EscucharDenuncias penales contra dos jerarcas, allanamientos por parte de la Fiscalía, medidas cautelares, acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo, el conflicto entre el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y los cuatro bancos más grandes del país parece escalar más con cada día que pasa.
El capítulo más reciente se escribió el 12 de setiembre, cuando el BCCR reconoció que tres de los cuatro bancos más grandes del país le habían compartido información de la totalidad de operaciones crediticias con el número de identidad de cada uno de los deudores.
El único banco que no lo hizo vio cómo denunciaron penalmente a su jerarca. Lo mismo le pasó a la superindenta de la Sugef, entidad que se negó a compartir con el Central la información crediticia que resguarda.
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La superintendenta de Entidades Financieras, Rocío Aguilar (izquierda), fue denunciada penalmente por la gerente general del Banco Central, Hazel Valverde (derecha).
Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre la polémica:
¿De dónde viene el conflicto?
Esta disputa inició primero entre la Sugef y el BCCR en noviembre del 2022, cuando la Junta Directiva del Central acordó solicitarle a la Superintendencia el acceso a la información integral de todas las operaciones crediticias que los intermediarios supervisados le remiten (bancos, cooperativas, mutuales, etc.), incluido forzosamente el número de identificación (cédula física, jurídica o Dimex) de los deudores.
Ante la solicitud, la asesoría jurídica de la Sugef consideró que, de hacerlo, podría infringir derechos a la confidencialidad, así que la superintendenta, Rocío Aguilar, decidió no compartir la información y, en cambio, envió una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) el 23 de diciembre de 2022 para conocer si estaba obligada a acatar el pedido del Central o no.
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Con el Banco Nacional de Costa Rica (BN) sucedió algo similar. Según explicó la oficina de prensa del BN, el Central le solicitó en diciembre del 2022 la información de todos los créditos que había otorgado el banco “con alto nivel de detalle”, incluido el número de identificación de los deudores. También confirmaron que se les solicitó la identidad de todos los depositantes, ahorrantes y cuentacorrentistas, incluyendo todos los detalles de los depósitos y montos depositados.
Sin embargo, en setiembre del presente año el Nacional recibió una carta del Central en la que se explicaba que habían pedido por error los datos de los ahorrantes y los depositantes, por lo que no era necesario que se enviaran.
El Banco Nacional no compartió los datos de sus clientes con el BCCR.
¿Qué hizo el Banco Central?
Al no recibir la información por parte de la Sugef, la gerente general del ente emisor, Hazel Valverde, decidió interponer una denuncia penal contra Aguilar en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción el 21 de abril del 2023. Esto se hizo antes de que la Procuraduría emitiera un criterio. Tanto la gerencia como la presidencia del Central estaban al tanto de dicha consulta por lo menos desde el 10 de febrero del presente año, según le confirmó el BCCR a este medio.
El pasado 19 de julio, Valverde también interpuso una denuncia penal contra Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional, por no compartirle al BCCR los datos solicitados.
El ente emisor no le comunicó a Aguilar ni a Alfaro sobre las denuncias presentadas.
El Banco Central le confirmó a este y otros medios, el pasado 11 de setiembre, que el 19 de diciembre del 2022 le había solicitado información crediticia con número de identidad de los deudores al BN, Banco de Costa Rica, Banco Popular y BAC, por considerarlos de “importancia sistémica”. Estos son los cuatro bancos que más dinero prestan en el país, juntos poseen alrededor de un 75% del total de la cartera crediticia.
¿Qué hicieron los bancos?
De estas cuatro entidades contactadas por el Central, solo el Nacional no compartió los datos de sus clientes, según le confirmó el ente emisor a El Financiero.
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Banco Central le solicitó a los cuatro bancos más grandes del país información detallada de sus clientes. (Rafael Pacheco Granados)
Después de que se hiciera pública la entrega de información, el BAC sacó un comunicado el 12 de setiembre en el que explicó que se vieron “obligados” a cumplir la solicitud del Central ante el apercibimiento de la comisión de un delito.
Se le consultó al BCR por la entrega de información, pero la oficina de prensa mencionó que no se iban a referir “por ser un tema que se encuentra en estrados judiciales y siendo analizado por la Sala Constitucional”.
El Popular admitió haber entregado los datos bajo el entendido de que el ente emisor está obligado a guardar la confidencialidad de la información por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Central.
El pasado 29 de agosto, antes de que se conociera que estos tres bancos habían entregado la información de sus clientes, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la solicitud que le hizo el Central a la Sugef. La Sala Constitucional le dio acción de curso el día 31 de ese mismo mes.
La ABC también presentó un recurso de amparo contra el BCCR con el fin de que se declare en sentencia que la solicitud del Banco Central violenta los derechos fundamentales a la autodeterminación informativa, a la intimidad, confidencialidad y reserva del artículo 24 de la Constitución, entre otros derechos constitucionales.
Estas dos acciones se dieron poco más de ocho meses después de que el Central le hiciera la solicitud de datos sin anonimizar a estos cuatro bancos, los cuales están asociados a la ABC.
El 9 de setiembre el Central ventiló que desde el 2016 todos los bancos le comparten información sobre las cuentas de ahorro y depósitos del público con número de identificación incluido.
¿Por qué el Banco Central quiere esos datos?
El BCCR insiste en que el fin de esos datos es meramente estadístico, dice que su objetivo es generar investigaciones sobre el riesgo financiero de los créditos otorgados a personas ubicadas en zonas susceptibles a fenómenos asociados al cambio climático, el nivel de endeudamiento de los hogares, así como mejorar la comprensión de los efectos de la política monetaria.
También han comunicado que la razón por la que necesitan los datos con número de identificación es para poder cruzarla con otras bases de información que ya poseen, entre ellas del Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del Seguro Social.
Si se les comparte los datos anonimizados, como pretende la Sugef, no pueden realizar este cruce y, según considera el ente emisor, se generarían análisis de riesgos menos confiables.
“Una vez que la información es corregida y consolidada de esta manera, los identificadores no son requeridos para los análisis posteriores”, se lee en un ensayo sin firma de 15 páginas que emitió el Central para justificar la solicitud de los datos.
El BCCR ha mencionado que esa información le ayudará a cumplir metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿Qué dice la Procuraduría?
La PGR le respondió a la Sugef hasta el 3 de julio del presente año. En su respuesta, considera que la información crediticia no puede considerarse como “sensible” siempre y cuando tengan un fin estadístico. De ser así, dicha información debe ser compartida con el Banco Central.
Según le confirmó la Procuraduría a El Financiero, el dictamen es de carácter vinculante.
¿Qué hizo la Sugef?
De momento, hasta donde se sabe, la Sugef no le ha compartido la información crediticia al Banco Central.
El 17 de agosto, la superintendenta Aguilar se reunió con el procurador General, Iván Vincenti, y la procuradora, Silvia Patiño, para conocer los alcances del dictamen, así como el tipo de información que, según la Sugef, se estaría proporcionando al BCCR. Dicha reunión se solicitó el 9 de agosto, un día después de que Aguilar se enteró por primera vez que había sido denunciada en la Fiscalía.
Ese mismo 17 de agosto, después de la reunión con la PGR, la Sugef dio a conocer que Aguilar había sido denunciada penalmente por la gerente del Banco Central.
¿En qué derivó la denuncia?
El pasado 1°. de setiembre la Fiscalía allanó las Secretaría de Actas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en el edificio del Banco Central, para buscar evidencia por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública, para la causa 23-000107-1218-PE.
El Ministerio Público confirmó que la causa se originó tras la denuncia del Banco Central contra la superintendenta Aguilar.
La investigación también se relaciona con un acuerdo tomado por los miembros del Conassif, en sesión realizada el pasado 15 de agosto, en el que, presuntamente, se determinó emitir una moción de censura contra el BCCR y solicitarle al presidente ejecutivo de la entidad, Róger Madrigal, que retirara una denuncia presentada contra la superintendenta Aguilar, según comunicó el Ministerio.
Ahora la Fiscalía también investiga si los demás miembros del Consejo Directivo del Conassif habrían incurrido en los presuntos actos delictivos.
La oficina de prensa de la Sugef le confirmó el 29 de agosto a este medio que el Conassif respalda el criterio de la Sugef “en el sentido de que no puede entregar al Banco Central datos que son considerados confidenciales, como el número de cédula de los deudores”.
¿Qué ha pasado con la solicitud de datos?
El pasado 28 de agosto la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) le ordenó al Banco Central suspender la solicitud de información de deudores con número de identificación por medio de la resolución N.° 697-2023. Esto lo hizo como medida cautelar mientras la Prodhab determina la procedencia legal de dicha acción.
Según le confirmó el equipo de prensa del Central a este medio, el BCCR le contestó a la Prodhab “con los mismos argumentos del comunicado del viernes (1°. de setiembre)”. En dicho comunicado el ente emisor argumentó que los datos que ellos manejan caen bajo la categoría de “domésticos”, según la ley Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales y sus reglamentos, por ende no están sujetos a inscripción ante la Prodhab. El ente emisor no confirmó si esto significaba que iban a acatar las medidas de la Agencia o no.
Además de la ABC, la Oficina del Consumidor Financiero también presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del Central el 7 de setiembre.
Es de conocimiento de El Financiero que, por lo menos al 30 de agosto, también existía otro recurso más presentado en la Sala IV, según confirmó la oficina de prensa de esta entidad. En este se pedía sentenciar que el Banco Central no puede pedir a la Sugef ninguna información personalizada que permita vincular datos de las entidades reguladas con las personas físicas o jurídicas a las que esos datos pertenecen, así como que se le ordene al ente emisor abstenerse, en el futuro, de pretender obtener esa misma información.
El pasado 14 de setiembre la La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAE) le presentó al Banco Central tres propuestas para atenuar el conflicto:
1. Detener las solicitudes de información hasta que la Sala Constitucional no resuelva las acciones interpuestas.
2. Retirar las acusaciones penales interpuestas ante la Fiscalía por no entregar la información.
3. En aras de procurar que el BCCR cuente con la información estadística que necesita, que se conforme una comisión técnica con Uccaep y la ABC a fin de instrumentalizar un mecanismo en el que la información le sea enviada al Central de forma anonimizada, garantizando la posibilidad de que el BCCR pueda generar estadísticas para la toma de decisiones.
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