José María Figures Olsen (66 años, San José) se convirtió oficialmente, este 6 de junio, en el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN). El expresidente (1994-1998), tal como ya lo hizo su copartidario y rival histórico en la agrupación verdiblanca Óscar Arias, buscará un segundo mandato.
Figueres recibió un 35,8% de los votos en la convención liberacionista, en la que votaron unas 400.000 personas, según el último corte dado por la agrupación verdiblanca, con el 93,33% de las juntas receptoras de votos procesadas hasta este 8 de junio.
EF conversó con Figueres sobre su propuesta: la hoja de ruta con la que buscará unir al PLN, atraer a más votantes dentro y fuera de ese partido, y evitar un inédito tercer descalabro consecutivo en elecciones presidenciales de la agrupación que fundó su padre hace 70 años.
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Hace unos cinco o seis años, usted dijo en una entrevista para el diario La Nación que el PLN debía girar un poco más hacia la izquierda y recuperar su visión social. ¿Sigue pensando así?
— Hoy día yo no pienso ni para la izquierda, ni para la derecha. Pienso para adelante. Por supuesto que provengo de un partido con raíces socialdemócratas que respeto. Todo lo que sea luchar por las oportunidades de las personas, por contribuir a su bienestar, por aumentar la producción y estimular a los sectores productivos del país, para que puedan crear riqueza y repartirla de la mejor manera, estoy de acuerdo con eso.
Me habla de repartición de recursos, eso tiene que ver con desigualdad. ¿Cómo atender ese problema?
— Tenemos retos de emergencia por la pandemia y el desempleo, pero también otras tres grandes oportunidades. La primera es avanzar en el desarrollo de la economía para bajar las emisiones de carbono y llegar al 2030 con la mitad de las emisiones actuales; la segunda es reducir la pobreza, que hoy reúne a 1,5 millones de personas; y la tercera es la desigualdad. En los últimos años nos hemos convertido en uno de los 10 países más desiguales del mundo y eso no puede ser.
¿Cómo entrarle a esas cosas? Yo pienso que se debe reconvertir el aparato nacional para bajar las emisiones de carbono, como una oportunidad de inversión; bajar la pobreza significa crear oportunidades de trabajo con un clima de confianza para empresarios, cooperativas y asociaciones solidaristas; y la desigualdad se combate con formación de capital.
¿Formación de capital?
Yo pienso que tenemos la oportunidad de traspasar propiedad de algunas instituciones del Estado, que son de los costarricenses para que sean de ellos directamente. Por ejemplo, tomar el Banco Popular, transformarlo en un banco de capital accionario y emitir cinco millones de acciones, una para cada costarricense, y depositar esas acciones en su fondo de pensión, incluso para recién nacidos o niños. Un 75% de los dividendos puede ir al fondo de pensiones y un 25% a la persona para que lo gaste. La acción también puede servir como garantía de préstamos.
Son mecanismos modernos de los que hoy escriben muchas personas que estudian desarrollo como Piketty o Stiglitz. Tenemos la posibilidad de implementarlos porque tenemos al Banco Popular y otras instituciones que podrían ir por el mismo camino.
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En cuanto a pobreza, Costa Rica hoy invierte más o menos ¢600.000 millones en programas sociales a través de 22 instituciones con más de 40 programas. Yo pienso que es hora de que nosotros estudiemos esas instituciones y esos programas para valorar su efectividad y eficiencia, para evolucionar hacia una renta mínima familiar que elimine la pobreza extrema.
Usted dice que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) va, pero con ajustes. ¿Qué le gusta y qué le disgusta de la agenda actual?
— En las condiciones actuales no nos queda más remedio que ir a un acuerdo con el FMI. Dichosamente para Costa Rica, el FMI de hoy es otro completamente. Yo quisiera tener la oportunidad, ya como candidato del PLN y próximo Gobierno de la República, de estudiar un poco más a fondo en las próximas semanas.
Cuando usted fue presidente, el país dejó a medias un acuerdo con el Fondo porque las metas “no fueron realistas”, según dijo su exministro Francisco de Paula (QEPD). ¿En esta ocasión será distinto?
— Este acuerdo con el Fondo debemos, entre todos, negociarlo en condiciones que efectivamente se puedan cumplir y, en ese sentido, es que mencionaba ya anteriormente que el Fondo de hoy es muy distinto al de hace 20 años, que era muy dogmático e inflexible. Hoy reconoce la adversidad que enfrentan los países y estoy seguro de que nos querrá ayudar.
Usted ha mencionado la aplicación de impuestos verdes. ¿A qué impuestos se refiere? ¿Cuáles industrias serían gravadas?
— No es una cuestión de gravar industrias, es gravar las emisiones de carbono. No queremos hacerle la vida más difícil al sector industrial, que ya lo tiene tremendamente difícil en un ambiente sobrerreglamentado, caro y con un crédito bancario escaso. No gravemos más a la industria, pero sí a las emisiones de carbono. Eso mandaría señales que queremos enviar a los mercados financieros y a la producción nacional.
¿Hablamos de algo similar a los mercados de CO2 que ya se desarrollan en otros sitios, como la Unión Europea?
— Perfectamente podríamos evolucionar en la conformación de un mercado de CO2 en el que las empresas puedan bajar sus emisiones mediante inversiones que les hará rentables y competitivas, quizá algunas de ellas con incentivos fiscales, o que puedan comprar las reducciones de emisiones de carbono que puedan vender otras empresas que redujeron más de lo que tenían que reducir. Esto vigoriza la economía y hace a las empresas nacionales más competitivas. Yo aspiro a que, en gobierno, las empresas entiendan que estamos para ayudarles en esa transición, como es la responsabilidad de cualquier administración.
Sobre el aparato estatal, ¿se debe reducir su tamaño?, ¿hay instituciones obsoletas o se debe fusionar alguna?
— Yo pienso que todos los costarricenses estamos de acuerdo con que se nos fue la mano en el tamaño del aparato estatal. Inflamos un globo muy grande y la manera de desinflarlo es poco a poco, no es metiéndole un alfiler para que se estalle. Aquí no estamos por llegar a cerrar instituciones y poner a más personas en la calle cuando ya tenemos a 500.000 sin trabajo.
Debemos generar una cultura de cooperación entre sector privado y público. Por ejemplo, yo ya no concibo educación sin conectividad. El modelo será híbrido. Eso significa que necesitamos conectividad y en el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), gracias a Dios y la ineficiencia actual, tenemos acumulados $350 millones con los cuales podemos financiar una red 4.5 G para cubrir a todo el país en menos de un año.
En una entrevista muy reciente usted le dijo al colega Álvaro Murillo, de SemanarioUniversidad, que la idea de explotar recursos minerales en Crucitas le llama la atención. Habló de titularizar ingresos. ¿Cómo va eso de la mano con su discurso ambiental?
— Calza perfectamente. Hoy Crucitas es un desastre ambiental y el mercurio corre por todas partes, producto de una minería artesanal, desorganizada y no monitoreada. Crucitas y el país merecen que pongamos orden en esa parte del territorio nacional, que lleguemos a un acuerdo con los dueños de esas propiedades para que, mediante una alianza público-privada u otro tipo de colaboración, Costa Rica pueda explotar de manera tecnológicamente avanzada el oro de Crucitas. Si usted titulariza ese oro, usted tiene una porción de capital muy importante para invertir en el país y tomar en cuenta a esa región.
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Me opongo a una política de minería a cielo abierto sin límites. Tampoco estoy de acuerdo con la exploración de gas natural y petróleo.
Lo que sí debemos hacer es trabajar para bajar el costo de la energía eléctrica del país, con una mayor eficiencia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y renegociando los $5.000 millones en deudas del ICE que tiene a corto plazo y con tasas altas.
¿Qué papel juega la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en el proceso de descarbonización?
— Recope debe entender que el petróleo es el pasado y que si se queda en el petróleo, está terminado. Yo pienso que Recope debe emprender una transformación para convertirse en el programa que introduzca, promueva y estimule la economía del hidrógeno ‘verde’.
Si en lugar de montar un plantel en Caldera para la importación de gas y petróleo, usa esos $50 millones que quiere aportar y los invierte en el establecimiento de una red de hidrolineras, Recope se vuelve una institución de futuro, aunque posiblemente tendría que redimensionarse.
No estoy de acuerdo en que esa redimensión afecte oportunidades de trabajo en Limón, porque ya esa provincia sufre de desempleos todavía más altos. Ahí habrá que buscar otras soluciones y oportunidades de trabajo para que Recope se vaya adelgazando, no se trata de cerrar instituciones y poner a personas en la calle.
¿Esta visión de Recope no implica una duplicidad de funciones con el ICE?
— Podría ser que en algún momento llegáramos a concluir que al país le conviene solamente una institución en el campo energético y que convenga una fusión, pero yo no he estudiado eso y lo menciono como respuesta a su pregunta. No creo que estemos por complicar las cosas, no quiero complicar las cosas más, suficientemente lo están ya.
Se habla a nivel mundial sobre un impuesto mínimo a transnacionales. Usted dice que es una buena idea de la que Costa Rica puede beneficiarse. ¿Considera que el país debe cobrar rentas mínimas a esas empresas que actualmente tenemos en regímenes especiales, por ejemplo?
— La idea del presidente Biden de que haya un piso de impuestos a nivel global para todas las empresas, del 15%, es una extraordinaria. Hoy muchas empresas establecen casas matrices en paraísos fiscales para no pagar impuestos en países en donde tienen operaciones y esto lo evitaría. Existe una competencia a la baja entre los distintos países que para atraer inversión que hace un daño fiscal importante.
Yo estoy a favor y espero que no dure mucho tiempo en implementarse, porque muchos países podrían asegurarse una mucho mejor situación en términos de sus finanzas públicas.
Mientras esa medida a nivel global se concreta no vamos a variar los regímenes fiscales, por ejemplo, en zonas francas. Pueden tener toda la seguridad de que tienen derechos adquiridos y que los vamos a respetar. Como Estado debemos acercarnos a esas empresas que hoy crecen un 15% para preguntarles que más podemos hacer para ayudarles a que nos ayuden con más inversión y generación de trabajo.
Cuando usted fue presidente abogó por la atracción de IED calificada y ahora lo hace de nuevo; sin embargo, hay un sector rezagado –el más que más golpea el desempleo– que nunca logró entrar en esa competencia laboral y que aún hoy engrosa las tasas de desocupación. ¿Cuál es su propuesta para esas personas?
— La población que se quedó desenganchada en los 90 implica varias oportunidades. Nada reactiva más rápido la economía que la construcción. Tenemos 400 tugurios y una necesidad de vivienda que sobrepasa las 100.000 unidades. Se pueden crear un fondo nacional de vivienda que se nutra del pago de hipotecas de personas. Si usted titulariza los ingresos proyectados, usted ya tiene una base de capital muy importante para poder financiar construcción a una escala que nunca antes se ha financiado.
A la par de eso, es absolutamente indispensable crear un ecosistema de emprendimiento que requiere financiamiento. Una Banca para el Desarrollo que hoy tiene $430 millones, con $150 millones invertidos en títulos del Gobierno de Estados Unidos, no es la banca correcta. Se requiere una que comparta esos recursos, establezca un fondo de garantías y un fondo de capital accionario con capital de arranque.
Algo similar a esa generación pasa ahora con muchos estudiantes que dejaron las aulas por la pandemia.
— Es importante aprender del pasado. Hoy tenemos 200.000 jóvenes que se han desenganchado de la educación formal por la pandemia y antes de eso por la huelga. A menos de que hagamos un esfuerzo extraordinario por recuperarlos, se verán muy afectados en oportunidades de trabajo.
Hay que lanzar un potente programa que complemente la educación formal, con todo tipo de apoyos y ayudas, para los jóvenes que tienen bachillerato o no. Con los excedentes del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) deberíamos de montar un potente programa de becas. Así se refuerza el ingreso de muchas familias que la pasan muy mal y con los estudios damos herramientas. La Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) también necesita una transformación de su ley.
¿Las ideas de reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) como ampliar los años de trabajo, elevar los aportes o disminuir el monto de la pensión son el único camino para la sostenibilidad del sistema de pensiones?
— Con el IVM, debemos esperar qué nos reportan los estudios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en los próximos dos meses para revisar sus propuestas. Anticipo que no me gusta la propuesta de subir la edad de retiro para la mujer.
Cuando hablamos de pensiones, mi primera preocupación ética son los 30.000 adultos mayores que hoy no reciben pensiones del régimen no contributivo (RNC), ni ninguna otra ayuda; esas personas la pasan muy mal. En cuanto al ecosistema completo de pensiones, pienso que sería muy conveniente revisar los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional.
Usted se ha dicho partidario de la legalización de la marihuana. ¿Mantiene esa postura?
— Estoy completamente a favor de la legalización del cannabis medicinal. Me parece que hay que avanzar por pasos. Hay amplia investigación médica y científica de los efectos benignos para la salud y el confort de millones de personas en el mundo con diferentes padecimientos. El cáñamo también tiene muchas posibles utilizaciones que deberíamos explorar.
Costa Rica necesita una gran cruzada para convertir al sector agropecuario en uno que sea resistente al cambio climático. La roya que afecta al café en Coto Brus, los patrones de lluvias que cambian... ya son consecuencias y crear agricultura resistente al cambio climático es algo que nos compete.
¿Cuál es su posición sobre la interrupción del embarazo?
— Yo soy ‘pro-vida’. El tema del aborto ya está regulado en la legislación nacional. No me parece que debemos hacer de algo ya regulado un tema de campaña cuando hay tantos otros campos de rezago importantes.
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Su victoria en el PLN se benefició de que se reformaron los estatutos para evitar una segunda ronda partidaria, y sus detractores dudan de que su apoyo pueda crecer mucho más. Se le echan en cara el caso ICE-Alcatel y cierres institucionales en su gobierno. ¿Por qué cree que se equivocan?
— Mi vida política nunca ha sido fácil. Yo estoy acostumbrado a la adversidad en la política y eso no aminora ni disminuye mi deseo, en un momento en el que el país necesita experiencia nacional e internacional, de ofrecerme como el candidato más experimentado.
El gran triunfador fue el PLN. Fueron a votar casi 400.000 personas en tiempos de pandemia y con el 50% de los vehículos que siempre se han utilizado para transporte. Es un éxito y no hay ningún otro partido en todo el continente que a sus 70 años pueda realizar un esfuerzo con esa participación ciudadana.
Nadie lo esperaba. Usted no lo esperaba, yo tampoco. Yo pensé que íbamos a tener 150.000 votantes. 400.000 personas se interesaron lo suficiente en la democracia y para mostrar su renovado apoyo al PLN.
Algunos también salieron a votar en su contra.
— No lo puedo precisar. Lo que sí puedo precisar es que llegaron 400.000 personas a votar por candidatos liberacionistas y yo quiero agradecerle a cada una de esas personas, hayan sido liberacionistas toda la vida o sean liberacionistas de las última horas, porque votar por uno de sus candidatos es votar por Liberación.