignará puntuaciones a los puestos de trabajo, de acuerdo con un análisis de diversos factores relevantes.
Todas las entidades deberán regirse con los mismos principios:
- El salario deberá ser siempre igual para trabajos iguales que se realicen en idénticas condiciones
- El salario más alto será el que ostente el Presidente de la República
- La fijación de los salarios se realizará construyendo una metodología de remuneración
- Se deberá establecer familias de puestos con columnas de salario global
- Los ajustes o modificaciones distintas de aumentos por costo de vida deberán basarse en criterios técnicos de carácter económico
- Todos los salarios se ajustarán según las reglas contenidas en la Ley de Salarios de la Administración Pública (2.166)
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¿Qué factores se tomarán en cuenta para definir los salarios?
La legislación menciona una serie de factores que se deberán tomar en cuenta para definir los puntos salariales. Entre ellos, indica:
- Los niveles requeridos de conocimientos y experiencia
- El peso relativo del trabajo para la consecución de las metas institucionales
- El margen de discrecionalidad con el que se cuenta
- La necesidad de planificar y organizar el trabajo
- La complejidad del trabajo
- El requerimiento de disponibilidad
- La peligrosidad que conlleve el ejercicio de funciones
- La responsabilidad asociada al manejo de los recursos públicos
- La libertad para actuar en la planificación y el cumplimiento de las obligaciones
- La producción científica, técnica y académica vinculada con las funciones
- Las diferencias por paridad del poder adquisitivo que se produzcan por el ejercicio del cargo destacado en el extranjero
- La restricción al ejercicio liberal de la profesión, cuando se requiera
- El desarraigo, para aquellos puestos fuera de la Gran Área Metropolitana y donde se demuestre ausencia de disponibilidad de personal altamente especializado
Según indica la nueva ley a cada uno de esos factores se le asignará “un peso relativo”. Asimismo, deberán graduarse según su “intensidad, frecuencia, duración o dimensión” dentro del desempeño del cargo.
“En el caso del personal docente del título II del Estatuto de Servicio Civil”, añade el texto, “adicionalmente se tomarán en cuenta los lineamientos y las políticas para la evaluación del desempeño docente que al efecto disponga el Consejo Superior de Educación”.
¿Se conocen los nuevos montos salariales?
No todavía.
La ley da un plazo de seis meses para que se emita la reglamentación formal de sus indicaciones, el cual se cumpliría el 8 de septiembre de este 2022. Asimismo, señala que sus cambios empezarán a regir hasta 12 meses después de su publicación; es decir, en marzo de 2023.
Sin embargo, la ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno, Pilar Garrido, ha dicho que la intención es brindar “equidad y justicia” a los salarios, por lo que algunos podrían bajar y otros podrían subir eventualmente. Por ejemplo, señaló que en algunos casos se identificó la necesidad de “valorar mejor” la remuneración por cuestiones como exposición o peligrosidad.
El principal efecto fiscal de esta reforma, estiman las autoridades, provendrá de que las instituciones ya no deban aplicar los aumentos automáticos por incentivos monetarios como las anualidades, los cuales muchas veces representan un aumento adicional sin control alguno de desempeño.
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El Mideplán trabaja en la reglamentación de la norma con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según comentó Garrido, tras la aprobación de la Ley, se trabaja para detallar de la mejor manera posible los puestos actuales y sus características; de modo que se puedan establecer las nuevas remuneraciones a partir de las particularidades compartidas y las que les diferencien entre sí.
¿Qué pasará con los empleados actuales?
La nueva ley establece un proceso de transición del actual sistema de incentivos salariales a los nuevos salarios generales para los trabajadores del sector público.
Quienes tengan un salario menor al momento que se establezcan continuarán recibiendo sus incentivos monetarios actuales, año con año, hasta alcanzar el nuevo salario global; mientras que quienes actualmente tenga salarios mayores permanecerán con sus salarios congelados hasta que el salario global alcance ese monto por las actualizaciones anuales.
