El presidente de la República, Rodrigo Chaves, en su informe de los primeros 100 días de Gobierno, anunció que pondrá a la venta el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS).
No hay nada en la literatura de la Economía que justifique la existencia de empresas públicas. En este sentido es tan disparate ingerir cianuro como mantener empresas públicas. Todas son ineficientes e ineficaces per se y por ende ninguna contribuye al bienestar económico ni social. Dado lo anterior, es absurdo comparar una empresa pública con las joyas de la abuela o con un Rolex tal y como lo hizo el presidente Rodrigo Chaves.
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Prueba de que ninguna empresa pública es eficiente es que ninguna en el mundo sobrevive cuando se someten a una verdadera libre competencia. Todas las empresas públicas en el mundo sobreviven gracias a alguna protección en el mercado dado por ley. La banca estatal no es excepción y esa es la razón por la que reporta “utilidades”. Este proteccionismo en el que operan las empresas públicas crea una pérdida de bienestar que se traduce en menores tasas de crecimiento, mayores precios al consumidor y en menor generación de empleo.
En este sentido, lo correcto es poner a la venta todas las empresas públicas.
Vendamos el 51% de todas las empresas públicas y el 49% restante lo distribuimos gratuitamente entre los costarricenses
El presidente Rodrigo Chaves pretende vender el 100% del BCR y de BICSA y solo el 49% del INS. Sin embargo, es mejor vender el 51% de todas las empresas públicas y que el 49% restante sea distribuido gratuitamente entre los ciudadanos costarricenses mayores de edad.
1. Se vende el 51% de las acciones a un solo comprador por medio de subasta pública.
2. El 49% restante de las acciones se distribuye gratuita e igualitariamente entre cada ciudadano mayor de edad. A cada ciudadano se le entregará 20 acciones por empresa pública y quedará registrado en la Bolsa de Valores.
3. Una vez hecho lo anterior, y de manera simultánea, se deberá: a) Cambiarse la naturaleza jurídica de las empresas públicas para convertirlas en sociedades anónimas regidas por el derecho privado. b) En el caso de monopolios o monopsonios, se romperán y se eliminarían las barreras de entrada en dicha industria con el fin de someter a la empresa a la más dura y libre competencia. c) En el caso de oligopolios creados por ley, se derogarían las leyes que crearon dichos oligopolios. d) Se desregularía la Bolsa Nacional de Valores para permitir la libre compra-venta de acciones de cualquiera de estas empresas.
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Debe venderse al menos el 51% a un solo comprador de modo que a esta se le garantice el control administrativo de la empresa y que pueda hacer los cambios administrativos que considere pertinentes. Una vez vendida el 51% de la empresa, el ingreso se utilizaría para abonar a la deuda pública o para financiar el cierre de entidades públicas no empresariales.
No se puede ser dueño de un bien, sea una casa, un vehículo o una empresa sin poseer un título de propiedad que lo acredite como tal. Es decir, para afirmar que se es dueño de una empresa significa, inequívocamente, poseer acciones y participar de su capital social. Además, ser dueño de una empresa significa recibir utilidades cuando éstas existan y poder disponer libremente de las acciones sea para su venta o traspaso.
Al distribuir el 49% de las acciones a toda persona mayor de edad, haremos realidad que las empresas públicas pertenezcan a los ciudadanos. Estos podrán disponer libremente de ellas, ya sea para conservarlas con el fin de recibir dividendos al final de cada periodo fiscal, para usarlas como garantía de algún préstamo, para venderlas, o bien para heredarlas.
Cada persona recibiría 20 acciones por cada empresa pública de modo que exista la posibilidad de vender una fracción de la participación accionaria y no la totalidad.
Algunas de las empresa públicas que debemos privatizar son: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), la banca estatal (Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Internacional de Costa Rica y el Banco Popular), Radiográfica Costarricense, Correos de Costa Rica, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), las universidades públicas y los hospitales.
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Toda privatización debe ir acompañada de la apertura total de los mercados
Para que se maximicen los beneficios económicos y sociales, la privatización de empresas públicas debe de venir acompañada tanto del rompimiento de monopolios, como de la eliminación de las barreras de entrada que fomentan la creación de oligopolios.
El problema con algunos procesos de privatizaciones, como el caso de Argentina en la década de 1990, es que se vendieron las empresas públicas sin romper el monopolio y sin someter a la industria a la libre competencia. Esto fue el caldo de cultivo para la crisis argentina a finales del siglo XX. Al no romperse los monopolios, no hubo incentivo para invertir (generar empleo), ni para innovar. Por el contrario, la falta de competencia hizo que se explotara al consumidor y se estancara la producción.
El gobierno de Argentina optó, en aquel entonces, por privatizar las empresas públicas sin romper monopolios ni abrir los mercados a la libre competencia porque el gobierno, en un acto perverso, prefirió maximizar el precio de venta de las empresas públicas a costa del desarrollo económico y social de Argentina. Una empresa monopólica tiene más valor de venta que una sometida a la libre competencia porque el monopolio permite cobrar precios mucho más altos. Por tanto, si el gobierno vende una empresa pública sin romper el monopolio y sin someterla a la libre competencia, podrá maximizar ingresos por concepto de venta, pero a la vez estaría perjudicando el desarrollo económico, la generación de empleo, la inversión y el crecimiento de los salarios a base de productividad.
Los gobiernos no deben buscar políticas que maximicen el nivel de recaudación fiscal porque el ciudadano no debe vivir para satisfacer cuanto capricho se le antoja al gobierno. En una sociedad de ciudadanos libres, cada persona dispone libremente del 100% de su ingreso y de su propiedad.
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Por otra parte, los procesos de licitación deben ser transparentes y libres de corrupción. En Chile, por ejemplo, si bien la venta de empresas públicas vino acompañado de la apertura de los mercados, muchas empresas se vendieron por debajo de su valor de mercado con el fin de favorecer a los compradores. Esto no es correcto.
En Costa Rica, debemos democratizar la venta de empresas públicas y a la vez abrir los monopolios en fabricación de alcohol etílico, refinamiento y distribución de combustibles, así como eliminar barreras para permitir la libre generación, distribución y comercialización energética por parte del sector privado. También deberán eliminarse las barreras de entrada en el mercado de seguros, telecomunicaciones, servicios financieros, educación y otros.
¿Por qué toda empresa pública es ineficiente?
El sector público es ineficiente e ineficaz per se por varias razones. La primera es que nadie cuida mejor que aquello que se ha ganado con esfuerzo propio. No es lo mismo un emprendedor que ha sacrificado su familia, el sueño y sus ahorros para montar su negocio, que un burócrata al que simplemente colocan como presidente ejecutivo de una empresa pública.
Por otra parte, la Economía nos enseña que el funcionario público no es ningún santo en busca del bien común sino un ser humano como cualquier otro cuya prioridad es su propio interés. Es decir, el funcionario público tiene el mismo afán de lucro que cualquier otra persona, y es tan egoísta o solidario como cualquier emprendedor. Es por esta razón que el funcionario público a cargo de una empresa pública tiene los incentivos para abusar de la misma en beneficio propio en vez de promover el bienestar de la sociedad.
La evidencia empírica en todo el mundo confirma lo que nos dice la teoría. Según el informe “Bureaucrats in Business” (1995) del Banco Mundial, los “gobiernos se desempeñan menos bien que el sector privado”. La caída del muro de Berlín y el fracaso del imperio de la URSS donde ni una sola de los cientos de empresas públicas sobrevivió, debió ser prueba suficiente para privatizar todas las empresas públicas desde ese entonces.
La capital de Costa Rica fue una de las primeras ciudades en el mundo de disfrutar de iluminación eléctrica. Esto se dio cuando en Costa Rica la electricidad se abastecía de manera privada. Luego vino el ICE y en estos momentos el país sufre un atraso en la tecnología 5G debido al mismo ICE que se opone a liberar las frecuencias. ¡Ni pica leña ni presta el hacha!
Quien desee profundizar en por qué el gobierno es ineficiente e ineficaz per se lo invito a leer mi artículo El gobierno es ineficiente e ineficaz per se y por eso debe ser mínimo.
No hay nada en la Economía que justifique la existencia de empresas públicas. Tampoco hay nada en la medicina que justifique la ingestión de cianuro. Por tanto, así como la ingestión de cianuro debe ser nulo, del mismo modo no debe haber ni una sola empresa pública. ¡Privaticemos ya!