Por: Carlos Cordero Pérez.   11 febrero
La propuesta plantea concentrar los proyectos tecnológicos de las instituciones públicas en la agencia de gobierno digital. (Foto: Archivo GN).

De los cuatro proyectos de ley relacionados con tecnología de información y comunicación que están a la espera de iniciar su laberinto en la Asamblea Legislativa, la iniciativa de creación de una agencia de gobierno digital es el que genera más cuestionamientos.

A la propuesta se le critica la idea de crear una entidad independiente que concentraría los proyectos tecnológicos del Estado, comercializará servicios y tendrá recursos de distintas fuentes, pero sin someterse a los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa.

“Con lo único que estamos de acuerdo es con el título del proyecto de ley de crear una agencia de gobierno digital, pero no con el fondo ni la forma”, dijo Hubert Arias, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) criticó explícitamente que se esté creando otra institución, la cual se agrega a las más de 300 entidades que ya existen.

A la iniciativa de la agencia de gobierno digital se une otras propuestas de ley relacionadas con el campo tecnológico. Hay proyectos en ciberseguridad, para que la factura electrónica sea título ejecutivo y sirva para cobro de deudas, y “contra el uso abusivo” de la contratación administrativa entre entes públicos.

Casi todos están en su etapa inicial.

El proyecto contra la ciberdelincuencia plantea cumplir con el convenio europeo en la materia, reforma una veintena de normas y tipifica nuevos delitos: acceso ilícito a cuentas y datos, acoso cibernético, ciberacoso sexual, tráfico de contraseñas e ingeniería social.

Asimismo, crea una comisión interinstitucional y se propone fortalecer la cooperación con firmas tecnológicas para disminuir los tiempos de entrega de datos requeridos en las investigaciones por delitos de este tipo.

“Con este proyecto nos ponemos al día en la materia”, aseguró Adalid Medrano, abogado especialista en delitos informáticos.

En gestación
Estado de los proyectos de ley presentados:
Agencia de Gobierno Digital: Se espera que el Poder Ejecutivo lo convoque a sesiones extraordinarias. Firmado y presentado por 20 diputados, encabezados por Wagner Jiménez.
Contra la ciberdelincuencia: Fue firmado y presentado por cinco diputados, encabezados por Edwin Masís. No ha sido convocado.
Factura electrónica: El proyecto reforma el Código de Comercio para que la factura electrónica pueda ser título ejecutivo. Presentado y firmado por siete diputados, encabezados por Pedro Muñoz.
Contratación directa: El proyecto reforma la Ley de Contratación Administrativa. Fue presentado por el diputado Heriberto Abarca y fue trasladado a la Comisión de Asuntos Económicos.
Fuente: Sistema de Información Legislativo y diputados consultados.
Puntos críticos

La creación de una agencia de gobierno digital no es mal vista, pues es un modelo más efectivo en comparación con lo que se ha intentado en las últimas dos décadas.

Primero se creó una oficina adscrita a Casa Presidencial, que desapareció con el gobierno que la inventó.

Luego una comisión y una secretaría técnica de gobierno digital, la cual pasó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y se disolvió en su subsidiaria Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa).

Buena parte de las propuestas incluidas en el proyecto de la agencia, presentado por el diputado Wagner Jiménez, se basan precisamente en la estructura y en el esquema de operación de la comisión interinstitucional y de la extinta secretaría técnica.

La iniciativa tal como se presentó, sin embargo, tiene algunos defectos que van más allá de la forma.

El primero tiene que ver con el rango y la naturaleza de la agencia.

La iniciativa crea un ente independiente, con ¢100 millones para iniciar, con presupuesto anual ordinario y con la posibilidad para recibir donaciones, transferencias y contribuciones de distintas fuentes.

Tendría un capital inicial que provendría del 2% del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). En el 2018 el presupuesto total de este fondo fue de $49,8 millones.

El proyecto indica que los reglamentos de contratación de la agencia no estarán sujeta a los procedimientos de la ley.

Otro problema es a cuál jerarquía estaría adscrita.

La agencia tendría un consejo integrado por la Presidencia de la República, los ministerios de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y de Planificación, el Instituto de Fomento Municipal y un representante del sector privado.

A nivel ejecutivo se crea una secretaría técnica encargada de proponer una organización o estructura funcional para que opere la agencia.

A pesar de la aparente autoridad, por la presencia del Presidente o su representante y de los dos ministros o sus viceministros, la agencia sólo tiene capacidad para proponer políticas (no se sabe a quién) y apoyar iniciativas de las instituciones.

La verdadera naturaleza de la nueva entidad es que tendría la potestad para ejecutar proyectos y comercializar servicios, mediante contratos y convenios.

Para las Cámaras, eso convierte a la agencia en una empresa. También implicaría profundizar la adjudicación directa entre entes públicos y sin competencia.

Es el mismo modelo de funcionamiento que la extinta secretaría técnica le heredó al ICE y a Racsa para convertirse en dos de los principales proveedores tecnológicos de instituciones estatales.

Evitar el abuso de los contratos directos y permitirlos solo si el servicio es parte de la actividad ordinaria del proveedor estatal es precisamente el propósito de un proyecto de ley presentado por Heriberto Abarca.

La agencia de gobierno digital podrá proponer políticas en la materia, pero el proyecto no deja claro a cuál instancia para que las apruebe ni quién tiene la autoridad para la gestión y control de su cumplimiento. (Foto: Jeffrey Zamora / Archivo GN).
Uso de Fonatel

La industria tampoco ve con buenos ojos que se proponga usar, aunque sea una sola vez, recursos de Fonatel, pues se crea el riesgo de utilizarlo como caja chica de cualquier otra iniciativa.

“Fonatel se creó fundamentado en un principio de universalidad y solidaridad. Ya tiene asignadas sus funciones”, advirtió Vanessa Castro, presidenta de Infocom. “Tomar este fondo para crear una nueva institución contravendría el espíritu de la Ley, sus objetivos y el beneficio dirigido a la población vulnerable”.

Infocom insiste en que el proyecto está desfasado en el tiempo, pues la Ley General de Telecomunicaciones ya contempla los mismos objetivos planteados en este nuevo proyecto.

El diputado Wagner Jiménez respondió que si es necesario se introducirán artículos en la ley, durante el debate legislativo o vía reglamento, para darle la autoridad suficiente a la agencia y que se cumplan sus políticas y normas.

Admitió que en el proyecto queda claro que la agencia tendrá autonomía para emitir directrices.

En el tema de contratación dijo que se aspira a que la nueva entidad participe en procesos licitatorios en materia de contratación administrativa dentro del sector público.

El legislador insistió en que la agencia tendrá “poder generalísimo”, el cual le debería permitir analizar el gasto de hasta $400 millones anuales en equipos en instituciones públicas.

El objetivo sería generar ahorros que equivaldría al 2% del Producto Interno Bruto.

El racionamiento de ese gasto en tecnología de información y comunicaciones, y la necesidad de actualizar la normativa en el área tecnológica, son las únicas coincidencias con las que partirá ahora el debate.

“El Estado debe migrar a la transformación digital para tener mayor eficiencia, transparencia, mejorar la recaudación fiscal y generar ahorros”, recalcó Jiménez.