El asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), Ronulfo Jiménez, le mencionó a los diputados que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) no necesita de datos individualizados para realizar sus funciones, incluido el indicador de riesgo hidrológico que pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La declaración la dió este 2 de noviembre durante su audiencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, la cual investiga las solicitudes de datos crediticios sin anonimizar que el BCCR le hizo a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en noviembre del 2022.
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“Pegar bases de datos con cédulas de identidad es cierto que puede generar más información, pero eso no es indispensable para que el Banco Central pueda realizar su política monetaria, cambiaria o pueda construir las estadísticas”, mencionó Jiménez.
El Central ha dicho que solicitó el acceso integral a la totalidad de la información crediticia que tiene la Sugef de las entidades supervisadas (bancos, cooperativas, mutuales y financieras) con número de identificación para poder vincular esos datos con otros que ya posee para precisar la ubicación geográfica de los préstamos y así poder medir el riesgo hidrometeorológico al que está expuesta la cartera crediticia del país.
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Jiménez mencionó que esa es una tarea que pudo haber hecho la Sugef en en lugar del BCCR, ya que considera que es la Superintendencia la entidad que sí tiene las potestades para trabajar con datos individuales y no el ente emisor.
“Yo creo que le correspondía cumplir ese compromiso (con el FMI) a la Sugef porque es el órgano que maneja los riesgos del país, o por lo menos hacerlo en conjunto con el Banco Central, pero que el manejo de datos lo hiciera la Sugef”, dijo.
Además, Jiménez mencionó que la ABC no ha tenido respuesta a la propuesta de trabajo que la Asociación, junto a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), le ofreció al Central el pasado 14 de setiembre.
Dicha propuesta consistía en tres puntos:
- Detener las solicitudes de información de parte del BCCR en tanto la Sala Constitucional no resuelva las acciones interpuestas.
- Retirar las acusaciones penales interpuestas ante la Fiscalía por no entregar la información.
- Instrumentalizar un mecanismo en el que la información le sea enviada al BCCR en forma anonimizada, garantizando la posibilidad de que el Central pueda generar estadísticas para la toma de decisiones.
Protección de datos
En la audiencia también participó Mauricio París, experto en protección de datos. Aunque comparecieron juntos, París aclaró que él hablaría únicamente bajo título personal.
El experto en la materia se mostró altamente preocupado por la acumulación de datos del Central, al punto de decir que si lo sucedido con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) fue “una cachetada” a la protección de la intimidad, lo del Central lo describió como una ruptura de mandíbula.
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París también agregó que al país le falta mucho por mejorar en materia regulatoria, incluso consideró que la protección de datos debería agregarse como un derecho fundamental a la Constitución Política más allá del derecho a la intimidad protegido por el artículo 24 de la carta magna.
A su vez, criticó el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) en el que se consideró que los datos crediticios no pueden ser considerados sensibles y que por ende no caen bajo las excepciones que limitan su uso estadístico. Según el análisis de la PGR, los datos crediticios son considerados como datos personales de interés público y no como sensibles.
“(El criterio) parte de premisas desactualizadas, los votos que la Procuraduría utiliza para fundamentar está invención de la Sala Constitucional de dato privado de interés público son votos previos (2008) a la aprobación de la ley de protección de datos (Nº. 8968) de 2011″, explicó París.
Dicho dictamen surgió ante la consulta que le hizo la jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, a la PGR con respecto a la obligación o no que tenía la Superintendencia de compartirle datos sobre operaciones crediticias de los intermediarios financieros supervisados al Banco Central con número de identificación de los deudores.
Entre sus argumentos el experto mencionó que la ley Nº. 8968 pone limitaciones a los derechos cuando no existe riesgo de que las personas sean identificadas.
París también minimizó las entregas semanales de información de depósitos y créditos que todos los intermediarios financieros le hacen al Banco Central desde 2016 y especificó que las solicitudes más detalladas que le hizo el Central a la Sugef y a los bancos comerciales más grandes del país a finales del 2022 son los que más le preocupan.
“El punto principal, creo yo, es la solicitud que hizo el Banco Central en diciembre del 2022, ahí es donde hay que centrar el foco de análisis y discusión”, mencionó París.
Entre los datos que el Central recibe semanalmente con número de identificación —desde 2016 en el caso de los depósitos y 2018 de los créditos— están la tasas de interés, los saldos, los depósitos, el plazo, la periodicidad y los activos, entre otros más, de la totalidad de depositantes a plazo y deudores del sistema financiero, según consta en el documento Estándar Electrónico – Tasas de interés activas y pasivas semanales.
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En su comparecencia París solo mencionó la tasa de interés como el dato que los intermediarios compartían desde 2016 sin anonimizar con el Banco Central.
Las solicitudes a los cuatro bancos que hizo a finales del año pasado tenían un mayor nivel de detalle e incluían la capacidad de pago, los codeudores, morosidad, bienes en dación de pago, calificación de riesgo del deudor, pago histórico, entre otros más. Según reportó La Nación en setiembre, las solicitudes incluían en total 373 datos.
El BAC, el Banco Popular y el Banco de Costa Rica (BCR) entregaron dicha información.