El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) presentó la estrategia de gobierno y transformación digital que implementará con plazo máximo a principios del 2022, cuando al final de la Administración Alvarado se puedan contabilizar los resultados.
El propósito es que las 330 instituciones públicas brinden servicios digitales a toda la población. El principal reto será precisamente la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de las directrices emitidas.
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Entre ellas se incluye que las entidades deberán contar con un sello o visto bueno de la Comisión Interinstitucional de Gobierno Digital.
“Ya hay muchas cosas que están hechas”, dijo el ministro Luis Adrian Salazar. “Lo que tenemos que hacer es integrar y articular. El diferenciador ahora es que lo estamos haciendo súper inclusivo, con participación del sector privado. Faltaba crear más capacidad de comunicación entre las instituciones”.
En la actividad realizada el 16 de octubre, Salazar fue acompañado por el Presidente Carlos Alvarado, más de la mitad del gabinete y varios presidentes ejecutivos de instituciones autónomas. Algo que para propios y extraños es una buena señal.
Asistieron además representantes de cámaras empresariales, de operadores, otras compañías y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apoya el esfuerzo.
De acuerdo al cronograma presentado por Salazar, en el primer trimestre del 2019 deben estar definidas las iniciativas de las instituciones.
Estructura y directrices
El plan está respaldado con una directriz y un decreto recientemente emitidos, los cuales establecen una comisión interinstitucional, un brazo ejecutivo (la Dirección de Gobernanza, perteneciente al Micitt) y las instrucciones que deben cumplir los entes públicos.
Entre ellas se establece el uso de la firma digital en al menos tres trámites electrónicos de cada entidad, que cada entidad defina su agenda propia de proyectos, y la digitalización de trámites.
También establece la necesidad de disponer de información para la toma de decisiones, la incorporación de nuevas tecnología (big data, inteligencia artificial y analítica), el uso de sistemas biométricos de identificación digital, y la obligación de aplicar las directrices que emita el Micitt.
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La directriz también obliga a que los proyectos de las instituciones tengan el visto bueno o sello de gobierno digital otorgado por la comisión interinstitucional, conformada por el Micitt junto a los ministerios de la Presidencia, Planificación, Economía y Comunicación.
Además, lo conforman tres expertos.
La modernización y el ahorro son las principales justificaciones esgrimidas por el Gobierno, que tendrá cinco proyectos destacados, empezando con la masificación de la firma digital y la interoperabilidad de sistema de las entidades.
Además trabajará en un portal de nacional con información, servicios y trámites; el expediente electrónico integrado al registro de beneficiarios de programas sociales, de la niñez y de empresas.
El Sistema de Compras Públicas (Sicop) desempeñará un rol clave, pues permitirá dar seguimiento a las iniciativas que conforman la cartera de proyectos y verificar si cumplen con las condiciones de interoperabilidad, seguridad y escalabilidad.
| Digitalizar el Estado |
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| Algunas acciones planteadas en el plan presentado por la Administración Alvarado: |
| Visión: Una Costa Rica transformada digitalmente acelerando la productividad, la competitividad y el desarrollo socioeconómico, tomando ventaja de la cuarta revolución industrial para procurar el bienestar de todos sus habitantes. |
| Servicios públicos digitales: expediente digital en salud, citas electrónicas, hospitales y escuelas digitales, sistema nacional de transporte inteligente (pago electrónico y datos abiertos), portal de gobierno digital, certificaciones y constancias electrónicas con firmas digitales, integración de ventanillas únicas y plataformas de servicios municipales en línea. |
| Transformación de instituciones: Interoperabilidad y estandarización de servicios, documento de identidad digital, autenticación con firma digital, expediente digital de la niñez e integración de expediente en salud y registro de beneficiarios del Estado y ciberseguridad (educación, fortalecer Centro de Respuesta a Incidentes, políticas sobre infraestructura crítica y protocolo ante incidentes). |
| Productividad y competitividad empresarial: Expediente digital empresarial, articulación de capacitación y cursos en línea, comercio electrónico, integración de plataformas públicas y uso de tecnologías en sector agropecuario y en turismo, país como destino turístico verde y digital, impulso a biotecnología, bioinformática y emprendimientos de base digital. |
| Innovación social: fortalecer sistema nacional de innovación, promover tecnologías disruptivas para mejorar oferta empresarial, centros de innovación social, equidad de género en uso de tecnología, desarrollar capacidades para empleos del futuro (colegios académicos con más tecnología, laboratorios de innovación y emprendimiento, metodologías STEAM en la enseñanza). |
| Gobernanza y transparencia pública: política de datos abiertos, evaluación digital de trámites y servicios, trámite digital de iniciativas ciudadanas, políticas de gestión de documentos electrónicos y de preservación de datos y actualización de normativa (habeas data, privacidad, observatorio y uso de tecnologías para mapeo y búsqueda de normas vigente). |
| Conectividad: ejecución del plan de infraestructura de telecomunicaciones, gestión de espectro radioeléctrico, potenciar despliegue de la red 5G, encendido digital, desarrollo de ciudades inteligentes, televigilancia y banda ancha para centros educativos, aprovechar RedCLARA, potenciar ejecución de proyectos de Fonatel y red alterna para telecomunicaciones de emergencias. |
| Fuente: Micitt, Estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica del Bicentenario |
Dos décadas
No es la primera vez que se relanza la iniciativa de gobierno digital, desde que el mismo Salazar presidió una oficina adscrita a Casa Presidencial hace 18 años.
En ese periodo se formó y se diluyó otra comisión interinstitucional y la secretaría técnica de gobierno digital.
La secretaría técnica terminó como una unidad adscrita al Instituto Costarricense de Electricidad. Luego como el departamento de desarrollo de su subsidiaria Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa).
Entre sus logros más destacados está el desarrollo del sistema de compras estatales, primero a través de Merlink y luego unificado en Sicop. También la agilización de los trámites para obtener licencias y pasaportes.
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En ese momento uno de los proyectos que se contemplaron fue el de la interoperabilidad.
En enero del 2010 se emitió un decreto que establecía un modelo de interoperabilidad del sector público, la formación de un equipo interinstitucional adjunto a la secretaría técnica, la tarea de definir estándares y lineamientos, y la obligación de las entidades de cumplirlos.
Se trata de un proyecto estratégico que permitiría la unificación de sistemas de distintas instituciones para que el ciudadano no tenga que presentar los mismos documentos en diferentes trámites.
Respaldo y precaución empresarial
Pese a los antecedentes el sector empresarial le da el visto bueno a la estrategia presentada por la actual administración.
“Nos hemos cansado tratando de hacer entender a las autoridades de que es importante implementar. Vemos que sí se van a ejecutar cosas. Vemos un sector de gobierno importante, presencia del gobierno y al Presidente apoyando”, dijo Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
El sector espera que el plan pueda cumplirse.
“Si no se puede en las fechas planteadas, que quede encaminado”, afirmó Saray Amador, presidenta de la Cámara de Radio y Televisión de Costa Rica. “Los proyectos son complicados, de mucha letra menuda y requieren empuje, pero en esta administración vemos sinergias entre el Micitt y Presidencia”.
Los empresarios destacan que el plan es coherente con las necesidades del país en términos de transformación digital y coloca al ciudadano como eje central de los servicios.
Los retos están en el atraso del ordenamiento jurídico (“es analógio”), una cultura institucional contraria a la digitalización y la falta de infraestructura robusta de telecomunicaciones.
“El principal diferenciador es que el plan contempla la participación de todos los grandes actores principales, a saber el Estado, el sector privado, la academia y los ciudadanos. Sólo logrando una correcta sinergia entre todos ellos es que el plan será exitoso”, advirtió Hubert Arias, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).
Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), destacó precisamente el capítulo de proyectos de telecomunicaciones incluido en la estrategia, la reactivación de la comisión de banda ancha y la incorporación de la comisión de infraestructura.
“El gran reto es plasmar esto no solo en papel, sino que esto verdaderamente camine”, dijo Ramírez. “Hay gente que no quiere el desarrollo en estos temas. Ocupamos quitar obstáculos y generar un ambiente propicio”.
