APM Terminals, empresa concesionaria de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), informó este miércoles 5 de julio que el inicio de operación de la obra será hasta febrero del 2019. Se trata de un atraso de 12 meses según la fecha estipulada en el contrato (febrero 2018).
La confirmación llega poco más de dos meses después de que la firma anunciara la "detección de condiciones adversas no previstas" en la etapa constructiva.
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Para ese momento, APM aseguró que las situaciones particulares estaban relacionadas con la compactación de la superficie, el comportamiento del rompeolas y la inclinación de algunos pilotes. Desde ese entonces, la compañía dijo estar trabajando en un informe detallado que explicaría las causas del incoveniente; hoy señalan que no se trata de afectaciones estructurales a largo plazo, pero que deben solventarse.
"Estamos comprometidos en entregar la terminal que Costa Rica se merece. Aunque los imprevistos y su solución no eran afectaciones estructurales a largo plazo, es importante entender que su impacto en el cronograma final sí es significativo y lo asumimos en aras de garantizar la calidad de una obra cuya vida útil será, de al menos, 60 años. Hemos informado a las autoridades de gobierno y a los distintos interesados sobre el avance de las obras", señaló Kenneth Waugh, director general de APM Terrminals.
Otra duda
El anuncio del atraso en la obra llega también en momentos donde la incertidumbre por la entrega a tiempo de la construcción de la ruta 257 de acceso al megapuerto a manos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) no se disipa.
El error de cálculo se da en la vía de 2,1 kilómetros que contempla una primera sección a nivel que luego se eleva a seis metros de altura, incluye 450 pilotes y tendrá cuatro carriles, asfaltado, señalización, aceras, ciclovias y pasos para la protección de fauna.
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Si bien las autoridades no han dejado de ser enfáticas en que ese error no afectará la entrega de las obras dentro del tiempo contemplado, tampoco se tiene certeza de que así será.
"La obra (ruta 257) avanza según lo previsto y la Administración no prevé atraso en su entrega", sostuvo a este semanario día atrás, Carlos Villalta, quien en ese momento era ministro de la cartera de Transportes.
Consecuencias: ¿económicas?
Un arranque tardío de la APM trae como primer listado de consecuencias las económicas. Pero no serían las únicas.
Para APM, un eventual atraso en la puesta en operación de la nueva terminal de contenedores le significaría como mínimo una multa por $2.000 por cada día de atraso hasta un monto máximo de $200.000.
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En el caso del Gobierno, si aún con el atraso de APM no llegar a facilitar la ruta de acceso definitiva, el país perdería un beneficio de hasta $20 por contenedor, ofrecido por el concesionario.
"Este sería el impacto más grave, porque el beneficio se perdería para todo el tiempo que dura la concesión (33 años). Y ahí se impactará a las navieras, a los exportadores, a los importadores", explicó Edgardo González, de la Cámara de Armadores y Agentes de Vapores (NAVE).
Por su parte, las consecuencias de este atraso se sentirían a nivel de competitividad, imagen y flujo de mercancías para el país.
En este punto, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), recalcó la urgencia de tener en el mediano plazo la obra terminada, dado el beneficio que generará al país.
"En Costa Rica urge una modernización de los puertos del Caribe, pues por ahí se moviliza el 80% de la carga marítima del país, y además es de todos conocido que el Índice de Competitividad Global ubica a nuestro país en las últimas posiciones por el pésimo desarrollo en materia portuaria", destacó Franco Arturo Pacheco, presidente de Uccaep.
Sin embargo, agregó, estar consciente de que los atrasos se deben a imprevistos propios de una construcción de la envergadura de la Terminal de Contenedores.
Mientras tanto, el Consejo Consejo Nacional de Concesiones dijo que valorará el nuevo cronograma, y que no descarta pedir ajustes a lo planteado hoy por la concesionaria. La CNC también recalcó que el cómputo de multas entraría a considerarse a partir del 19 de enero de 2018, la fecha para la que estaba prevista originalmente la finalización de la construcción. En entrevista con EF Kenneth Waugh, director general de APM Terrminals, aseguró que la empresa tendría que pagar, al menos, $900.000 en multas.
La Comisión también publicó estimaciones preliminares sobre el impacto económico en los ingresos de APM. Según la entidad, estos podrían ser cercanos a los $480 millones, pues se esperaba un tráfico de dos millones de movimientos a una tarifa de $240 cada uno. Sin embargo, descartaron afectaciones al país, puesto que JAPDEVA continuará brindando los servicios de movilización de carga.
Colaboró con esta información la periodista Andrea Rodríguez.
Nota del editor: este artículo se actualizó a las 5:00 p.m. con la reacción del Consejo Nacional de Concesiones
