EscucharEn los últimos dos meses el Banco Central de Costa Rica (BCCR) reveló que todos los intermediarios financieros —es decir, bancos, cooperativas, mutuales y financieras—, le comparten semanalmente información con el número de identidad de sus clientes desde enero del 2016. Esta información incluye, por ejemplo, los saldos de los depósitos bancarios y las operaciones crediticias.
Según el BCCR, ninguna entidad había externado preocupación alguna sobre posibles violaciones a derechos a la confidencialidad o secreto bancario hasta este 2023. Sin embargo, cuando estalló la polémica sobre los datos individualizados que posee el Central, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) recriminó vehementemente las acciones del BCCR.
Los reclamos de la ABC se centraron en las solicitudes de información crediticia individualizada que le hizo el ente emisor a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en noviembre del 2022 y que se dieron a conocer públicamente hasta el pasado mes de agosto.
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La ABC incluso llegó a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del BCCR por supuestamente violentar derechos constitucionales a la privacidad, a pesar de que sus asociados llevaban siete años compartiendo datos de clientes sin anonimizar.
El Financiero (EF) le preguntó a 12 de los intermediarios financieros más grandes del país si sus gerencias sabían del traspaso semanal de información individualizada y si en su momento se había evaluado si los envíos podían rozar con algunos derechos. Sin embargo, ninguno contestó las consultas, ya sea porque del todo no respondieron o porque decidieron no referirse al tema hasta que se pronuncie la Sala Constitucional o se zanje la investigación de la comisión legislativa.
La ABC tampoco contestó las consultas enviadas por este medio. A esta asociación están afiliados 12 de los 14 bancos del país.
No obstante, el pasado 19 de octubre, Mario Gómez, asesor legal de la ABC, asistió a la sesión de la Comisión Permanente Especial de Control y Gasto Público en la que expuso la posición de este grupo respecto a la petición de datos por parte del Central.
En esa comparecencia Gómez reconoció que desde el 2016 los bancos entregan información detallada al BCCR bajo el principio de “confianza legítima” y en el entendido de que había una coordinación entre la Sugef y el ente emisor.
Pero fue hasta este año cuando la Sugef alertó sobre el envío de información con número de identificación de las personas que los bancos reaccionaron y pidieron una pausa en el envío de datos.
Gómez afirmó que los bancos que hicieron envíos adicionales de información pormenorizada este año lo efectuaron bajo una ponderación de su riesgo, pero que el criterio que impera es esperar la decisión de la Sala Constitucional.
El abogado reconoció que si los bancos están entregando información sensible sin la autorización de los clientes estarían cometiendo una falta por la cual pueden ser sancionados.
El orden de los sucesos
La polémica se origina el 17 de agosto pasado, cuando la Sugef reveló que su jerarca, Rocío Aguilar, fue denunciada penalmente en la Fiscalía por una supuesta desobediencia al no otorgarle al Banco Central el acceso a la información integral de todas las operaciones crediticias que los intermediarios supervisados le remiten, incluido forzosamente el número de identificación (cédula física, jurídica o Dimex) de los deudores.
Un día después, la ABC envió un comunicado de prensa respaldando la posición de la Superintendencia, amparado en los artículos 24 de la Constitución Política (derecho a la confidencialidad) y 132 y 133 de la Ley Orgánica del Banco Central, los cuales ponen un límite a la información que puede pedir el ente emisor.
“Estos artículos establecen de manera categórica que la información privada de los costarricenses respecto a sus operaciones bancarias y situación patrimonial es confidencial y no puede ser compartida sin consentimiento informado, orden judicial o norma especial” aseveró entonces Mario Gómez, asesor legal de la ABC, en dicho comunicado.
El documento también explica que en consideración de la ABC no hay una necesidad estadística que justifique la supuesta violación a la confidencialidad de la información que dice que cometió el Central.
“La ABC hace un llamado vehemente al BCCR para que rectifique su proceder, respete la Constitución Política, cumpla con la ley y garantice los derechos de los costarricenses”, concluye el documento.
El 22 de agosto, en un nuevo comunicado, la Asociación reiteró su posición e instó al Central a que pidiera los datos crediticios de manera anonimizada para proteger la identificación de los clientes.
Unas semana después, el 29 de agosto, la ABC presentó una acción en la Sala IV para que se declare como inconstitucional los pedidos de información individualizada que le hizo el Central a la Sugef, así como un recurso de amparo para que se declare que la sentencia adoptada por el Banco Central violenta los derechos fundamentales a la autodeterminación informativa, a la intimidad, confidencialidad y reserva mencionados en la Constitución.
El 6 de setiembre se hizo de conocimiento público que el gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, fue denunciado por el Banco Central debido a que se negó a compartir con el BCCR la información de depósitos y créditos de sus clientes “con alto detalle”, incluido forzosamente el número de identificación .
Ese mismo día EF le consultó al BAC, al Banco de Costa Rica (BCR) y al Banco Popular si ellos habían recibido una solicitud similar por parte del Central y, de ser así, si habían compartido la información de sus clientes con el BCCR. Entre ese día y el 7 de setiembre, el BAC y el BCR contestaron que no se iban a referir al tema, mientras que el Popular admitió haber enviado la información.
“Respecto del tema de confidencialidad, insistir y recalcar que la información fue requerida por un ente supervisor que tiene competencias y funciones esenciales establecidas en la propia Ley Orgánica del BCCR, y que está obligado por ley a mantener la confidencialidad absoluta de dicha información”, mencionó para entonces la oficina de prensa del Popular.
El día 8 de ese mismo mes el Banco Central reveló que desde el 2016 todos los intermediarios financieros le envían semanalmente y sin anonimizar datos sobre los depósitos a plazo de sus clientes. Con esa información el BCCR calcula la Tasa Básica pasiva (TBP).
Una vez esto se hizo público y por primera vez en siete años (según el Central), la ABC le envió un oficio al BCCR el 11 de setiembre solicitando que modifique sus sistemas de captura de información para que las entidades bancarias puedan enviar datos sin la identificación a las personas mientras la Sala Constitucional resuelve los recursos planteados.
“Desde 2016, los bancos han cumplido con la obligación establecida por el BCCR de enviar información relacionada con depósitos del público para el cálculo de la TBP, incluyendo la identificación de los clientes, ya que la plataforma tecnológica proporcionada por el BCCR para la transmisión de estos datos no permite el envío de información sin ese detalle. En otras palabras, los bancos no tienen la opción de enviar la información en forma anónima”, dijo Ronulfo Jiménez, asesor de la ABC, por medio de un comunicado de prensa.
Ese mismo 11 de setiembre el Banco Central le confirmó a este y otros medios que desde diciembre de 2022 le habían pedido información detallada de todas las operaciones crediticias a los cuatro bancos más grandes del país: el BAC, BCR, Popular y Nacional, este último fue el único que no entregó los datos.
Un día después, el BAC admitió que había compartido la información de sus clientes pero que, al observar las divergencias en los criterios legales de las autoridades, apoyaron la acción de inconstitucionalidad que presentó la ABC.
El 19 de ese mismo mes, la ABC envió otro comunicado en el que confirma “su compromiso de proteger los datos”, ya que los intermediarios por primera vez desde el 2016 enviaron al BCCR la información de depósitos sin número de identificación. Esto a pesar de que una semana atrás el vocero de la ABC dijo que no existía manera de enviarla anonimizada.
La ABC consideró que la identificación no era necesaria para que el Central realice el cálculo de la TBP debido a que el indicador se publicó en esa semana sin retrasos aún cuando estas entidades compartieron los datos sin revelar la identidad de los usuarios.
El pasado 12 de octubre, el BCCR confirmó que también recibía desde el 2018 información no anonimizada sobre los créditos otorgados por todos los intermediarios financieros para calcular indicadores de tasas activas.
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Vale la pena aclarar que la información no anonimizada que se pide semanalmente desde 2016 para calcular tasas como la TBP o la Tasa Activa Negociada, si bien contiene la identificación de los depositantes y deudores, además de los saldos de las operaciones, es menos detallada que la que el Central le solicitó a la Sugef y a los cuatro bancos mencionados en 2022.
Es decir, las solicitudes del año pasado no son las mismas que se hacen semanalmente desde 2016, son dos acciones separadas. Las peticiones más recientes incluyen también información sobre codeudores, capacidad de pago, historial crediticio, ingresos y más. El fin de esos datos, según dice el Central, es la elaboración de nuevos indicadores sobre el riesgo climático al que está expuesta la cartera crediticia del país. Además mencionan que sin el identificador no pueden precisar la ubicación correcta de los créditos.
Silencio
EF le consultó a la ABC si estaba al tanto de que el BAC, el Popular y el BCR habían pasado información con alto detalle de las operaciones de crédito al BCCR antes de presentar los recursos en la Sala Constitucional.
También se preguntó por qué hasta ahora encuentran problemáticas las solicitudes de información crediticia y de depósitos si desde años atrás todos los intermediarios comparten dicha información sin anonimizar.
Sin embargo Gómez, como vocero, se limitó a contestar lo siguiente: “La Sala IV sigue analizando la acción presentada por la ABC, que ha sido admitida para trámite y continúa su curso para resolver sobre el fondo del asunto; en ese momento todos tendremos claridad y certeza que es lo que la Asociación espera para tranquilidad de los clientes bancarios y seguridad jurídica para los bancos”.
Ante más consultas de este medio, mencionaron que, debido a que el proceso continúa en Sala Constitucional, se abstendrán de brindar mayores declaraciones sobre el tema.
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Las dudas presentadas ante los intermediarios tuvieron un resultado similar. De hecho Davivienda y Promérica contestaron textualmente lo mismo que le dijo Gómez a este medio.
EF consultó si los altos puestos de los bancos sabían que enviaban datos individuales del comportamiento de sus clientes desde el 2016 y si se hizo un análisis jurídico sobre la potestad para compartir dicha información. El Nacional, Popular, BAC, dijeron que no se iban a referir al tema. Mientras que Coopenae, Cathay, CS Ahorro y Crédito, Grupo Mutual, Mucap, Coope Ande y Promérica no respondieron del todo a la solicitud de información que les hizo este medio, por lo menos al cierre de edición.
El único banco que dio más detalle fue el BCR, el cual mencionó que no se iba a referir a la información entregada semanalmente desde el 2016 “porque corresponde a una gestión precedente”, a pesar de ser datos que se enviaron también durante la actual gerencia.
Sin embargo, confirmaron que cuando el Central les pidió la información crediticia más detallada en diciembre del 2022, sí realizaron las respectivas valoraciones para concluir que las solicitudes se apegaron a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.
Hazel Valverde, gerente general del BCCR, dijo en entrevista con EF que nunca un intermediario había mostrado alguna preocupación por los datos individualizados que compartía con el Central.
La oficina de comunicación de la Sugef le confirmó a este medio que dicha Superintendencia desconocía que los intermediarios financieros le compartían semanalmente información de depositantes y deudores al BCCR con número de identificación.
Información individualizada
Los datos de depósitos y créditos que le pide el Central a los intermediarios tiene como origen una modificación al cálculo de la TBP que entró a regir en enero de 2016 por acuerdo de la Junta Directiva del BCCR.
Dicho acuerdo, fechado al 13 de octubre del 2015 y enviado a consulta pública ocho meses antes, menciona que los intermediarios deben compartir los datos de tasas activas y pasivas según lo especifique el documento Estándar Electrónico – Tasas de interés activas y pasivas semanales, el cual menciona la identidad del depositante y del deudor entre sus requisitos.
Entre la información que dicta como necesaria sobre los pasivos está el saldo de la operación, la tasa de interés vigente, la fecha en la que lo formalizó, el plazo del depósito, entre otros detalles más.
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En el caso de la información de créditos, se solicita el fin en el que se utilizarán los fondos desembolsados, la tasa de interés, cuál es el tipo de crédito (consumo, vivienda, vehículo, etc.), la moneda, el saldo, la fecha de formalización y vencimiento.
Esa modificación se dio cuando el presidente del BCCR era Olivier Castro. Para ese entonces el actual jerarca del ente emisor, Róger Madrigal, ocupaba el puesto de director de la división económica del Central.
El BCCR dice necesitar de la identificación desde el 2016 para poder asegurarse que no exista una manipulación en el cálculo de la TBP, como sucedió con el escándalo internacional de la Tasa Libor.
El ente emisor agregó como nota en su página web que “a partir del 13 de setiembre del 2023 no es posible garantizar la integridad del cálculo de la TBP por información incompleta provista por algunos bancos comerciales”.
