Por: Carlos Cordero Pérez.   27 marzo, 2018
La digitalización de trámites y servicios en el Estado requiere políticas y normas que las instituciones tengan la obligación de cumplir y para eso se requiere una rectoría con capacidad, recursos y poder.
La digitalización de trámites y servicios en el Estado requiere políticas y normas que las instituciones tengan la obligación de cumplir y para eso se requiere una rectoría con capacidad, recursos y poder.

En Costa Rica se puede hacer una lista de iniciativas tecnológicas en las instituciones estatales. Pero los ciudadanos no pueden realizar trámites ni los funcionarios cumplir sus tareas a través de plataformas digitales, de cero papeles y articuladas.

Menos aún se tiene una rectoría que tenga el poder, los recursos y la capacidad de hacer realidad el gobierno digital, con la integración de procesos, sistemas y bases de datos.

Las propuestas de los partidos políticos en disputa en la segunda ronda tampoco son acertadas, pues –aparte de no indicar cómo se ejecutarán– no apuntan a resolver ese vacío institucional para impulsar el gobierno digital.

Constante cambio

“Existe la necesidad de que el gobierno brinde la mayor cantidad de servicios mediante plataformas tecnológicas”, dijo Otto Rivera, director ejecutivo de Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic). “Se requiere un ente rector fuerte”.

Han sido dos décadas de malos ensayos. Primero fue una oficina adscrita a Casa Presidencial. Luego se creó la secretaría técnica, que terminó escondida en un segundo piso de un supermercado y adscrita al Instituto Costarricense de Electricidad, antes de pasar a Radiográfica Costarricense S. A. y terminar como un departamento de desarrollo.

Todos los sectores destacan los logros de la Secretaría Técnica, pese a los cambios de ubicación que soportó (ver recuadro: "Proyectos y resultados").

Cuando la tarea quedó vacante, se desaprovechó el esfuerzo para definir un modelo efectivo. La rectoría le quedó al Ministerio de Ciencia, Tecnologías y Telecomunicaciones, una de las carteras más débiles, y la ejecución de un portafolio de proyectos a una unidad de gobernanza.

La falta de continuidad y los cambios de rectoría le resta alcance a las iniciativas, especialmente para integrar más entidades y desarrollar más proyectos de digitalización.

“Hace falta alguien que ponga orden, cada quien en el Estado hace lo que mejor le parece”, acusó Roberto Sasso, presidente del Club de Investigación Tecnológica. “El esquema actual no funciona. Gobierno digital no existe”.

Proyectos y resultados
Iniciativas de impulsadas por entidades con Secretaría Técnica de Gobierno Digital.
Emisión de licencias y pasaportes: en 38 Oficinas y 52 plataformas del Banco de Costa Rica. En promedio el pasaporte llega al cliente en 8 días y la licencia en menos de 1 hora.
Mer-link: El sistema de compra pública electrónica Mer-link (ahora Sicop) cuenta con 196 instituciones del Estado, más de 18.500 proveedores y 30.600 usuarios. Ha  realizado 51.240 trámites de contratación 100% en línea, con adjudicaciones por un monto de $2.280 millones, generando ahorros en precios de alrededor de $220 millones para el Estado.
CrearEmpresa: Desarrollado con MEIC y varias instituciones inició en febrero 2012 y redujo el tiempo de inscripción y registro de nuevas empresas de 60 a 10 días. A febrero  del 2018 se han realizado 56.000 trámites de inscripción de sociedades, 585.072  autorizaciones de libros sociales, 88 patentes y  tiene 4.986 notarios inscritos en la plataforma.
Ventanillas Electrónicas de Servicios: servicio de Correos de Costa Rica y la Dirección General de Migración y Extranjería con 38 puntos de atención en el país que ha tramitado 75.263 gestiones de renovación del documento de identificación migratorio, 230.528 pasaportes y 78.020 solicitudes inscripción y portación de armas.  
Sistema de Control de Portación de Armas y Seguridad Privada (Controlpas): inició operación en noviembre del 2013. A febrero del 2018 ha tramitado 205.868 solicitudes de venta, inscripción y emisión de permisos de portación de armas. Permite regulación de empresas y agentes de seguridad privada. Se han registrado 22.449 ciudadanos.
Registro de productos de interés sanitario (Regístrelo): Inició operación noviembre del 2013. A febrero del 2018 se han realizado en forma electrónica 196.360 trámites de registro de alimentos, cosméticos, medicamentos, químicos y plaguicidas, entre otros. El trámite  pasó de 385 días a 23 días calendario. Es administrada por el Ministerio de Salud.
Servicio 1311: Acceso a información y diferentes servicios mediante teléfono, celular, mensaje de texto, aplicaciones móviles o página web para trámites de compras públicas, solicitud de carné de portación de armas, registro sanitario de productos, trámite servicios migratorios e información sobre la creación de las empresas.
Sistema Gratuito de Atención a la Ciudadanía (SACI): Implementado por Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en 2016 para citas e información de servicios. En 2017 se generaron más 194.000 citas, se atendió 1,5 millones de llamadas, se respondió 14.000 correos, se enviaron 171.000 mensajes de texto, se atendieron más de 116.000 mensajes privados por Facebook y más de 45.000 chats en línea y se realizaron 59.000 gestiones automatizadas.
Fuente: Alicia Avendaño, exdirectora ejecutiva de gobierno digital 
De qué se habla

Para brindar servicios públicos a través de plataformas tecnológicas son necesarias una visión, políticas públicas, marcos legales, estándares y directrices de automatización de procesos.

Así debería garantizarse la eficiencia, la rapidez, menores costos y la calidad de los procesos para el ciudadano.

También se debería facilitar la coordinación entre instituciones, la transparencia, ahorros operativos y la participación ciudadana.

Eso requiere una rectoría a cargo o bajo el mando directo de la Presidencia, con un brazo ejecutor, una estrategia y proyectos que impacten al ciudadano. Este modelo le daría el poder suficiente para derribar barreras y resistencias institucionales.

Una rectoría debería tener suficiente fuerza, indica la la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), para que todas las instituciones utilicen un único sistema de compras públicas por ejemplo. Esto ha sido imposible hasta el momento.

La tarea también es crítica en un Estado en el que ha venido creciendo el gasto en equipos y sistemas de cómputo.

La digitalización tendría algún impacto en la reducción del gasto público y del déficit fiscal, idea que fue planteada en el proceso electoral y repetida en la segunda ronda.

“No se puede seguir experimentando, el país necesita el desarrollo del gobierno digital”, advirtió a título personal Alicia Avendaño, exdirectora ejecutiva de Gobierno Digital.

Escuetos

Ni la creación de una fuerte rectoría ni el cómo ejecutarán las ideas en materia de gobierno digital forman parte de los discursos y los programas publicados por los candidatos.

En términos generales, Renovación Nacional plantea “relanzar agresivamente el programa de gobierno digital” y que “la mayoría de los servicios y trámites” se realicen de forma digital.

En el caso del Partido Acción Ciudadana se plantea la consolidación del gobierno digital, lo que también abarcaría a las municipalidades, y el desarrollo de ciudades inteligentes apoyados en las telecomunicaciones y tecnologías como Internet de las cosas.

Lo propuesto
Propuestas planteadas en los programas de gobierno publicados
Del programa de Fabricio Alvarado: "Relanzar agresivamente el programa de gobierno digital, de tal manera que en el corto plazo la gran mayoría de los servicios y trámites 'de papel' se realicen de forma digital, desde los hogares, oficinas y bibliotecas públicas".
Del programa de Carlos Alvarado: Consolidación del gobierno digital (digitalizar trámites, integrar bases de datos y crear plataformas de acceso a información y atención al usuario), gobierno abierto territorial (apoyar a municipalidades para abrir datos e información pública, facilitar la comunicación e interacción con la ciudadanía, simplificación de trámites) y ciudades inteligentes e innovadoras (implementar sistemas de telecomunicaciones e Internet de las cosas para monitoreo y gestión de ciudades).
Fuente: sitios web de candidatos.

Ninguno establece cuál sería la fórmula institucional.

Para Sasso, la propuesta de Renovación es escueta y “se queda muy corta”; la del PAC sería menos escueta pero “un tanto ilusa en el sentido de que el gobierno digital no existe” y “el gobierno abierto es un buen ideal, mas imposible en un gobierno de papel”.

“Las propuestas que nos dan ambos candidatos son pocas”, dijo Oscar Emilio Barahona, presidente de Infocom. “Estamos dispuestos a colaborar para ofrecerles insumos que les permitan tomar decisiones”.

De hecho se insiste en revisar el actual esquema de rectoría y establecer una agenda para avanzar hacia la digitalización de los servicios públicos (ver recuadro: "15 líneas de acción").

15 líneas de acción
Propuestas generales y concretas que debería implementara la próxima Administración:
Crear y fortalecer la rectoría de gobierno digital, con capacidad de planificar y formular planes y políticas públicas de innovación para la transformación del Estado.
Establecer una ruta hacia el establecimiento e implementación de una agenda digital.
Implementación de políticas públicas, normas, estrategias, programas y proyectos de innovación gubernamental que incentive y regulen las aplicaciones tecnológicas,  con los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la rectoría.
Mejorar la eficiencia y simplificar los procesos en el Estado con tecnologías de información y generar políticas públicas de accesibilidad de la población. 
Armonizar el desarrollo de iniciativas relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones por parte de todas las entidades públicas.
Ejecutar planes y programas de capacitación y educación del personal de las unidades departamentales de informática y tecnología de las entidades públicas, así como a todos los gestores de política pública.
Brindar servicios de asesoría y consultoría a las entidades públicas sobre el diseño, desarrollo, ejecución y contratación de bienes, sistemas y servicios informáticos, asistencia en ingeniería de procesos y trámites de las entidades.
Eficiencia y competitividad:  Simplificación de trámites  y automatización (20 trámites que mejoren la eficiencia y eficacia).
Transparencia y ahorro: Implementación del sistema de compras públicas en el 100% de las instituciones.
Mejora en la recaudación fiscal: Modernización de sistema tributario y aduanero.
Eficiencia, seguridad y mejora en el transporte público: Modernización del transporte público, incluyendo pago electrónico, monitoreo en tiempo real, análisis de demanda y tiempos de servicio. 
Seguridad Ciudadana: Establecimiento del centro de control e inteligencia de datos a efectos de analizar comportamientos, definir niveles de respuesta e integración del monitoreo electrónico. 
Mejoramiento de la conectividad: Tomar medidas para mejorar el ancho de banda y los precios de los servicios de Internet fija.
Masificar la firma digital desde el teléfono y obligar a todo el sector público a aceptarla.
Migrar a la computación en la nube los sistemas institucionles, incluyendo correos electrónicos y aplicaciones de oficina. Establecer políticas de desarrollo de aplicativos a nivel interno para que se ajusten a procesos transparentes, eficientes y de menores costos.
Fuentes: Camtic, Infocom, Roberto Sasso, Alicia Avendaño