Por: Manuel Avendaño Arce.   16 octubre, 2018
05/10/2018 Asamblea Legislativa. Primer debate de la reforma fiscal en el Plenario Legislativo. Los jefes de fracción Carlos Ricardo Benavides (PLN) y Victor Morales Mora (PAC) con Carlos Avendaño (PRN), minutos antes de la votación. Foto: Rafael Pacheco.
05/10/2018 Asamblea Legislativa. Primer debate de la reforma fiscal en el Plenario Legislativo. Los jefes de fracción Carlos Ricardo Benavides (PLN) y Victor Morales Mora (PAC) con Carlos Avendaño (PRN), minutos antes de la votación. Foto: Rafael Pacheco.

Luego de que se construyera un acuerdo legislativo que permitió aprobar la reforma fiscal con 35 votos a favor el viernes 5 de octubre, los diputados empezaron a tejer una serie de negociaciones para arreglar algunos temas polémicos durante la discusión del proyecto.

Los cambios servirán para corregir el tributo de renta que se aplicará a las cooperativas, además del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con el que se gravarán los insumos que compren las empresas de zonas francas para producir bienes que se vendan en Costa Rica.

Otros arreglos que se harán al plan fiscal están relacionados con el pago del incentivo por recargo de funciones administrativas que reciben los docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP), las transferencias específicas para instituciones como las universidades y el desenganche de los médicos.

Los diputados trabajan en la creación de proyectos de ley -algunos ya fueron presentados- con el objetivo aprobarlos luego de que la reforma fiscal se someta a votación en segundo debate.

“Los proyectos de ley son temas paralelos que vienen a subsanar ciertas dudas y vienen a acomodar de una mejor manera algunas inconsistencias que hay entorno a sectores”, Carlos Avendaño, jefe de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN).

Los cinco proyectos de ley se dispensarán de trámite, es decir, no caerán en discusión legislativa para que se puedan aprobar después de que el plenario avale el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

1- IVA a zonas francas

La reforma fiscal aprobada el 5 de octubre amplió la exoneración del IVA para las empresas que se encuentran dentro del régimen de zonas francas.

En la actualidad estas compañías no tienen que pagar impuesto de ventas por los insumos que compran para producir bienes que se exportan a otros países.

El texto avalado por los legisladores en primera instancia amplió esa exoneración para las materias primas que se compran -importan- para fabricar productos que se venden dentro de Costa Rica.

Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), explicó que se creará un proyecto de ley para corregir esa situación.

La nueva iniciativa gravará con el IVA los insumos que compren las empresas de zonas francas para producir bienes que se vendan en el mercado local.

Esta propuesta de ley es promovida por la fracción liberacionista que firmó un acuerdo con las bancadas del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Partido Restauración Nacional (PRN).

Erwen Masís, jefe de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que su agrupación política está interesada en “arreglar” el IVA para los insumos de las empresas de zonas francas.

“Que quede claro que no se está abriendo la posibilidad a que puedan realizarse ventas en el país distintas a lo que establece el artículo 20 de la Ley de Zonas Francas que fija algunos límites para las ventas nacionales y para las exportaciones”, comentó Masís.

El objetivo de este proyecto de ley es permitir una competencia justa entre las empresas nacionales y las que operan bajo el régimen de zonas francas.

2- Renta para cooperativas

Luego de que se desechara una moción impulsada por María Inés Solís, diputada del PUSC, que buscaba gravar las utilidades de las cooperativas con el impuesto de renta dentro de la reforma fiscal. Ahora las bancadas legislativas trabajan en la creación de un nuevo proyecto de ley para cobrar ese tributo.

Un acuerdo suscrito entre las fracciones del PAC, PLN, Restauración Nacional, Frente Amplio (FA) y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) abrió la puerta para crear una iniciativa que pretende aplicar renta a las cooperativas.

Laura Guido, diputada del PAC, trabaja de cerca en la construcción del texto que crearía un impuesto de renta sobre los excedentes de las cooperativas.

“Hay dos perspectivas, una que quiere cobrar renta sobre las utilidades y la otra que quiere cobrar el impuesto sobre los excedentes en una nueva modalidad. Nosotros creemos que la de excedentes es más adecuada para el sistema cooperativo porque estas instituciones no obtienen utilidades o dividendos, si no que ganan excedentes”, apuntó Guido.

De acuerdo con la legisladora oficialista, el texto que se desarrolla a la luz del acuerdo entre las fracciones aplicará los mismos tramos de renta que se utilizan para gravar las pymes, pero con otra base de ingresos que se ajustará a la realidad de las cooperativas.

“Estoy totalmente de acuerdo en el tema de gravar cooperativas, sin duda alguna, el PUSC estebe presentando una propuesta, pero se iba a gravar a las cooperativas todas con el mismo impuesto, pero hubo un consenso de hacer un gravamen escalonado según el tamaño de la institución”, Otto Roberto Vargas, jefe de fracción del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

La diputada socialcristiana, María Inés Solís, sostiene otra propuesta para gravar las utilidades de las cooperativas.

Erwen Masís, jefe de los rojiazules, indicó que existe voluntad de su fracción de crear una ley que permita cobrar impuestos a las cooperativas en relación con el tamaño que tienen y con las ganancias que generan.

Las fracciones legislativas negocian para buscar un texto de consenso.

3- Incentivo por recargo a docentes

El martes 9 de octubre, Wagner Jiménez, diputado del PLN presentó un proyecto de ley que protege el pago del incentivo salarial que se reconoce a los docentes cuando asumen tareas administrativas como recargo de sus funciones.

Esta iniciativa cuenta con el visto bueno del Ministerio de Educación Pública (MEP) debido a que es más barato para el Estado pagar un recargo a un profesor para que asuma funciones administrativas en un centro educativo, que contratar a un nuevo empleado para esas tareas.

El texto contó con un amplio apoyo de diputados de casi todas las bancadas del Congreso.

“De los cinco proyectos que se están mencionando, hay cuatro en los cuales hemos participado en la discusión. El de los educadores es un tema que nosotros defendimos desde un principio, esas medidas que se metieron en el capítulo de empleo público sin duda golpean el salario de los educadores”, José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio.

El transitorio “r” del Título III del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas reduce el pago del sobresueldo de un 50% (como está fijado en la actualidad) a un 25% para cada categoría.

El proyecto de ley presentado por Jiménez propone que se elimine ese transitorio con el fin de mantener el pago del sobresueldo por recargo en el 50%.

La propuesta también incluye una “interpretación auténtica” para que los docentes que reciban un ascenso y asumen funciones administrativas como directores en un centro educativo, puedan tener contratos que les permita cobrar el plus por dedicación exclusiva tal y como se paga en la actualidad.

4- Desenganche salarial de los médicos

Las fracciones del PAC, PLN, PUSC, PRN y Frente Amplio cerraron otro acuerdo para eliminar el enganche que permite aumentar el salario de los médicos y otros profesionales en el área de la salud cada vez que se ajustan los sueldos de los empleados públicos.

El desenganche médico fue uno de los temas más álgidos en la discusión de la reforma fiscal en el Congreso. En la Comisión Especial, Welmer Ramos, del PAC, votó a favor de mantener el beneficio bajo el argumento de que eliminarlo podría generar roces de constitucionalidad para la reforma fiscal.

Ya en el plenario y durante la votación de mociones de reiteración, cinco fracciones votaron en contra de la propuesta que pretendía eliminar el enganche salarial de los médicos.

“El desenganche médico, eso fue una norma, de alguna manera excesiva. En un momento de austeridad como el que estamos actualmente no es bien vista, no es permitida, no podemos aguantarla”, Erwen Masís, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Pedro Muñoz, diputado del PUSC, fue el impulsor de la moción para quitar el enganche médico, pero finalmente la mayoría de los diputados la desecharon por miedo a que tuviera un error técnico o de coherencia con el objetivo final de la reforma fiscal, lo cual podría generar que el proyecto se cayera en la Sala Constitucional.

Ahora las bancadas legislativas trabajan en un nuevo proyecto para eliminar el enganche de los médicos que está estipulado en la Ley de Incentivos Salariales para los profesionales en Ciencias de la Salud.

5- Transferencias con destinos específicos

La regla fiscal que incluye el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas generó dudas y temores por parte de algunas instituciones públicas y universidades sobre la continuidad de algunas transferencias con destinos específicos en el futuro.

La regla fiscal permite al Gobierno limitar la asignación de recursos en función del nivel de deuda y del crecimiento económico del país.

Las universidades públicas pidieron seguridad sobre los recursos que necesitan para desarrollar algunos proyectos específicos en el futuro.

Los diputados de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional y Acción Ciudadana firmaron un acuerdo para crear un proyecto de ley que garantice contenido presupuestario para las transferencias con destinos específicos.

“El texto de trasferencias todavía no está listo. Es una forma de garantizar que pese a los mecanismos que se van a establecer con respecto a las transferencias con destinos específicos y otras, no afecte negativamente en el caso de las universidades, el suministro de recursos para las sedes regionales”, comentó Carlos Ricardo Benavides.

La reforma fiscal ya establece que en caso de que se aplique la regla fiscal, el Gobierno no podrá presupuestar menos dinero que el año anterior para asignarlo a cada institución o partida específica.