La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) la suspensión de la política denominada de "uso justo", con la que los operadores restringen la velocidad de sus servicios de Internet móvil.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció la aplicación de esta medida para marzo de este año, mientras que los operadores Telefónica Movistar y Claro ya la habían implementado.
La política de uso justo fue aprobada por Sutel desde hace tres años. Con ella el operador puede restringir la velocidad del servicio de datos móviles a un usuario que ya sobrepasó el límite de datos que podía descargar según el plan que tenga firmado.
La Defensoría había solicitado explicaciones a Sutel tras el anuncio del ICE y el regulador había respondido a mediados de febrero.
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En una comunicación dirigida a la Superintendencia el pasado 27 de febrero, la Defensora Montserrat Solano Carboni solicita que se deje sin efecto la resolución que autoriza "en forma temporal" la aplicación de condiciones de uso justo en los contratos de servicios de acceso a Internet móvil.
Asimismo indica que, en caso de considerar que es necesario se continúe la aplicación de esa política, se diseñe una propuesta que se fundamente en información y las condiciones respectivas de mercado para el año 2017.
Solano también solicita "someter la propuesta que se diseñe a audiencia pública" y que se ponga a disposición de los usuarios toda la información que sea necesaria apra valorar adecuadamente los alcances, fundamentos y justificación de tales medidas.
La Defensora previene a Sutel que –por disposición del artículo 14 de la ley N° 7319– el acatamiento injustificado de sus recomendaciones puede ser objeto de una recomendación de amonestación para el funcionario que las incumpla y, en caso de incumplimiento reiterado, hasta de una recomendación de suspensión o despido.
Además, le recuerda que puede interponer un recurso de reconsideración a un plazo máximo de ocho días hábilites posteriores a la notificación.
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Argumentos
En el documento (ver archivo adjunto), la Defensoría señala que la política de uso justo implica una limitación desproporcionada al uso del servicio de Internet móvil.
También recuerda que el anuncio del ICE de aplicarla a partir de este 1° de marzo generó la inconformidad de sus clientes y recordó que los otros operadores la aplican desde hace años.
La Defensoría resalta que esta política fue aprobada por la Sutel en el 2014 "sin ningún escrutinio ni valoración pública de sus alcances y fundamentos".
Asimismo, advirtió que el informe técnico sobre el que se basó la decisión de la Superintendencia de aprobar la política de uso justo fue declarado confidencial por la misma Sutel "situación que debe ser subsanada antes de continuar con su aplicación".
Para la Defensoría conocer el contenido de este documento es clave, puesto que la Sutel no respondió varias interrogantes cuya información se supondría está en el informe.
La Defensoría de los Habitantes cuestionó a Sutel si hay un fenómeno de uso "abusivo o intensivo" de un reducido grupo de usuarios o si es que los operadores comercializan servicios de Internet móvil "sin tomar en consideración el diseño y la capacidad de sus redes", por lo que luego tienen "dificultades para cumplir con las velocidades a las que se han comprometido contractualmente".
A nivel global varios operadores en diversos mercados están aplicando planes de uso ilimitado de Internet móvil, algunos con restricciones de velocidad a partir de un límite de datos descargados.
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Nota de redactor: Información actualizada a las 10:35 a.m.