Si usted es un ciudadano adulto, con trabajo, una cuenta bancaria y créditos, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) probablemente sepa de usted más de lo que imagina. Específicamente, sabe cuánto dinero tiene depositado a plazo en el banco, a qué tasa de interés, cuánto es su salario, la ubicación de su trabajo y cuánto declaró de impuestos.
Si tiene un préstamo, sabe cuánto debe, a cuál intermediario, a qué tasa, desde cuándo y en qué fecha le vence la operación. Si usa Sinpe, los datos de las transacciones que realiza también quedan registrados en sistemas del BCCR.
Esta información, según le explicó el Central a este medio, la necesitan de forma no anonimizada para generar estadísticas de interés público como el Producto Interno Bruto (PIB) Cantonal, la Tasa Básica Pasiva (TBP) y los índices de empleo y salarios, entre otros más. Si estos indicadores no son precisos, la toma de decisiones de política pública podría ser estéril, considera el BCCR.
Adicionalmente, dicen que sus sistemas de almacenamiento de datos están diseñados para que nadie pueda revisar la información individual de una persona, sino que se procesa con programas informáticos que vinculan las bases de datos por medio del número de identificación, el cual, bajo ese entendido, funciona como el único método para enlazar las bases y no como una variable de análisis.
La procedencia de que el Central acumule estos datos individualizados se ha puesto en entredicho en los últimos meses, particularmente después de que se dio a conocer que la entidad, por medio de su gerencia, denunció penalmente a los jerarcas de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y del Banco Nacional de Costa Rica, debido a que estas instituciones se negaron a compartirle información detallada de todos los deudores.
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El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) incluso redactó un proyecto de ley que le prohíbe al ente emisor acceder a información que no esté anonimizada previamente. Hazel Valverde, gerenta del BCCR, dijo que de convertirse en ley el proyecto cerraría “técnicamente” el Sinpe Móvil al incapacitarlo de tener información individualizada y números de cuenta. Según comunicó el PUSC, la propuesta cuenta con el apoyo de tres partidos más.
El BCCR sostiene que es natural que un banco central moderno requiera de registros individualizados para poder generar estadísticas precisas e incluso se apoyó en el director de Estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual le dio un espaldarazo en un seminario organizado por el mismo ente emisor.
Ante la disyuntiva sobre qué información debe poseer el Central, El Financiero consultó cuáles datos tiene de la población, para qué los usa, qué pasaría si no los tuviera y cuáles son las prácticas que recomiendan los organismos internacionales con respecto al tratamiento de la información.
¿Qué datos tiene el Banco Central?
La información con número de identificación (cédula física, jurídica o el Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros -Dimex-) que tiene el BCCR se puede dividir en dos tipos: los registros administrativos que obtiene de otras entidades y la información que ellos recopilan directamente con consentimiento de la población, ya sea porque son usuarios de servicios del ente emisor —como el Central Directo— o la que brindó por medio de encuestas. Para este reportaje nos concentramos en el primer tipo, el cual está compuesto por información bancaria, hacendaria, salarial y financiera.
Desde el 2016, el BCCR recibe de manera semanal información sobre los activos y pasivos de los clientes de todos los intermediarios financieros. Es decir, de bancos, cooperativas de ahorro y crédito, mutuales y financieras.
Si de depósitos a plazo se trata, las entidades financieras le comparten al Central el saldo de su operación, la tasa de interés vigente, la fecha en la que lo formalizó y el plazo del depósito, según se lee en el documento titulado Estándar electrónico – tasas de interés activas y pasivas semanales.
En cuanto a los préstamos, los intermediarios le envían la actividad económica o fin en el que se utilizarán los fondos desembolsados, la tasa de interés, cuál es el tipo de crédito (consumo, vivienda, vehículo, etc.), la moneda, el saldo, la fecha de formalización y vencimiento.
Además, tiene información más detallada de los créditos otorgados por el BAC, el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular, debido a una solicitud individual de la información crediticia que le hizo a los cuatro bancos más grandes del país en 2022; solo el Banco Nacional se rehusó a compartir los datos.
Entre la información que se le pidió a estas tres entidades están las garantías del crédito, la capacidad de pago, los codeudores, morosidad, bienes en dación de pago, calificación de riesgo del deudor, pago histórico, entre otros más. Según reportó La Nación en setiembre, las solicitudes incluyen en total 373 datos.
El acceso a datos de pasivos y activos con número de cédula —normalmente protegido por el secreto bancario— suele residir en la Sugef al ser el ente encargado de supervisar los riesgos de los intermediarios. La oficina de prensa de la Superintendencia le confirmó a este medio que desconocían que las entidades financieras le compartían periódicamente información sin anonimizar al BCCR.
Al Central también se le ha compartido información de empleo y salarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Específicamente, tiene datos sobre cuánto ganan los trabajadores cotizantes, cuál actividad realizan, en cuáles empresas trabajan, cuánto aportan a los regímenes de pensiones y al seguro de salud, cuántos trabajadores tienen las empresas registradas, el distrito donde se labora, la edad, el estado civil y el número patronal.
Según reportes de La Nación, se trata de información de 1,7 millones de trabajadores cotizantes y de 75.498 empresas inscritas en la CCSS. Estos datos se comparten desde el 2016 tras un convenio alcanzado con la Caja.
Sobre información hacendaria, el Banco Central almacena datos de las declaraciones de impuestos y comprobantes electrónicos de la Dirección General de Tributación Directa. El Ministerio de Hacienda también transfiere datos sobre las transacciones de comercio exterior como las declaraciones únicas aduaneras de importaciones y comprobantes electrónicos.
Además también tiene en su posesión estados financieros de entidades públicas y privadas. Se le consultó a la oficina de prensa del BCCR de dónde obtiene dicha información, sin embargo al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
¿Para qué necesita los datos?
Los datos de activos y pasivos bancarios los necesita, según explicó el BCCR, para poder calcular la TBP, la Tasa Activa Negociada, la Tasa Pasiva Negociada, la tasa anual máxima de interés, las tasa de interés de referencia para cobros de intereses moratorios y para calcular los agregados monetarios.
La información más detallada que le brindaron el BAC, el BCR y el Popular la utiliza para desarrollar nuevas estadísticas de estimación de riesgos financieros de los créditos otorgados a personas y empresas ubicados en zonas vulnerables a eventos climáticos adversos como inundaciones o sequías.
Los datos de la CCSS los usa para calcular índices de empleos y salarios como parte de las estadísticas macroeconómicas para las cuentas nacionales. También la utiliza, de forma cruzada, con otros datos como los de crédito para corregir la ubicación de empresas que registran su actividad económica en un lugar distinto al que realizan sus operaciones productivas.
Los registros de comercio exterior, por su parte, tienen como fin la elaboración de las cuentas nacionales, la balanza de pagos y la construcción de índices de precios de comercio exterior.
Se le pidió al BCCR que ejemplificara cuáles indicadores construyen con los estados financieros y las declaraciones de impuestos, sin embargo no se obtuvo respuesta.
¿Por qué los necesitan con número de identificación?
El porqué se trabaja con datos individualizados, en lugar de anonimizados, es una de las preocupaciones que más eco ha tenido en la discusión alrededor de qué información puede o no tener el Banco Central.
Según respondió el BCCR ante consultas de este medio, la identificación es la variable que permite depurar la información.
“Los manuales internacionales de producción estadística recomiendan utilizar una serie de clasificaciones que permiten agrupar a las personas, familias o empresas en unidades homogéneas y comparables, previo a generar indicadores o estadísticas agregadas. El identificador es fundamental para aplicar estas clasificaciones, ya que permite identificar de forma única a cada unidad de análisis”, mencionó el Central.
Bajo ese entendido, el número de identificación es el que atribuye las transacciones, activos y pasivos a la unidad (persona o empresa) correcta. En el caso de los datos de empleo, por ejemplo, el BCCR dice necesitar del identificador para no sobrestimar o subestimar el comportamiento del mercado laboral.
“Si nosotros vemos el empleo sin número de identificación y tenemos una empleada que trabaja en cuatro casas, veríamos cuatro empleados, entonces el número de desempleo sería mucho más bajito. O veríamos que el salario promedio es una cuarta parte del salario, porque lo que tenemos es una persona que tiene cuatro ingresos de ₡25.000, entonces gana ₡100.000, pero nosotros diríamos que tenemos cuatro empleados con salario de ₡25.000. Eso nos da un número que nos permite tomar una decisión de política pública que no ataca el problema real”, mencionó la gerente Valverde en entrevista con este medio.
En el caso de la información de ahorros y créditos, el Central dice necesitar de la identificación para corroborar que no exista una manipulación, por ejemplo, de la TBP. Esta tasa es la que se utiliza como referencia para alrededor de 700.000 créditos en el país y se calcula con base en las tasas pasivas del mercado.
Según explica el BCCR, con el identificador la institución corrobora que los datos de los depósitos sean congruentes con la actividad que realiza el titular. Por ejemplo, si entre los datos que le comparten los intermediarios aparece una micropyme con un depósito a plazo de ₡5.000 millones, el sistema de procesamiento de datos señala que hay una incongruencia y le pide al intermediario que corrija la información.
De esta forma dicen prevenir que, por error humano o mala intención, se manipule el resultado de la TBP como sucedió internacionalmente con el caso de la Tasa Libor. Un error de cálculo de la tasa básica pasiva de 0,50% implicaría para los deudores un aumento ₡77.500 millones en las cuotas de un año
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), por su parte, considera que la identificación no es necesaria para el cálculo de la TBP y, por ende, instó en setiembre a que el BCCR deje de pedir esos datos.
Según dice el ente emisor, el identificador también permite precisar la ubicación real de las actividades económicas, ya que en la información base pueden encontrarse algunas incongruencias. Por ejemplo, el Central explicó que si no se depuran los datos de crédito las estadísticas mostrarían que hay una una planta hidroeléctrica ubicada en Goicoechea y plantaciones de banano en el cantón central de Heredia, por mencionar algunos de los errores que se precisan por medio del cruce entre bases de datos.
La ubicación correcta de las actividades también permite construir el PIB Cantonal, el cual es un mandato de ley.
Que el Central posea información detallada de asuntos tributarios y crediticios fue ratificada por la Procuraduría General de la República en sus dictámenes C-145-2008 y PGR-C-125-2023 de 2008 y 2023, respectivamente.
¿Cómo funciona internacionalmente?
Paul Schreyer, director de la Dirección de Estadísticas y Datos de la OCDE, mencionó que los bancos centrales necesitan de información individualizada para generar estadísticas precisas.
Según explicó el directivo, la información más valiosa para la toma de decisiones de política pública se genera vinculando diferentes bases de datos y, en su experiencia, la única manera de generar ese enlace es por medio del número de identificación individual.
Schreyer puso como ejemplo los bancos centrales de Portugal y Dinamarca, los cuales, en su consideración, han encontrado éxito en la generación de estadísticas avanzadas por medio de la vinculación entre datos de diferentes fuentes.
Sin embargo, mencionó que es vital que el país tenga un ordenamiento legal, institucional y técnico que resguarde la privacidad de los datos que necesitan los creadores de estadísticas públicas.
Además aclaró que la anonimización de los datos con los que trabajan los bancos debe suceder a la mayor brevedad posible. Ese punto normalmente suele ser inmediatamente después de que se hace el enlace entre las diferentes fuentes de información.
Santiago Acosta, representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Costa Rica, considera que el suministro de información granular permite a los bancos centrales disponer de mejores señales de la actividad económica y de los riesgos emergentes para fundamentar las decisiones de política monetaria.
“La mayoría de los bancos centrales pueden utilizar estos datos detallados dentro de sus propios sistemas seguros y con las salvaguardas adecuadas para garantizar la protección de la privacidad, permitiendo el acceso solo a usuarios autorizados y para fines autorizados de acuerdo con la legislación doméstica, la cual debe procurar equilibrar adecuadamente las necesidades de las autoridades con la confidencialidad de los ciudadanos”, dijo Acosta.
Según contestó el Central, no existe una persona en la entidad que tenga acceso total al centro de datos ya que la información es segmentada y almacenada en diferentes bases.
El Central justifica que el tratamiento de los datos lo hacen según las mejores prácticas derivadas de manuales producidos por organismos internacionales como OCDE, Naciones Unidas, el FMI y la Eurostat. Se le pidió al BCCR que le compartiera a este medio algunos de esos manuales, no obstante al momento de cierre todavía no han sido recibidos.
