Con 34 votos a favor y 17 en contra y solo 51 de 57 legisladores presentes en el plenario, los diputados aprobaron, la tarde de este lunes, en segundo debate, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que permitirá al Gobierno aumentar los ingresos por la vía de impuestos y generar recortes en el gasto público, especialmente en salarios.
La resolución completa que emitió la Sala Constitucional sobre la reforma fiscal, fue enviada a la Asamblea Legislativa a las 12:35 p.m. de este lunes. La llegada del texto de 345 páginas permitió al Directorio Legislativo avanzar con la votación del proyecto de ley en segundo debate.
El expediente 20.580 no requería de 38 votos para ser aprobado en segundo debate debido a que el texto superó el tamiz de la constitucionalidad y tampoco contenía elementos que afectaran la independencia del Poder Judicial.
El proyecto de reforma fiscal fue aprobado en primer debate, el pasado viernes 5 de octubre, con 35 votos a favor y 22 sufragios en contra.
Ahora el expediente 20.580 será enviado a Casa Presidencial para que Carlos Alvarado firme la ley y se publique en el diario oficial La Gaceta, una vez que supere este proceso, entrará en vigor.
Consulte el texto completo de la resolución de los magistrados sobre la reforma fiscal en el siguiente documento adjunto.
A las 3:10 p.m. el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y primer secretario del Directorio, Luis Fernando Chacón, hizo lectura del por tanto de la resolución emitida por los magistrados constitucionales sobre las tres consultas facultativas que enviaron los diputados al texto de la reforma fiscal.
Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del PLN, tomó la palabra en el plenario a las 3:20 p.m. para hacer un llamado a los legisladores con el fin de que se consumara la “inminente” votación en segundo debate del plan de ajuste tributario.
La legisladora independiente Ivonne Acuña, del bloque Nueva República, fustigó el plan de ajuste tributario minutos antes de su aprobación. Lo hizo durante su intervención de control político.
“Estoy a favor de una reforma fiscal, pero no de esta reforma fiscal que fue impuesta”, cuestionó Acuña.
Carlos Avendaño, jefe de la bancada del Partido Restauración Nacional (PRN), retomó su preocupación por los recursos que se dirigirán al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pese a que la Sala Constitucional tampoco encontró vicios sobre la eliminación de destinos específicos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), debido a que se mantiene la asignación presupuestaria nominal en el presupuesto vigente.
Para José María Villalta, diputado del Frente Amplio, el capítulo de la reforma fiscal quedó atrás y los esfuerzos de los legisladores deben enfocarse a los proyectos de de ley complementarios como el que busca gravar con el impuesto de renta las ganancias de las grandes cooperativas y el que aplica Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los insumos que compran las empresas de zonas francas para producir bienes que se venden en el mercado local.
Villalta considera que es momento de que los sindicatos y el Gobierno retomen el diálogo para buscar el final de la huelga.
Paso por la Sala IV
El pasado viernes 23 de noviembre, los jueces magistrados de la Sala Constitucional no encontraron vicios de procedimiento ni de fondo sobre la reforma fiscal, tras las consultas enviadas por los diputados semanas atrás.
“Por unanimidad, la Sala no encuentra ni vicios de procedimiento ni problemas de constitucionalidad ni por la forma ni por el fondo”, señaló el magistrado presidente de la Sala IV, Fernando Castillo, al referirse a la decisión de tomada a las 9:45 p.m. tras una extensa sesión que arrancó a las 9:00 a.m. de ese viernes.
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Los magistrados analizaron una a una las tres consultas enviadas por los legisladores sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580), pero se limitaron a resolver solamente los puntos señalados por los congresistas.
Esta es la primera vez que el proceso de vía rápida -208 Bis- aplicado a una reforma fiscal, pasa el filtro de la Sala Constitucional.
Sus predecesoras Proyecto Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal de la administración Pacheco de la Espriella (2002- 2006) y el Proyecto de Solidaridad Tributaria del gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), quedaron enterradas después del análisis de los magistrados.
IVA en detalle
El proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocido como reforma fiscal, es la última oportunidad que tiene Costa Rica para evitar un golpe a su credibilidad ante los mercados internacionales.
Esta iniciativa actualizaría el impuesto de ventas que rige desde 1982, el de renta que data de 1988 y transformaría el pago de incentivos a los empleados públicos que fueron creados en 1957 con la Ley de Salarios de la Administración Pública.
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El cuarto capítulo de la reforma introduce una regla fiscal para limitar el crecimiento del gasto público y sujetarlo directamente al nivel de deuda que tenga el país en cada presupuesto nacional.
El plan de ajuste tributario llega justo para el cierre del 2018. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyectó que el déficit fiscal del país alcanzará el 7,3% del Producto Interno Bruto (PIB) a finales de año y la deuda pública llegará al 53,5% del presupuesto nacional del 2019.
El país es una de las pocas naciones del mundo que todavía no implementa el IVA, con el cual se obtendrán más ingresos porque se cobra a todos los productos y la mayoría de los servicios.
El IVA es un tributo en el que el último participante de la cadena de producción de bienes y servicios debe acreditar los impuestos que pagaron los intermediarios en todo el proceso.
El sistema del IVA permite revisar quiénes cumplieron con la cancelación de los tributos a lo largo de toda la cadena, lo que se conoce como trazabilidad.
El Impuesto al Valor Agregado también ayuda a generar controles en el tributo de renta a proveedores de servicios que actualmente están exentos como los abogados, los contadores públicos y los médicos privados.
El IVA despertó un candente debate legislativo, principalmente sobre la propuesta de aplicar el impuesto a los productos que forman parte de la canasta básica.
El Gobierno pretendía cobrar un 4% de impuesto a la canasta básica, un grupo de diputados quiso exonerarla por completo y finalmente los acuerdos tejidos en el Congreso terminaron con una tarifa del 1% con la condición se invertir el dinero recaudado en la creación de nuevas pensiones para el régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Alrededor del IVA también se levantaron férreas discusiones sobre las propuestas de gravar los servicios privados de educación y salud, los medicamentos y las compras de las universidades públicas.
Renta y cooperativas
El impuesto de renta que rige en el país desde 1988 también podría ser actualizado con la aprobación de la reforma fiscal. El sistema actual cobra un porcentaje a las utilidades de las personas o empresas que tienen actividades lucrativas en el país.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas introduce la globalidad del tributo para que los contribuyentes sumen todas sus fuentes de ingreso y paguen renta sobre ese total, incluso cuando algunas de sus ganancias ya están gravadas con otros impuestos.
Una de las pugnas más mediáticas que se libró en el Congreso fue la propuesta de aplicar el impuesto de renta a las ganancias de las cooperativas, las cuales están exoneradas.
En la actualidad, las cooperativas pagan un 5% de impuesto de renta sobre los excedentes que reparten entre sus afiliados a fin de año y cargas parafiscales destinadas a instituciones del sector.
Los cooperativistas defienden que habían suscrito un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para aumentar su aporte -mediante el pago de impuestos- a partir del 2019 con la entrada en vigor de la reforma fiscal.
Luego de una intensa discusión sobre la posibilidad de incluir el cobro del impuesto de renta a las cooperativas dentro de la reforma fiscal, finalmente los diputados tomaron otro camino y crearon otro proyecto de ley impondría un nuevo sistema de tributos para este tipo de instituciones.
El proyecto de ley se llama “Impuesto sobre los excedentes de las asociaciones cooperativas” y ya fue presentado ante la Secretaría del Directorio con el apoyo de diputados de las siete fracciones legislativas.
Las metas esperadas
La estrategia del Gobierno con la reforma fiscal es aumentar los ingresos por medio de la transformación del tributo de ventas en el IVA y con la modernización del esquema de renta.
El segundo paso es contener y recortar el crecimiento del gasto público, principalmente en los pluses e incentivos que se pagan a los empleados del Estado.
En este apartado, se introdujeron reformas importantes que cambian el pago de algunos pluses que fueron creados en 1957 y que drenan las arcas públicas cada mes.
El Gobierno planteó una reforma fiscal que pretendía generar ¢468.000 millones entre aumentos por la vía de ingresos (impuestos) y recortes al gasto público.
P^l texto que se modificó en la Asamblea Legislativa permitiría obtener cerca de ¢422.400 millones cada año entre ingresos y recortes. El ajuste que le hicieron los diputados rondó los ¢45.600 millones.