Actores del sector público y privado costarricense ya conocen los beneficios de ejecutar una Alianza Público Privada para el Desarrollo (APPD) o una Alianza para el Desarrollo pero aún están lejos de explotar el máximo potencial de esta herramienta.
Una APPD se entiende como un convenio de cooperación en temas estratégicos, pensados a un mediano plazo en los que las dos partes asumen responsabilidades y se comprometen a encontrar soluciones a diversos problemas mientras comparten, no solo recursos, si no también riesgos.
Esta difiere de una Asociación Público Privada (APP), ya que en este tipo hay un contrato entre el sector público y privado para el diseño, financiamiento, construcción, gestión y mantenimiento de infraestructura y servicios de interés público.
Además, en las APP se le transfiere al actor privado parte de los riesgos y responsabilidades, reservándose así el Estado, las potestades de control y regulación, según las definiciones de Aliarse, la organización promotora de las alianzas público-privadas en nuestro país.
Aitor Llodio, director ejecutivo de Aliarse, explicó que la mayoría de los programas desarrollados mediante APPD en el país se han concentrado en atender temas de educación, medio ambiente y salud.
Las iniciativas han sido promovidas por empresas como BAC Credomatic, Coca Cola, Península Papagayo, Britt, Florida Ice & Farm (Fifco), Grupo Purdy Motor, Procter and Gamble (P&G), Auto Mercado y Walmart, así como, por entes públicos como el Ministerio de Educación Pública (MEP), Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), entre otros.
Un camino con desafíos pendientes
El director de Aliarse mencionó que en el país hay pocas alianzas público privadas las que, en su mayoría, están en etapas embrionarias, de tipo filantrópico, desarrolladas a corto plazo, donde el Estado busca recursos frescos y el sector privado pretende relacionarse con el gobierno y ganar reputación.
“La interacción público privada y el rol del sector privado no está claramente definido, como en la mayoría de países. En Costa Rica vamos por un buen camino pero falta mucho, hay que crear una consciencia colectiva de que tenemos que trabajar juntos”, detalló.
Como parte de las acciones a favor de este tipo de convenios, recientemente se presentó la Política Nacional de Responsabilidad Social, la cual promueve un enfoque de gestión responsable y sostenible entre las empresas públicas y privadas, y organizaciones de la administración pública, así como, entidades de la sociedad civil.
“Las líneas que históricamente han separado a lo público de lo privado, dichosamente se han ido desdibujando y ahora podemos visibilizar el enorme potencial de las áreas que tenemos para trabajar en conjunto de cara a un desarrollo nacional responsable, sostenible e inclusivo”, destacó la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, el día de la presentación.
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Además, se firmó el decreto “Gobernanza para la Implementación de la Política Nacional de Responsabilidad Social de Costa Rica”, para establecer una estructura para su ejecución y seguimiento.
La directora ejecutiva del Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social (CCNRS), Elizabeth Caravaca, explicó que se debe generar la confianza suficiente entre los actores participantes para poder trabajar en conjunto y ofrecer proyectos de interés que impacten al país de una forma positiva y a todos los involucrados.
“Uno de los mayores desafíos es obtener los recursos necesarios y un compromiso por parte de los interesados, así como, cambiar el esquema mental existente para promover nuevas formas de trabajo colaborativo, eliminar las diferencias culturales entre los sectores públicos y privados”, dijo.
Por su parte Yoselin Sánchez, directora de la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación del MEP, resaltó que es de interés del Ministerio desarrollar iniciativas, planes, programas y proyectos a través de las APPD con el fin de mejorar la educación costarricense, integrando actores claves a nivel internacional, nacional, regional y local, de forma eficiente, transparente y sostenible.
“Las alianzas permiten la convergencia de necesidades, intereses, iniciativas y recursos los cuales, orientados a un objetivo común, generarán nuevos núcleos de innovación, inversión y desarrollo social a través de la identificación de nuevas oportunidades de desarrollo”, afirmó Sánchez.
Crear APPD es tan fundamental que se destaca en el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
EF intentó conocer el criterio de la Asociación Empresarial para el Desarrollo, el AyA y la Caja Costarricense de Seguro Social, pero no brindaron respuestas.
