La Contraloría General de la República (CGR) le dio parcialmente la razón a la firma Millicom Cable Costa Rica S.A. en sus objeciones al cartel de la licitación de los 70 MHz para telefonía móvil que realiza la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
La CGR aceptó el cuestionamiento de Millicom respecto a la necesidad de garantizar la disponibilidad de frecuencias microondas y, en especial, que la Sutel debe incorporar en el expediente de la licitación la información para fundamentar el precio base de la subasta, entre otras.
En una resolución emitida este miércoles 15 de febrero la CGR también declaró sin lugar el recurso que presentó Telefónica de Costa Rica S. A.
Claro, por su parte, ya había presentado objeciones al cartel que habían sido resueltas por la CGR anteriormente.
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La nueva resolución se da tras la audiencia del pasado viernes en que recibió a representantes de Millicom, Telefónica, Sutel y del Viceministerio de Telecomunicaciones, en calidad de rector del sector y que –como representante del Poder Ejecutivo– promueve este concurso.
Los recursos de objeción de Telefónica y de Millicom habían sido presentados los pasados 31 de enero y 1 de febrero del 2017, respectivamente.
Millicom había cuestionado en el cartel elaborado por Sutel la falta de referencia a la disponibilidad de frecuencias de microondas, que comunican puntos de comunicación entre sí; el plazo para solicitar aclaraciones al cartel y su incorporación al expediente.
La firma también cuestionó que el cartel no es el mecanismo para el establecimiento de normas de calidad, pues para esto ya existen otros instrumentos emitidos por la misma Sutel, y señaló contradicciones entre el cartel y la normativa existentes sobre el registro de los usuarios de prepago.
Otro punto que había objetado Millicom fue sobre la referencia al origen del monto de la garantía de participación (del 1% al 5% sobre el monto de la cotización u oferta), pues se desconocía el parámetro utilizado por Sutel para el establecimiento de la cifra. Además, lo calificó como “desproporcionado e irrazonable”.
La firma también cuestionó el plazo para la presentación de las ofertas (originalmente establecido para el 13 de febrero y luego modificado para el 30 de marzo) ya que era muy corto para la tramitación de toda la documentación solicitada por Sutel.
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Millicom objetó, adicionalmente, que en el cartel ni en el expediente se encuentra la justificación o análisis para establecer el precio base por bloque de las frecuencias en concurso para la subasta.
También pidió información sobre el software que se usará en la subasta y la necesidad de que los operadores declarados elegibles tengan la misma información de ese sistema.
Y criticó el proceso de reordenamiento de frecuencias que implementará el Poder Ejecutivo, que será de forma paralela a la suscripción de los contratos de concesión.
La Contraloría le dio la razón a Millicom en cuanto a que se debe garantizar la disponibilidad de las frecuencias de microondas y la incorporación de las aclaraciones al expedientes y, sobre todo, en la necesidad de incluir en el expediente la información que justifica el precio base de la subasta.
También aceptó el argumento de Millicom sobre la necesidad de que los operadores elegibles tengan la misma información en las sesiones de entrenamiento para la subasta.
En cuanto al procedimiento de reordenamiento la misma Sutel aceptó que el plazo de la concesión iniciará a partir del momento en que el espectro esté disponible.
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Sin embargo, la Contraloría no le aceptó a Millicom que se tuviese que modificar el cartel para que lo especifique ni en cuanto al plazo para las aclaraciones y le indicó que es válido que el cartel establezca las condiciones de calidad del servicio.
Tampoco se aceptó que existan contradicciones entre la normativa y las condiciones del cartel de la licitación sobre el registro de los usuarios de prepago, ni le dio la razón sobre el plazo para la presenación de las ofertas.
Y sobre el monto de la garantía le indicó a Millicom que el porcentaje ya está indicado en la Ley de Contratación Administrativa y que no justificó porqué lo considera “desproporcionado e irrazonable”.
Por su prate, Telefónica había cuestionado las claúsulas sobre despliegue de infraestructura, la asignación de frecuencias en diferentes bloques y no en forma continua. La CGR rechazó ambas objeciones.
