EscucharEl Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público realizaron 11 allanamientos la mañana de este miércoles 8 de noviembre en diferentes partes del país y detuvieron a ocho personas que figuran como sospechosas de facilitar la sustracción de ¢3.293,8 millones en efectivo del área de Administración de Numerario del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
Randall Zúñiga, director del OIJ, dijo en conferencia de prensa que siete de los detenidos trabajan en el Banco Nacional. A ellos se suma un encargado de seguridad externa. “Es una persona que al final permitía que las personas salieran sin revisarlos”, comentó.
“Las ocho personas están detenidas y se están procesando las escenas para poder recuperar evidencia importante como son celulares, colillas de depósitos y demás asuntos de interés”, agregó Zúñiga. Entre los delitos por los que se les investiga están: legitimación de capitales, facilitación de extracción de dinero e incumplimiento de deberes.
De acuerdo con información proporcionada por el departamento de prensa del Poder Judicial, según La Nación, los allanamientos se realizaron en domicilios particulares de funcionarios del BNCR y en oficinas de la entidad bancaria.
El director del OIJ dijo en conferencia que los allanamientos se hicieron en Moravia, Guadalupe, Escazú, Desamparados y la sede central del Banco Nacional. Además, indicó que se allanó la Dirección Jurídica de la entidad bancaria, pero no fue detenida la actual directora.
Las autoridades judiciales denominaron este caso como ‘Gallo Tapado’ debido a que el funcionario sospechoso de sustraer el dinero en efectivo del Banco Nacional compraba mucha lotería, en cantidades importantes.
“Iniciaba con ¢100.000 por día, después pasó a ¢1 millón, ¢2 millones, ¢3 millones, según la investigación. Buena parte del dinero se pudo haber ido en poder gastar este dinero en juegos de azar relacionados con la lotería: tiempos, chances, lotería nacional, tres monazos, etc.”, comentó Zúñiga.
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¿Cómo se sustraía el dinero, según las autoridades?
El fiscal general, Carlo Díaz, explicó este 8 de noviembre que un funcionario de apellido Olivas (tesorero de una escala “baja”, de acuerdo con el director del OIJ) aprovechaba que solo había una cámara y abría la puerta de la caja fuerte donde estaba el dinero, pasaba parte del efectivo a un lugar donde la cámara tenía un punto ciego y allí la embalaba en un sobre manila.
Posteriormente, cerraba la caja fuerte y lograba salir por los diferentes controles con el sobre manila en mano, pues, de acuerdo con el director del OIJ, el guarda de seguridad no lo revisaba. Luego dejaba el sobre en un locker que estaba en las instalaciones del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) y cuando terminaba el día Olivas sacaba su bulto y el sobre.
Olivas es uno de los ocho detenidos este miércoles.
“Importante también determinar que hubo falta de verificación, falta de controles por parte del mismo sistema del banco y es así cómo se dio la sustracción reiterada de dinero”, explicó Díaz.
Las autoridades judiciales contabilizan diez eventos, con cámaras de seguridad, en que se sacó el dinero. Estas sustracciones datan desde el 17 de agosto de 2023 hasta el 26 de setiembre. Según explicaron las autoridades, las cámaras de video del BNCR almacenan la información de los últimos 45 días.
Cuando vemos los videos pareciera que es una copia calcada de lo que sucede, nada más que en fechas diferentes. La misma metodología: agarra, saca el dinero de la caja, lo echa al sobre de manila, pasa por la seguridad externa, que no revisa tampoco. Eso puede entrar también dentro de una cotidianidad, porque a usted lo conocen y ya no tienen que estarlo revisando (...)
— Randall Zúñiga, director del OIJ
De acuerdo con el director del OIJ, cuando se determina cómo es que se dio la materialización de la sustracción del dinero, ubicaron que aparte del principal autor material (Olivas), hay otras personas a las que les correspondían controles, revisiones y supervisiones que “en los sistemas queda como que están realizadas, pero físicamente evidentemente no se hicieron”.
Los allanamientos de este miércoles 8 de noviembre se realizaron también para determinar si estas personas hicieron una omisión a su labor de control y fiscalización del dinero que ingresaba o salía del banco, o más bien si forman parte de una organización criminal.
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La cronología de la investigación judicial
El pasado 3 de octubre, la segunda línea de defensa del Banco Nacional (Control Interno) detectó un aparente faltante de efectivo de ¢3.293,8 millones en el área de Administración de Numerario, tras un arqueo sorpresa realizado en dicho departamento.
Tradicionalmente, áreas operativas como Administración de Numerario en las entidades financieras suelen manejar las existencias de efectivo en bóvedas y cajeros automáticos, entre otros. Asimismo, suelen coordinar el transporte de valores.
A pesar de que el banco estatal detectó el faltante de dinero a comienzos de octubre, denunció hasta el martes 24 de octubre, un día después de que dio a conocer la detección de ciertas inconsistencias. La denuncia penal ante el Ministerio Público fue contra cinco funcionarios suspendidos cautelarmente por los presuntos delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Horas antes de que el BNCR presentara dicha denuncia, de acuerdo con el fiscal general, el OIJ y el Ministerio Público iniciaron de oficio una investigación al respecto, a raíz de información que se filtró en la prensa el lunes 23 de octubre sobre faltante de dinero.
“El mismo banco interpone una denuncia, pero la denuncia no tiene ningún elemento de calidad. Es allí donde en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial iniciamos ese mismo día las entrevistas de las personas que nos podían aclarar qué había sucedido”, comentó Díaz.
El miércoles 25 de octubre de 2023, el OIJ y el Ministerio Público comenzaron las indagaciones propias en el mismo banco.
De acuerdo con el fiscal general, miembros del Organismo de Investigación Judicial y fiscales involucrados en las investigaciones e inspecciones lograron contabilizar picos en la contabilidad (situaciones sospechosas) y a partir de esto —y mediante análisis de video— determinaron cómo se sustrajo parte de los ¢3.293,8 millones en efectivo.
El banco debió haber revisado los videos, debió haber revisado los controles, debió haber revisado las verificaciones y no lo hizo. Por eso es que se llegó a esta suma exorbitante de dinero, por la falta de contro y de supervisión del banco.
— Carlo Díaz, fiscal general
Díaz lamentó que el Banco Nacional no denunciara oportunamente esta situación, pues “si las denuncias no se interponen de manera oportuna, entorpecen las investigaciones (...)” y además considera que este hecho se debió haber denunciado desde la fecha en que se detectó el faltante.
Por su parte, el director del Organismo de Investigación Judicial comentó que la última revisión que la Oficina de Control y Cumplimiento Normativo del Banco Nacional había hecho a esta Tesorería fue en el año 2019.
El OIJ y el Ministerio Público comunicaron que también están investigando una supuesta orden por parte de la directora jurídica del Banco Nacional para que esta situación no se denunciara.
Es lamentable que si ellos ya determinaron desde el 3 de octubre de este año que había ese faltante, desde ese mismo momento no denunciara. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con las personas que de alguna manera tuvieron participación en que no se denunciara.
— Carlo Díaz, fiscal general
Por el millonario faltante de dinero, el Banco Nacional ha suspendido cautelarmente a seis funcionarios con goce de salario. Estas personas y el jefe del área de Administración de Numerario, quien se había acogido a su jubilación el pasado 4 de octubre, fueron denunciados penalmente por la entidad ante el Ministerio Público.
Las personas denunciadas por el Banco Nacional son:
- Dos encargados de custodia.
- Dos supervisores.
- Un técnico.
- Un contador.
- El jefe del área de Administración de Numerario.
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El Banco Nacional ha reiterado que el aparente faltante de efectivo de ¢3.293,8 millones en la entidad no va a afectar la solidez de la organización, la solvencia ni los recursos de los ahorrantes. (Rafael Pacheco Granados)
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