Por: Francisco Ruiz León.   19 abril
En el país existen cinco marinas costeras y actualmente se construye uno más en playa Flamingo, Guanacaste. (Fotografía: cortesía ICT)

Costa Rica da un espaldarazo a las marinas y al turismo náutico a través de la nueva Ley de Impulso a las Marinas Turísticas y Desarrollo Costero (9977), firmada el 5 de abril por el presidente de la República, Carlos Alvarado.

El objetivo del Ejecutivo es atraer a más embarcaciones, de mayor tamaño, y que puedan permanecer en el país por más tiempo, con la intención de reactivar las actividades que acompañan a este tipo de turismo y dinamizar las economías costeras.

“Esta es una muestra más de cómo la visión de los inversionistas puede encontrarse con la gestión del poder Ejecutivo y la legislativa”, afirmó el ministro de Turismo, Gustavo Segura, durante la conferencia de firma de la ley, realizada en Quepos.

El tema puso de nuevo en el foco el rol de las marinas y su impacto económico en las comunidades donde se ubican.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) asegura que las marinas han impulsado encadenamientos productivo locales, aunque están en marcha estudios para validar este aporte.

¿Qué dice la nueva ley?

La nueva legislación permitirá a embarcaciones cuya eslora sea de 24 metros o más desarrollar en aguas y territorio costarricense actividades de transporte acuático, buceo y de recreo, bajo la modalidad de arrendamiento o charteo.

El charteo es el alquiler de la embarcación por un periodo de tiempo determinado, actividad que el país no tenía habilitada para yates de tal tamaño.

Esta modalidad no debe confundirse con el charteo que ofrecen botes nacionales, aclaró Jeff Duchesneau, gerente general de la marina Pez Vela y presidente de la Asociación de Marinas de Costa Rica.

“Esto no es competencia desleal, no es un bote que viene con otra bandera para competir con los botes costarricenses. Estos son botes enormes y solamente hacen charteos semanales”, dijo Duchesneau.

Se trata de un segmento de alto poder adquisitivo al que el país le está apuntando para competir con naciones de Europa y del Caribe, con el fin de dinamizar las actividades turísticas en las comunidades costeras, como el buceo y la pesca deportiva.

“Un pasajero de yates de lujo o crucero pequeño gasta más dinero en Costa Rica que el promedio de un pasajero de crucero grande. Nos interesa que lo más selecto del segmento de viajeros que disfrutan del turismo náutico vuelva sus ojos hacia el país”, manifestó Oscar Villalobos, director ejecutivo de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (Cimat).

Para la realización del charteo, la ley estipula que las embarcaciones deberán contar con una autorización emitida por el ICT, así como formalizar un contrato con una marina turística y cumplir con los requisitos establecidos vía reglamentaria.

Además, se crea la licencia de charteo que deberá ser cancelada por dichas embarcaciones extranjeras y cuya tarifa será del 2,5% sobre los ingresos brutos del servicio brindado.

Otro de los cambios más significativos es la ampliación del tiempo máximo de permanencia en el país para las embarcaciones de bandera extranjeras.

Hasta ahora, el plazo en territorio costarricense era de 90 días y luego debían salir por otros 90 días antes de regresar y renovar el permiso.

“Nos interesa que lo más selecto del segmento de viajeros que disfrutan del turismo náutico vuelva sus ojos hacia el país”, manifestó Oscar Villalobos, director ejecutivo de la Cimat.

Con la nueva ley, las embarcaciones podrán permanecer bajo un régimen de importación temporal hasta por seis meses, prorrogables por períodos iguales de manera continua hasta por un máximo de dos años.

Al finalizar el plazo máximo, deben salir como mínimo 90 días fuera de aguas nacionales para optar nuevamente por el régimen de importación temporal.

Eso implica que, durante el periodo de estancia, las autoridades deben conceder a la tripulación un permiso de trabajo temporal, cuando así se requiera.

Además, la ley autoriza a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a otorgar una categoría especial migratoria a favor de los trabajadores extranjeros de las embarcaciones que mantengan contratos con las marinas o los atracaderos turísticos, según las condiciones establecidas reglamentariamente.

Para poder obtener dicha categoría, los tripulantes u oficiales de alto rango deberán demostrar que no poseen antecedentes ni condenatorias penales en Costa Rica ni a nivel internacional.

Ante consulta de EF, la DGME aseguró que están a la espera de la reglamentación de ley para determinar los requisitos y la forma en que se va a autorizar esta categoría.

Asimismo, la institución aclaró que en las marinas se aplica el procedimiento señalado en el Reglamento de Control Migratorio, el cual obliga a todo medio de transporte marítimo internacional a remitir un listado de sus pasajeros, tripulantes y personal.

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Un tercer punto de la ley es que da algunos incentivos y facilidades a las marinas.

Por ejemplo, el período de concesión se amplía de 35 a 40 años y además se les permite dar la propia concesión y sus edificaciones en garantía para efectos de solicitudes crediticias.

“Agregando cinco años más se motiva a los inversionistas a hacer más construcciones y desarrollos en sus marinas”, afirmó Duchesneau.

Según el empresario, a través de estos cambios se espera duplicar la cantidad de puestos de atraque en el país, que actualmente es de 800.

Impacto

En el país existen actualmente cinco marinas: Bahía Golfito y Banana Bay, en Golfito; Los Sueños, en Herradura; Pez Vela, en Quepos; y la de Papagayo. Además, se construye una nueva en Flamingo y hay posibilidades de una más en Tambor, según Duchesneau.

A pesar de que existió oposición por parte de algunas organizaciones en sus inicios, las marinas se han abierto paso poco a poco en la costa pacífica del país.

Actualmente no hay datos robustos sobre el impacto económico que han tenido estos complejos en las comunidades que los rodean, pero se están desarrollando estudios en este tema, aseguró el director ejecutivo de la Cimat.

Villalobos comentó que las cinco marinas en conjunto han llegado a emplear de manera directa a 2.500 personas y generan un “importante número” de empleos indirectos.

El director agregó también que el número de embarcaciones que atienden las marinas ha venido en aumento desde el 2011, con un promedio general del 8%, lo que se traduce en 27 embarcaciones nuevas por año.

La vicealcaldesa de Quepos, Vera Elizondo, afirmó que la marina de ese cantón brinda un “gran apoyo” a la economía local y a las necesidades de las comunidades.

Elizondo se mostró optimista sobre los resultados que esta nueva ley puede traer para las marinas y, en particular, a su municipio.

“Esto es un ganar-ganar porque nuestra municipalidad percibirá mayor ingreso económico por los impuestos que se generen con las diferentes actividades que realicen los empresarios del cantón”, dijo la vicealcaldesa.

El presidente de la Cámara de Comercio de Quepos, Christian Fallas, coincidió en que la marina ha sido un proyecto “estrella” que ha colocado al cantón en una posición atractiva y destacó el involucramiento que existe con la comunidad.

Duchesneau mencionó que la inversión de las cinco marinas en conjunto suman $500 millones.