La resolución de la Contraloría General de la República, que anula el concurso para implementar el proyecto de Red de Acceso de Nueva Generación (Range), pone en aprietos al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para competir en el mercado de Internet ultra banda ancha fijo.
Se trata de un mercado que está en proceso de transición hacia la ultra banda ancha; es decir, redes de fibra que ofrecen a los usuarios la posibilidad de navegar a velocidades que superan los 10 Mbps en el hogar, pero con la posibilidad de bajar y subir contenido a un mismo ancho de banda.
Un mercado al que también quiere sacar provecho Radiográfica Costarricense (Racsa), la Municipalidad de Curridabat, la Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
El objetivo es sobrevivir al boom del Internet de banda ancha móvil, que facilita el acceso a contenidos y la transferencia de datos a un costo menor.
La situación pone en ventaja al proyecto de Racsa – VíaEuropa. La empresa sueca recibió recientemente el permiso para operar la red neutral y abierta. Øyvind Sandaa, director de tecnología de VíaEuropa, había comentado a EF que la ejecución del proyecto se aceleraría al obtener el aval.
Otro beneficiado sería Jasec, si logran solventar rápidamente las debilidades (en el tema de endeudamiento) que identificó el ente contralor en el contrato con la compañía Huawei (el gestor de los servicios de suministro, operación y mantenimiento de la red), para desarrollar la segunda fase de la obra .
Vieja debilidad
La resolución de la Contraloría reitera la posición que ya había emitido al ICE 14 meses atrás: los contratos de fideicomiso deben someterse al requisito de refrendo.
En este caso, la apelación de la empresa Lucent Technologies que objeta la adjudicación del proyecto Huawei, por un asunto de precio, motivó a la Contraloría a frenar el procedimiento, por falta del requisito de refrendo.
¿Qué medida tomará el ICE? Elbert Durán, director de comunicaciones del ICE, explicó, mediante un correo electrónico, que están iniciando un “riguroso análisis” de la resolución de la Contraloría. Durán omitió dar más detalles.
Empero, el ICE planteó, en marzo 2013, un proceso contencioso administrativo cuestionando el criterio vinculante de la Contraloría. Este caso está en trámite. No han sido convocadas las audiencias y ni hay medida cautelar que suspenda los efectos del oficio.
Esto sugiere que serán los Tribunales los que resuelvan el futuro de la red ultra veloz del ICE.