Uber cumplirá este domingo 21 de agosto su primer año de operaciones en Costa Rica. Algunos querrán regalarle un queque con candelas para su primer aniversario, pero otros desearían bloquear la aplicación y sacarlo del país.
La historia de Uber en Costa Rica ya cumple 12 meses de amor y odio. Mientras la empresa multinacional de capital estadounidense ya cuenta con unos 7.000 conductores socios, los taxistas quieren desterrar sus servicios porque lo consideran una "amenaza" y una "competencia desigual".
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Siempre es bueno repasar lo que ya fue, para entender lo que podría suceder en el futuro.
Episodio 1: Comunidades de autoabastecimiento
El viernes 21 de agosto del 2015, el país amaneció con la noticia de que Uber, una empresa que conecta a propietarios de vehículos con personas que necesitan transporte mediante una aplicación móvil, llegó al país para ofrecer sus servicios.
Antes de ese día se especulaba sobre el ingreso de la compañía de capital estadounidense al país, pero la fecha del inicio de operaciones era completamente desconocida.
Fue así como sin aviso previo, sin permisos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sin autorización del Consejo de Transporte Público (CTP), Uber retó a todos y empezó a trabajar en el país.
Humberto Pacheco, gerente de Uber en Costa Rica, aseguró ese día que la empresa había analizado el panorama legal y que su operación se daría bajo la figura de "comunidades de autoabastecimiento". Uber indicó que esa figura legal ya se emplea en Costa Rica para la administración de servicios públicos como agua y electricidad.
Rocío Paniagua, quien era vocera de Uber en ese entonces explicó que "la Procuraduria General de la República (PGR) había emitido diversas opiniones en las que deja claro que existe la posibilidad de que servicios tradicionalmente públicos, como por ejemplo el agua potable o la energía eléctrica, puedan ser generados o prestados a través de comunidades de autoabastecimiento o autogestión".
"Uber operará con una figura idéntica. Es una comunidad de miembros (usuarios y conductores) creada para autoabastecer o autogestionar sus necesidades especificas de movilidad", concluyó la vocera.
Episodio 2: Uber "ilegal"
El 11 de setiembre del 2015, cuando los ánimos de los taxistas formales empezaban a calentarse por el "boom" de Uber, el CTP emitió un criterio jurídico en el cual calificaron la operación de esa empresa como una actividad "ilegal" en el país.
"El servicio de transporte que ofrece Uber, a través de una aplicación app, mediante el móvil, es un servicio de transporte remunerado de personas ilegal dado que no cuenta con las autorizaciones correspondientes", indicó el documento.
Episodio 3: Gobierno: ¿Qué hacemos?
El día que Uber empezó a operar en Costa Rica, Sebastián Urbina, entonces viceministro de Transportes, aseguró que la Policía de Tránsito sería la encargada de impedir que los conductores de Uber presten servicios de transporte.
"La Policía de Tránsito siempre va a tratar todas las actividades ilícitas y esta (servicio de Uber) no va a ser la excepción", declaró Urbina ese día. "La ley es súper clara, el transporte remunerado de personas es un servicio público titular del Estado, que debe ser regulado por el Consejo de Transporte Público (CTP)".
La palabras del jerarca de Transportes sonaban convincentes. Los nuevos y temerosos conductores de Uber tenían que andar con cuidado porque se exponían —en ese entonces— a multas de ¢110.000 y el decomiso administrativo de los vehículos.
El 21 de agosto del 2015, la Policía de Tránsito decomisó los dos primeros carros de Uber, un Peugeot y un Volkswagen. Los vehículos fueron ubicados en un operativo especial realizado por las autoridades para identificar transporte ilegal de personas.
Episodio 4: Sala IV frenó cobro de multas
El 19 de febrero del 2016, la Sala Constitucional acogió para estudio una acción presentada por los diputados Otto Guevara y Natalia Díaz del Movimiento Libertario.
Esa acción de inconstitucionalidad fue presentada contra la ley que regula los servicios especiales de Taxi (Seetaxi) y suspendió temporalmente el cobro de multas para quienes sean sancionados brindano transporte ilegal de personas.
"A partir de este momento, pueden hacerse multas o abrirse un expediente, pero no cobrarlas ni dictar resoluciones, porque están suspendidas", expresó Guevara, quien agregó que la Sala IV puede durar entre 12 y 18 meses en resolver el caso.
Episodio 5: La furia roja
Desde que Uber inició operaciones en el país, los taxistas —la Fuerza Roja, como se hacen llamar— se han manifestado en las calles siete veces.
Las imágenes que dejaron estos movimientos son imborrables. Por ejemplo, el 1.° de febrero de este año cuando los taxistas bloquearon el paso en Zapote y tiraron huevos a otros colegas quienes decidieron no sumarse a la protesta contra Uber.
La manifestación más numerosa se dio el 9 de agosto pasado, cuando grupos de taxistas tomaron las calles del país desde las 5 a. m. y bloquearon el paso en las principales rutas nacionales.
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La Fuerza Pública intervino y, pese a que hubo enfrentamientos y golpes, lograron disolver el movimiento de los taxistas antes del medio día. Eso sí, los dirigentes de la Fuerza Roja anunciaron que la próxima vez que tomen las calles "será una llamada de guerra".
Episodio 6: El enamoramiento
Mientras todo esto pasaba en el país, Uber aprovechó cada manifestación de taxistas para regalar viajes con códigos promocionales como "CostaRicaNoPara".
¡Hoy! En tus viajes en el Área Metropolitana ingresando código VIAJAPOR1ROJO Toda la info: https://t.co/Q3SoxDKnLl pic.twitter.com/yDZWMdQX3Q
— Uber Costa Rica (@Uber_CR) 9 de agosto de 2016Los clientes de Uber cada vez hacían más evidente el apoyo al servicio en las redes sociales. Las personas que empezaron a usar la aplicación destacan que los carros son más nuevos, los conductores no rechazan viajes por distancias cortas, no se paga en efectivo, y además, les regalan confites y agua.
Todo esto resultaba bonito para los mal acostumbrados clientes de los taxis rojos en Costa Rica.
Uber aprovechó el "boom" que generó su llegada a Costa Rica para "enamorar" a sus clientes con tarifas más bajas a las que ofrecen los taxistas y promociones.
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Pronto las personas empezaron a rechazar el comportamiento de los taxistas, quienes preocupados por la competencia y por la caída en las ganancias, decidieron bloquear calles y generar presas como mecanismo de lucha para exigir al Gobierno que bloquee la aplicación de Uber en el país. Algo que ya fue rechazado por Marcelo Jenkins, ministro de Ciencia y Tecnología.
Episodio 7: Uber, choferes y tarifas
Como al inicio de cualquier historia, las cosas iban muy bien. Uber ganó rápidamente terreno y adeptos en el país. Datos revelados por Humberto Pacheco, gerente general de la empresa, indican que a la fecha cuentan con unos 7.000 socios conductores.
Aunque a los usuarios sí les gustó la idea. Las tarifas de Uber son mucho más bajas que las de los taxis rojos, e incluso, que las de los porteadores.
Episodio 8: Camino a una regulación
Uber está abierto a una regulación en Costa Rica, así lo indicó Julie Robinson, directora de comunicación de la empresa para América Central y el Caribe.
Un año después, el Gobierno todavía no ha ideado un mecanismo para regular los servicios de transporte que ofrece Uber bajo el modelo de economía colaborativa.
La firma estadounidense que opera en 505 ciudades del mundo, cuenta con 100 regulaciones municipales, regionales o nacionales en algunos países.
Sao Paulo es uno de los ejemplos más cercanos a Costa Rica. El ayuntamiento de esa ciudad autorizó solo 5.000 vehículos para brindar servicios de transporte con Uber, debido al faltante de taxis formales que se presenta en esa ciudad.
Uber debe pagar a la municipalidad de Sao Paulo una comisión de 0,10 reales de Brasil (equivalentes a ¢13 de Costa Rica), para poder operar sus servicios de transporte.
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En Costa Rica, Franklin Corella, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) trabaja un proyecto de ley para regular la movilidad colaborativa, es decir, los servicios de transporte que ahorita ofrece Uber y que pronto podrían brindar Cabify o Lyft en el país.
La iniciativa pretende "ordenar" un servicio que actualmente opera por la libre, sin regulaciones ni trámites burocráticos.
La receta propone crear una Oficina Nacional de Movilidad Colaborativa que lleve los registros y autorice las operaciones de empresas como Uber y Cabify.
Los conductores destinarían un 5% de su pago por cada viaje a un fondo nacional que servirá para financiar proyectos sociales y de transporte en el país.
Nota del redactor: Para este artículo se utilizaron citas tomadas de diferentes publicaciones del diario La Nación sobre la cobertura de Uber.