Economía y Política

Fanal, ¿una empresa invendible?

Fanal se creó en 1853, en el contexto de un control histórico de las autoridades a la producción de alcohol. Hoy adeuda más ¢20.000 millones y su futuro está sobre la mesa. ¿Se puede vender Fanal y en qué condiciones? Analizamos.

La Fábrica Nacional de Licores (Fanal) parece ser una empresa invendible. Si se abre el monopolio de la producción de aguardiente y alcohol, es poco el valor adicional que ofrecería la compañía como un todo. Más allá de algunos intangibles como la marca Cacique y ciertos activos como sus terrenos, Fanal realmente es una empresa ahogada en deudas y que en la mayoría de los últimos años ha cerrado en números rojos.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, propuso dar en concesión “o incluso vender” a Fanal en febrero de 2020, cuando se desempeñaba como ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado. Ahora que es mandatario, Chaves y su gobierno analizan si plantean de nuevo la venta de la fábrica creada en 1853 o si más bien proponen alguna otra salida para la empresa estatal.

“El humo blanco” sobre la situación de Fanal debería salir este mismo año, según el presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP), Víctor Julio Carvajal. “O al menos el humo”, matizó en una reciente entrevista con EF, realizada el 18 de julio pasado. El escenario de la compañía, manifestó el jerarca de 31 años, “no permite darle largas al asunto”.

Un estudio hecho por la firma consultora KPMG, a pedido de la administración anterior, determinó que el valor estimado del negocio de Fanal es de unos ¢41.461 millones.

La situación, sin embargo, es compleja para la entidad. Acarrea pérdidas incluso a pesar de que el Estado cuenta con el monopolio para la producción de aguardiente, alcohol y toda bebida alcohólica en Costa Rica, con excepción de cervezas, vinos elaborados mediante fermentación natural cuyo contenido alcohólico no exceda el 12%, y preparaciones alcohólicas mezcladas con sustancias alimenticias.

El mayor valor de la empresa lo aportan sus bienes inmuebles. Hablamos de activos por hasta ¢19.094 millones, los cuales incluyen el terreno de la compañía en Grecia, Alajuela. La tierra y las edificaciones de Fanal se tasaron en ¢5.036 millones y ¢7.309 millones, respectivamente; mientras que el equipo, la maquinaria y el mobiliario en ¢6.750 millones.

Los activos intangibles de la entidad, por su parte, se valoraron en ¢8.851 millones. Entre ellos, destacan el valor de la cadena de distribución ya formada por la empresa estatal (valorada en ¢2.342 millones), del monopolio gubernamental que ostenta y de la marca de guaro Cacique (valorados en ¢2.221 millones, cada uno).

Aparte de Cacique, el resto de marcas de la Fanal (como Vodka Zar, Super Cañita, Anís Imperial, Ron Marqués y similares) apenas agregan ¢126 millones.

El valor público de la empresa, que brinda alcohol al costo a los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otros servicios al Estado, se tasó en ¢949 millones; mientras que sus fórmulas secretas en ¢692 millones.

Desde la tercera semana de setiembre la Fábrica Nacional de Licores no produce guaro Cacique y para octubre del 2021 los bares y restaurantes no tenían para vender

Los números anteriores parecieran hablar de una empresa con una base patrimonial importante. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que los pasivos de la entidad son altos. El mismo estudio de la empresa KPMG determinó que la deuda tributaria de la fábrica era de unos ¢21.653 millones hasta abril de 2021; en otras palabras, poco más de la mitad del valor total de su negocio.

Las deudas tributarias de la compañía corresponden principalmente a obligaciones con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Ministerio de Hacienda. De ese monto total, ¢13.389 millones se contabilizan como deudas ya registradas contablemente y ¢8.264 millones como deudas contingentes (dependientes de acontecimientos futuros, pendientes de arreglo de pago o sentencia judicial).

Mucho de esas obligaciones corresponde a montos que no se pagaron a tiempo por diferendos legales desde inicios de siglo, y cuyas cuentas ahora registran intereses aplastantes.

Los estados financieros de Fanal tampoco dibujan el mejor escenario. La empresa registró un superávit de ¢459,4 millones en su resultado neto del período 2021, pero en 2020 el resultado había sido negativo en ¢1.930,4 millones y, según el presidente ejecutivo del CNP, Víctor Carvajal, los números rojos volverían este año. “El año pasado se tuvieron ganancias, pero este año está complicado”, afirmó.

La situación es compleja para Fanal incluso si se toman como referencia esos estados financieros, los cuales han sido duramente criticados por la Contraloría General de la República (CGR).

En su informe DFOE-SOS-IF-00006-2021, publicado a finales de 2021, la CGR señaló que los estados financieros hasta 2020 no seguían criterios relacionados con las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif) –en detrimento de “la razonabilidad de los saldos que se consignan”– y también cuestionó limitaciones en sus notas explicativas, entre otras cuestiones de peso.

Con este escenario a cuestas, las posibles salidas para Fanal no son sencillas ni muy atractivas.

Las deudas de la institución no ayudan para pensar en una venta de la empresa que, según dijo en su momento el expresidente Carlos Alvarado al periódico La Nación, podría quebrar en 10 años y arrastrar consigo a todo el CNP si no se corrige su situación financiera.

Vender una empresa endeudada es complejo y más aún si se abre el monopolio (lo cual le restaría parte de su valor); sin embargo, el economista José Luis Arce señaló que una posibilidad sería cerrar la entidad, abrir el monopolio del que hoy goza y vender sus activos por separado.

“Se puede vender la marca Cacique, los aparatos que sirvan, los terrenos y lo que se vende puede servir para cancelar las deudas”, observó. “Ahí la pregunta es si le quedaría al Estado o no una pérdida que deba asumir todavía. Hablamos de una fábrica que vale más por pedacitos que junta, pero habría que ver qué se hace con los costos fiscales si se terminan generando pérdidas”.

En ese caso no se estaría hablando de una venta de Fanal en el sentido estricto sino del cierre de la compañía, que actualmente emplea a unas 180 personas, según el CNP.

Vender la empresa y dejar cerrado su monopolio, por otra parte, es una idea que no se ha manejado. Esto es así porque hacerlo sería crear un monopolio privado con el visto bueno del Estado.

Otra opción para Fanal sería continuar desarrollándose como una empresa pública en monopolio (para que no pierda su valor y su mercado), pero mejorando sus condiciones para invertir y mejorando sus niveles de producción. Eso, sin embargo, sería una apuesta por mejorar su ya cuestionada eficiencia y por mantener las condiciones actuales del mercado.

Ello incluso podría implicar una reforma a la regla fiscal. Según el actual presidente del CNP, este mecanismo es hoy una amarra que le resta posibilidades a la compañía de vender más, al limitar las compras que hace. “No podemos vender más porque no podemos comprar más. En este momento el costo de la materia prima se considera un gasto corriente, entonces por ahí no lo podemos hacer”, afirmó.

El gobierno de Carlos Alvarado también planteó la opción de mantener a Fanal como empresa del Estado, pero concesionarla. Según dijo el exmandatario en su momento, su administración no veía un beneficio público en la apertura del monopolio del alcohol y, en cambio, consideraba que un concesionario podía dar sostenibilidad a la empresa y mantener su valor tributario para el IFAM, el Inder y la Hacienda Pública.

La Fanal ingresó por impuestos ¢11.058 millones en 2019 y ¢15.017 millones en 2020 (año de la pandemia), según los estudios hechos por KPMG, relacionados con el consumo, la producción y la venta de alcohol.

El gobierno anterior envió un proyecto de ley para convertir a Fanal en una sociedad anónima y sacarla de la regla fiscal, al cierre de su mandato; sin embargo, el texto bajo el expediente 23.092 nunca avanzó más allá de su mera presentación.

El sector industrial, sin embargo, aboga por una apertura total del monopolio. Según considera, daña el aprovisionamiento de alcohol industrial y resta competitividad al país. “Los monopolios deberían ser una discusión ya acabada, máxime cuando hablamos de acceso a materia prima, ya que el impacto se siente en toda la cadena productiva y en los productos finales. En este caso, el sector industrial se ve obligado a comprar únicamente en Fanal, el alcohol requerido como materia prima para otros productos que se fabrican en el país o bien en desinfección de sus procesos productivos en múltiples actividades”, afirmó Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias (CICR).

Según Montenegro, la situación deja a las empresas en riesgo de desabastecimiento ante cualquier trámite administrativo o limitación legal que tenga Fanal; una empresa que de por sí ya compra alcohol a ingenios privados para su distribución.

“La venta a la industria de alcohol hoy solo la realiza Fanal, pero hay otros productores que tienen que vender a Fanal, creando un paso innecesario en la cadena de abastecimiento que encarece los costos innecesariamente”, puntualizó.

El negocio del alcohol no bebible representa apenas una quinta parte de las ventas de Fanal, según sus datos de ingresos en 2021 reportados en el estudio de KPMG. El resto lo acaparan los licores finos y corrientes.

Qué se hará finalmente con la Fanal; sin embargo, es todavía una incógnita. El CNP trabaja en un análisis de las cuentas de la compañía y dice que planteará una propuesta en los próximos meses.

La bancada del Partido Liberal Progresista (PLP) presentó, este 27 de julio, un proyecto de ley mediante el cual plantean la apertura total del monopolio sobre la producción de alcohol.

Además, impulsan la transformación de Fanal en una sociedad anónima de capital mixto y la autorización al Estado para que venda hasta un 49% de su capital. Según la diputada Kattia Cambronero, “no existe una sola razón en este momento para mantener el monopolio” y el dinero de la venta de participación se usaría para el pago de deuda. Su trámite apenas iniciará en el Congreso, pero habla de un debate que está –y que se quiere– sobre la mesa.

El monopolio sobre la producción de alcohol es una realidad en Costa Rica desde 1950; sin embargo, el control sobre la actividad se remonta al período colonial.

La monarquía española ejerció controles mercantiles sobre productos como el tabaco y el aguardiente para asegurarse el dominio sobre sus colonias en la segunda mitad de los años 1700, como parte de sus reformas borbónicas. Así lo reseñó la investigadora Ileana D’Alolio en su artículo El estanco de aguardiente en Costa Rica: formación de Estado y política fiscal, publicado por la Revista de Historia de la Universidad de Costa Rica en el año 2014.

“El estanco de aguardiente funcionó regularmente desde 1784, y la monarquía procuró obtener el control sobre la comercialización y fabricación del aguardiente dentro de la provincia, por medio de la figura del arrendatario del ramo”, escribió la académica.

Dichos estancos del tabaco y el aguardiente funcionaron como una fuente importante de recursos hacia el cierre de la colonia y en el inicio de la vida independiente de la región.

Fue hasta 1850 que se definió, vía decreto, concentrar en manos del Estado la destilación del alcohol etílico y la producción de bebidas alcohólicas en forma de monopolio. Ello, a su vez, derivó en la creación de Fanal en 1953 bajo el nombre de Fábrica Nacional de Aguardientes, según los registros de la propia institución.

Ya para entonces no solo se planteó como una fuente de ingresos para el Estado, sino además como un mecanismo de control sanitario y sobre el contrabando, aunque este siempre existió.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado en distintas ocasiones que la participación del Estado costarricense en la economía es mayor que el promedio de ese club de países.

En su último informe de Estudios Económicos sobre le país en 2020, la entidad añadió que, si bien las empresas estatales actualmente no presentan un gasto significativo en el presupuesto costarricense en términos generales, pueden tener un impacto significativo por sus situaciones individuales.

En ese sentido, recordó el caso de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva), cuyo plan de rescate y reestructuración amplió el desequilibrio presupuestario del Estado en años recientes.

Sobre la situación específica de Fanal, el expresidente del CNP, Ángel Jiménez, ya decía a finales de la administración anterior que las deudas crecen como una bola de nieve y cada vez se hacen menos manejables. Es por ese motivo que el actual jerarca, Víctor Carvajal, dice que no hay mucho tiempo para tomar decisiones sobre la entidad.

¿Tiene sentido que Costa Rica todavía tenga un monopolio sobre la producción del alcohol?: “Es algo que estamos valorando en este momento para poder tomar la decisión correcta. Lo cierto es que las condiciones han cambiado de aquel momento en el cual se pensó en la producción de alcohol”, respondió Carvajal consultado a EF.

¿Tiene sentido todavía y, si lo tiene, cómo hacerlo sostenible?, esa es la cuestión.

Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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