Víctor Carvajal, presidente del CNP: “La intermediación nos impide llegar al productor y eso lo queremos cambiar”

El jerarca asegura que los cambios intentarán garantizar un pago más justo a los pequeños y medianos productores, y disminuir el margen de ganancia de intermediarios como grandes industriales y a través del programa. Todo se empezaría a implementar en 2022, pero el andamiaje final ahora mismo está en construcción, asegura.

Carvajal es de los pocos jerarcas de gobierno que Rodrigo Chaves conoció más de cerca en su corta estancia en Costa Rica, desde que regresó al país en 2019. El presidente del CNP fue asesor del ahora mandatario, cuando este se desempeñó como jerarca hacendario del gobierno de Carlos Alvarado entre finales de ese año y mediados de 2020. Es una pieza de confianza.

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Don Rodrigo Chaves siempre dijo que todas sus designaciones tuvieron una entrevista previa. En esa entrevista ¿en cuáles objetivos coincidieron para el CNP?, ¿cuáles serán las prioridades de su gestión?

— En la entrevista se habló de varios temas. Se habló el tema del sector agro en general y de la función del CNP por medio del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Se vieron algunos algunos puntos relacionados con la eficiencia y la toma de decisiones con base de información certera. Nosotros ya nos conocíamos. Yo trabajé para él en Hacienda, pero siempre la entrevista no me la pude quitar.

En ese tiempo en Hacienda, ¿cuál fue su nivel de cercanía con el presidente Chaves?

— Una relación normal, de jefe a subalterno. Nos conocimos, trabajamos juntos. Trabajé para él y, obviamente, el nivel de exigencia de don Rodrigo puso un listón muy alto.

Los Contraloría ha señalado desórdenes en la gestión de información financiera y de metas del CNP. ¿Qué cambios se pueden esperar en ese sentido?

— Yo espero que los estados financieros del 2022 sean lo suficientemente claros y para eso estamos trabajando mucho.

El tema es que, desde una decisión simple, como si el IVA soportado es crédito fiscal o cómo llenar una declaración de impuestos. Hemos tenido que trabajar con funcionarios para poder dar claridad. Hay un tema también, que no es menor, y es que algunas instituciones públicas olvidaron que, pese a su función social, necesitaban invertir en tecnología. Eso provoca que haya carencias muy marcadas en sistemas tecnológicos que usted posiblemente en una empresa como La Nación no tenga. Ahí (en el CNP) no es así y entonces se requieren desarrollos, trabajos manuales y un montón de trabajo adicional.

En este momento estamos trabajando en la implementación de un sistema financiero contable, que nos va a permitir tener claridad. Estaríamos dejándolo implementado ya este año, por lo menos en el lado del CNP. También hay un tema de capacitación de personal.

Cuando ingresa a una institución como CNP, con más de 40 años a cuestas y una imagen desgastada, ¿qué se encuentra en esa entidad?

— Realmente he sentido mucha apertura hacia los cambios que estamos impulsando. Hay personal comprometido y hay algunos que otros que siempre... verdad... pero, en términos generales, creo que el personal ha comprendido cuál es la visión de esta administración y qué es lo que queremos hacer para poder ayudar a los productores pequeños y medianos, que son los que más requieren del CNP. No es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, pero he sentido bastante apertura del personal.

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¿Cuáles son los tres principales cambios que impulsará el CNP?

— La implementación de tecnología, que nos permita darle trazabilidad a los productos, para garantizar que a las instituciones públicas –llámense centros educativos, hospitales y demás– llegue un producto de calidad y de pequeños y medianos productores. Necesitamos un cambio en el reglamento de comercialización del programa, que ya está bastante avanzado, para poder ingresar desde el productor primario de papa, lechuga o arroz, con este registro, para luego poder conectar la parte industrial, cuando así se requiera. Con esto la industria tendría que comprar solo a los productores que nosotros avalamos para la cuota del programa. Eso es vital.

Luego viene el tema del sistema informático. Necesitamos un software que nos permita dar trazabilidad y disminuir los problemas tenemos hoy en el cobro de las facturas. Más tarde, debemos trabajar en la parte de los procesos: cómo vamos a ir estableciendo los procedimientos de cara al productor, al suplidor y al cliente. Nosotros hemos percibido una molestia de nuestros clientes en torno a que, en muchas ocasiones, los damos por sentados y no les damos el servicio al cliente que ellos requieren.

Don Rodrigo Chaves y otras autoridades de gobierno han dicho que cada institución tiene un fin y que debe seguir funcionando si aún ese fin está vigente. ¿Cuál es el fin del CNP?

— El CNP, cuando se creó, tenía muchos fines como la operación de plantas, las importaciones, las exportaciones, las políticas de transformación agrícola y la reconversión productiva, que todavía sigue vigente... Me parece que la institución requiere una actualización del marco jurídico sobre el cual operar, para abocarse de lleno a la parte de comercialización. Nosotros hoy tenemos incluso la obligación legal de dar asistencia técnica a productores, pero para eso está el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Nosotros podríamos acompañar a este productor, tomarlo para que él ingrese en el PAI, con un mercado asegurado, y que ese tiempo le permita prepararse lo suficiente para salir a la competencia.

Me habla de ayudar al productor a salir hacia la competencia, pero es claro que no todos los productores pueden desarrollarse a ese nivel y seguir siendo rentables. ¿Se convierte el CNP en una especie de asistencialismo o cómo lo describiría?

— Yo no lo veo así. El CNP lo que debe hacer es disminuir las cadenas de comercialización, porque cuando usted llega a la cadena de comercial va a encontrar una serie de actores muy importantes, previos y posteriores al Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada). Nosotros podemos garantizarle al productor un precio que no implique un gasto mayor a la institución que nos está comprando a través de una disminución de los actores en la cadena de comercialización. Podemos permitirle al productor elevar su eficiencia, incrementar su nivel de calidad y que eventualmente pueda salir a competir.

Es complicado, hoy en día, para un productor de plátanos ubicado en Talamanca comercializar su producto, por ejemplo. ¿Cómo lo comercializa?, ¿cómo lo pone en San José?, ¿a qué precio? Usualmente para que un plátano de ese productor llegue a Cenada ya han pasado varios actores y eso es lo que queremos cambiar, para que puedan ganarse el sustento vendiendo alimentos y no por asistencialismo.

A menudo se habla de la injerencia industrial en el CNP. La compra a industriales y supermercados, en lugar de a pequeños oferentes. ¿Qué pasará con eso?

— Es real. En algunos casos estamos abordando para disminuirlos y otros no los podemos eliminar.

Si nosotros ahorita decimos que Dos Pinos es grande y nosotros ocupamos comprar leche de larga duración, ¿a quién se lo compramos?; si nosotros necesitamos comprar un aceite en particular, ¿a quién se lo compramos? No son industrias pequeñas. Son industrias grandes, industrias nacionales, con productos particulares.

Ahora, si estamos trabajando en la intermediación que va más allá de la que realmente requerimos. Eso es lo que nosotros venimos a trabajar con este nuevo reglamento para disminuir al máximo ese fenómeno. La intermediación nos está impidiendo llegar al productor base y eso es lo que nosotros queremos cambiar completamente.

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¿Llegar directo a un arrocero no industrializado, por ejemplo, y comprarle a él?

— Justamente. Pero el productor de arroz produce granza húmeda y eso no es lo que se lleva a las instituciones públicas para que alimente, sino un arroz transformado. Es ahí donde ocupamos el industrial para que nos transforme el arroz del productor, pero de estos productores que están cubiertos por el programa, garantizando que el industrial les pague a ellos el precio razonable. En este momento, eso no lo estamos garantizando con la normativa actual. Por eso estamos haciendo este cambio, para poder darle la trazabilidad al producto, no solo de dónde viene sino cuánto se le está pagando al productor por él. Queremos que el beneficio no se quede en un agente intermediación.

¿Con qué indicador medirá el CNP estos objetivos?, ¿Cómo sabrán si se logra o no el éxito en esta tarea?

— Los indicadores de gestión tenemos que incluirlos en el plan operativo. Tal vez en el de mediano plazo, pero creo que indicadores como la cantidad de productores registrados y a los cuales les garantizamos un mercado, va a ser un indicador bastante importante, porque hoy no tenemos ese dato tan siquiera. Tenemos datos de suplidores generales, como el Centro Agrícola Cantonal, por ejemplo, pero no sabemos a cuántos productores les compra ese centro.

Estamos trabajando en el desarrollo de registros, para poder tener claro y cuantificar el beneficio que estamos generando.

Queremos también trabajar, por ejemplo, con Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinerube) y con el Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas) para priorizar en algunos casos, cuando podamos, productores que vengan desde el acompañamiento del Instituto.

Al CNP siempre se le recriminan los precios que pagan instituciones por algunos productos. ¿Cómo trabajará la entidad para acabar con esa crítica?

— Eliminando el sobreprecio. No tienen que haber sobreprecios.

Pero impulsar producción a pequeña escala es impulsar también precios a mayores costos.

— Puede ser que el pago al productor sea más alto si él nos lo entrega a nosotros que si se lo entrega un intermediario, que son cosas diferentes. Por eso les decía yo que es esencial disminuir los actores en la cadena intermediación.

Usemos como ejemplo el azúcar. El CNP hoy compra el azúcar a precio del góndola en un supermercado. ¿Por qué?, ¿Por qué no lo compramos en la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) directamente? Así compraríamos un volumen más importante, porque va a ser el volumen de todo el aparato estatal, definimos centros de distribución y entonces ya con solo eso, nos lo entregan a un precio mucho más barato del que aplican, posiblemente, al supermercado o al mayorista. Nosotros estaríamos quitando estos dos actores.

Luego alguien lleva esto y nos lo distribuye a nosotros en los centros educativos. ¿Necesariamente este precio va a ser más caro que si lo hubiésemos comprado en un supermercado? No, posiblemente va a ser más barato, porque disminuimos actores en la cadena de intermediación. Es ahí en donde viene el híbrido que estamos creando, para aplicar estos movimientos cuando sea posible.

¿Cuándo podríamos esperar estos cambios reglamentarios?

— Nosotros tenemos que compartir este cambio reglamentario en agosto, para implementarlo este año en algunos puntos particulares. Es un cambio completo PAI, entonces hay que ir haciendo el cambio poco a poco, levantando registros de todo. Este plan piloto lo estaríamos ejecutando este año, para ampliarlo a todo el país el próximo año. Estamos definiendo todavía si va a ser un lugar, si será por región o un par de regiones... Estamos viendo cómo vamos a trabajar en la prueba, para poder garantizar que esto suceda.

¿El modelo de comercialización con el Ministerio de Educación Pública (MEP) es el correcto o debería reformarse?

— Tenemos particularidades. Cuando hablamos de colegios y escuelas, por ejemplo, no hablamos del MEP, sino de juntas de educación sobre las cuales hoy el MEP no tiene injerencia. Hoy tenemos problemas ahí. Tenemos cuentas por cobrar de miles de millones colones, que son superiores que las cuentas por pagarle a nuestros servidores.

¿Debería reformarse la gestión con las juntas de educación?

— Yo tal vez lo enmarco más en la generalidad. Hablamos de personas sin una remuneración manejando fondos públicos, a los cuales el MEP traslada una gran parte de sus fondos y no los puede fiscalizar. En ocasiones decimos “es que tal colegio se está cayendo” y llamamos a la Ministra de Educación, pero ¿puede la Ministra de Educación hacer todo para que eso no suceda?, pues hoy no. Hoy tenemos juntas de educación que son las que manejan los fondos,

Desde el punto de vista del CNP sí se nos hace un problema. En este momento, que ya estamos 18 de julio, tenemos juntas de educación que no han sido nombradas. Estas juntas de educación no nos pagan, porque no tienen forma de pagar, pero el CNP lleva meses dándoles alimentos sin recibir un solo pago. Ya llevamos febrero, marzo, abril, mayo junio y estamos en julio, son seis meses de entrega de alimentos sin un solo pago.

El pago centralizado o que el MEP maneje los pagos desde desde alguna manera administrativa, propia de la institución, podría crear canales directos que faciliten muchísimo el el giro del dinero.

El gobierno está comprometido en continuar con el CNP, dándole una nueva cara y una nueva forma.

— Tal vez a la función del Programa de Abastecimiento Institucional. Esa hay que mantenerla. Algunas cuestiones no deberían seguir. Estamos trabajando en hacer la institución eficiente. Pareciera que es muy difícil en principio, pero hemos visto los caminos para poder hacerlo.

Tenemos que hacer esta función muy eficiente, para poder trabajar como este proveedor del mismo gobierno, pero con esta parte social. Si nosotros liberamos esto, naturalmente, los que hoy posiblemente nos están dando alimentos o nos van a proveer con esta nueva versión no tendrían forma de colocar su producto.

¿Las funciones que no se deberían mantener también se van a reformar legalmente?

— Sí. Hay que trabajarlo en este proyecto. Nosotros estamos en un sector agro. Si nosotros dejamos de hacer algo porque alguien lo está haciendo, deberíamos fortalecer al que va a quedar con esta otra función. Hay que verlo un poco más integral para dar un proyecto de ley lo suficientemente robusto. Estamos trabajando bastante en eso.